La Fiscalía de la Audiencia Nacional estima que ascienden a unas 250 las víctimas de los diferentes tipos de estafa utilizados presuntamente por la organización criminal liderada por el empresario de origen libanés Mohamed Derbah en el Sur de Tenerife entre mediados de los años 90 y el 2001, cuando se llevó a cabo la detención de los investigados.
Muchas de las personas afectadas por estos engaños son turistas procedentes de diferentes países europeos, algunos de ellos jubilados, que cayeron en las trampas tendidas presuntamente por el grupo y perdieron parte de sus ahorros en productos como la multipropiedad (time-sharing), los paquetes de vacaciones, el cash-back o el telemárketing.
La mayoría de los perjudicados procede del Reino Unido o de Alemania, que abonaron sus cantidades en libras esterlinas o en marcos alemanes. Pero los investigadores también han encontrado a ciudadanos belgas, suecos, finlandeses, franceses, austríacos, españoles, italianos o suizos, que pagaron en las monedas de sus respectivos países (francos belgas, coronas, marcos finlandeses, francos, chelines, pesetas, liras o francos suizos).
Hay que recordar que tanto estos supuestos delitos como la explotación de la primera fase de la denominada operación Cedro se desarrollaron antes de que entrara en vigor el euro como moneda común en toda la Unión Europea, en enero del 2002. No obstante, son varios los contratos que se abonaron con esta moneda.
El juicio
Por estos fraudes, junto a los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, amenazas, cohecho (soborno), revelación de secretos, abandono de la obligación de perseguir delitos, o la tenencia ilícita de armas, se juzga en la Audiencia Nacional desde la semana pasada al propio Mohamed Derbah, a sus dos hermanos (Hussein y Hatem), a varios testaferros más, a un padre y su hija, al director de una sucursal bancaria y a un mando de la Guardia Civil que está jubilado desde hace años.
Gracias a los registros en los locales de la organización criminal y a la documentación aportada por el procesado en situación de rebeldía (no ha sido localizado), la acusación pública considera que las personas afectadas ascienden, de forma concreta, a 246 en total.
Una de las presuntas estafas que, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, utilizaba la organización de Derbah se llama telemárketing. Este sistema consistía, en primer lugar, en conseguir listas de propietarios de semanas de multipropiedad, así como sus teléfonos, después de pagar una determinada cantidad de dinero a quien tenía dicha información.
La reventa
Según el planteamiento del fiscal, trabajadores llamaban a los dueños de apartamentos de time-sharing y les ofrecían la posibilidad de buscar un comprador para su producto.
Los impulsores de esta idea eran conscientes de que la semana de vacaciones sólo suponía a sus propietarios una serie de cargas económicas anuales, por lo que la oferta solía ser muy apetecible y tentadora para las potenciales víctimas.
Y, a cambio de esa hipotética reventa, se les obligaba presuntamente a pagar una cantidad que oscilaba entre las 100.000 y las 200.000 pesetas; es decir, entre los 601,1 y los 1.202,02 euros.
Pérdida de dinero
Sin embargo, después de desembolsar la suma, los afectados no volvían a saber nada de la empresa revendedora y no obtenían nada del dinero depositado.
Los investigadores de la Policía Nacional consideran que las empresas de telemárketing estaban dirigidas de manera directa por uno de los procesados y los beneficios obtenidos eran ingresados en cuentas bancarias que se hallaban a nombre de la compañera sentimental de dicho hombre.
Elevados intereses falsos
Otro modus operandi para apropiarse presuntamente del dinero de centenares de turistas que pasaban sus vacaciones en el Sur de la Isla era el llamado cash back. La estafa consistía en que los perjudicados daban una determinada cantidad de dinero en cuentas bancarias de la banda de Mohamed Derbah, con la promesa de que se lo devolverían tres años después con un interés muy superior al del mercado.
Sin embargo, cuando pasaban los 36 meses, la víctima presuntamente no recibía nada y la organización supuestamente se quedaba con todo el depósito. Los investigadores creen que así el grupo pudo apoderarse de varios millones de libras esterlinas de ciudadanos británicos, así como de fondos de numerosas personas de otras nacionalidades.
Paquetes de vacaciones
Pero la principal actividad delictiva, según la acusación pública, era la venta de paquetes de vacaciones, que consiste en el uso durante una o varias semanas al año de un apartamento u hotel en zonas turísticas de varias partes del mundo.
Pero ni existían los apartamentos ni los hoteles ofrecidos en otros destinos idílicos del planeta, ni los descuentos en vuelos o alquiler de coches. Los únicos inmuebles disponibles estaban en Tenerife y no eran suficientes para atender la demanda de compradores.
Si el cliente insistía, debía pagar un dinero extra, pues ya no le valía lo que había pagado. Y, con el paso del tiempo, le ponían tantas trabas, que terminaba por desistir en la defensa de sus derechos.
Estas prácticas son un ejemplo de cómo algunas personas presuntamente trataban a los turistas en el Sur de la Isla hace 25 años.
Los avisos del sargento de operaciones abiertas
El planteamiento del Ministerio Público es que un sargento de la Guardia Civil destinado en la Compañía de Playa de las Américas (Arona) presuntamente fue captado por uno de los procesados para que facilitara información reservada a la organización liderada por Mohamed Derbah sobre operaciones policiales en curso que pudieran afectar al mencionado grupo. En una ocasión, presuntamente se puso a disposición del citado empresario de origen libanés la ficha en la que constaban los antecedentes del investigado que hoy está declarado en rebeldía. Sobre este último se dictó una orden de búsqueda, detención y personación, que, en la práctica, implica que cualquier agente o mando de un cuerpo de seguridad debe proceder al arresto u ordenar el mismo si localiza a la persona en cuestión. Y, cuando la medida judicial todavía estaba en vigor, el mando de la Guardia Civil presuntamente se reunió en un despacho con el hombre y con otro de los implicados, sin proceder a la detención del primero y su puesta a disposición del juzgado que lo requería, según expone la acusación pública. El escrito de calificación de la Fiscalía recoge que a dicho funcionario del Instituto Armado la banda presuntamente le pagó una factura de 511.500 pesetas (3.074 euros) y otra de 185.600 pesetas (1.115,5 euros) por la compra de electrodomésticos para su domicilio.
