La Comisión Europea está al corriente de la ley aprobada por el Gobierno español de poner en marcha un proceso de regularización del que podrían beneficiarse alrededor de medio millón de personas migrantes que residen en España de manera irregular, pero el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha evitado valorar una medida que es responsabilidad de los Gobiernos nacionales.
«Estamos al tanto de la nueva ley aprobada en España, así como de las decisiones y políticas para regularizar la situación de los nacionales de terceros países en situación irregular», ha dicho el comisario europeo de Interior y Migración. Brunner ha evitado entrar a valorar la legalidad o la adecuación de la medida con la visión de Bruselas de la política migratoria, al entender que la decisión «es responsabilidad de los Estados miembros».
«Nuestra labor es prevenir, hacer todo lo posible para luchar contra la migración ilegal«, ha dicho Brunner, matizando que la decisión de España es diferente, al tratarse de personas que ya residen en territorio comunitario, aunque hayan llegado de manera irregular. «Es competencia de los Estados miembros decidir qué quieren hacer y cómo abordar la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan sus países, y eso es lo que España está haciendo», ha explicado el comisario.
Lo ha hecho durante una rueda de prensa en la que la Comisión Europea ha presentado su nueva estrategia de migración y asilo, además de una propuesta para reformar su política de visados. El objetivo es, precisamente, continuar endureciendo las políticas migratorias para frenar la llegada de personas de manera irregular y abrir nuevas vías de llegada legales. «La lucha contra la migración ilegal es la base de los próximos pasos», ha dicho Brunner, añadiendo que la política de visados es «una herramienta muy poderosa» que la UE debe usar en su favor.
La estrategia llega apenas unos días después de que el Gobierno haya aprobado una ley que permitirá regularizar la situación de alrededor de medio millón de personas migrantes que hayan residido en España, de manera irregular pero continuada, durante al menos cinco meses y no tengan antecedentes ni representen una amenaza para la sociedad. El objetivo es facilitar la integración de estos ciudadanos en la sociedad y en el mercado laboral.
Críticas del PP
El Partido Popular, que ha sido muy crítico con la medida, ha presentado una pregunta parlamentaria en la que cuestiona la legalidad de la medida en el marco comunitario. En particular, los populares alegan que la regularización tiene «consecuencias que trascienden el ámbito nacional y afectan al conjunto de la Unión Europea». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también pondrá sobre la mesa la cuestión durante una reunión de líderes populares en Zagreb (Croacia) este fin de semana, en la que participa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El comisario europeo de Migración, también popular, ha explicado que aunque «debemos distinguir entre legal e ilegal», ambas categorías están a menudo relacionadas. Brunner ha añadido que es competencia de los gobiernos nacionales determinar vías legales para la migración regular que permitan hacer frente a las necesidades, por ejemplo, de mano de obra que tienen muchos países. De hecho, la estrategia presentada este jueves por la Comisión «trata de allanar el camino para que los Estados miembros introduzcan también vías legales», ha explicado el comisario.
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