Antes de que el juez de Tarragona Rubén Rus decidiera este miércoles prorrogar por seis meses la investigación del caso Montoro y acordar nuevas diligencias — entre ellas la de analizar los bienes del exministro de Hacienda del PP y su mujer– dio oportunidad a las defensas para pronunciarse al respecto. En su escrito, el abogado Javier Gómez-Ferrer acusa al instructor de vulnerar la jurisprudencia del Supremo, que señala que la ampliación de las pesquisas «jamás podrá ser utilizada para justificar la inactividad jurisdiccional tensionando la presunción de inocencia del investigado y extendiendo su inquietud ante la eventual respuesta penal hasta límites intolerables para una sociedad democrática».
Lo argumenta porque la causa se empezó a investigar en secreto en agosto de 2018, y tampoco ha avanzado mucho desde que este secreto se levantó el pasado mes de junio.
«Pese a que alguna de las acusaciones populares, con más sentido del humor que el deseable en un procedimiento de esta naturaleza, ha calificado esta instrucción como embrionaria, lo cierto es que han pasado más de siete años, desde que se acordó la incoación del presente procedimiento«, señala, para añadir que desde que en junio de 2025 se levantó dicho secreto y se imputó formalmente a Cristóbal Montoro tampoco se ha desplegado «ninguna actividad investigadora por parte de la fuerza instructora».
Pese a la oposición de Montoro, el juez ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se requiera a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados, entre los que figura el exministro Cristóbal Montoro, y de sus cónyuges. El magistrado ha acordado librar los mandamientos necesarios para recopilar esta información, que también afecta a excargos de Hacienda y a otras personas vinculadas al despacho fundado por el exdirigente del partido Popular, antes denominado Equipo Económico.
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