Llegan cambios en la relación entre los bancos y sus clientes. Desde siempre, esta relación ha estado marcada por la normalización del crédito como herramienta cotidiana. Y es que, las tarjetas de crédito son uno de los instrumentos financieros más extendidos. Su uso se ha visto impulsado por la digitalización, la inmediatez de los pagos y una oferta cada vez más amplia de productos vinculados al gasto aplazado, que han convertido el crédito en algo casi invisible dentro de la economía doméstica.
En ese contexto, las entidades financieras han desarrollado estrategias comerciales basadas en la facilidad de acceso a la financiación. Ofertas integradas en paquetes bancarios, promociones ligadas a la fidelización del cliente y propuestas de crédito “listas para usar” han sido prácticas habituales. Para muchos usuarios, el límite entre una oferta informativa y la activación real de un producto no siempre ha sido claro, especialmente cuando las condiciones se modificaban sin una petición expresa por parte del titular de la cuenta.
Ley sobre Crédito al Consumo
A partir de ese punto, el Gobierno ha decidido intervenir de forma directa en este ámbito. El anteproyecto de Ley sobre Crédito al Consumo aprobado por el Ejecutivo establece de manera expresa que la banca no podrá expedir tarjetas de crédito que no hayan sido solicitadas previamente por el cliente ni ampliar las líneas de financiación existentes sin su consentimiento expreso. El texto legal es contundente al señalar que “se prohíbe toda concesión de crédito a los consumidores que no hayan solicitado previamente y sin su consentimiento expreso”, una formulación que busca cerrar cualquier resquicio a prácticas unilaterales por parte de las entidades.
El Gobierno prohíbe a los bancos emitir tarjetas de crédito y ampliar límites sin solicitud del cliente / Nielsen / Europa Press
La medida pretende poner fin a una dinámica que se ha repetido durante años en el sector financiero. La ampliación automática de límites en tarjetas ya existentes o la activación de nuevas líneas de crédito sin una petición previa formaban parte de una operativa extendida, muchas veces ligada a campañas comerciales o a promociones internas. Aunque la Ley de Servicios de Pagos ya obligaba a las entidades a abstenerse de enviar instrumentos de pago no solicitados, salvo en casos de renovación, el nuevo marco normativo amplía el foco y se centra también en impedir el incremento unilateral del crédito disponible.
Desde el Ministerio de Economía se ha subrayado que la prohibición no supone un veto a la actividad comercial de las entidades. Las ofertas de financiación seguirán siendo posibles, siempre que no se traduzcan en una concesión efectiva sin la aceptación del consumidor. En este sentido, el propio departamento aclara que la norma no debe impedir que los prestamistas anuncien u ofrezcan créditos en el marco de una relación comercial, pero sí que estos se activen sin que el cliente haya manifestado de forma expresa su conformidad.
Regulación de la financiación al consumo
El anteproyecto va más allá de las tarjetas de crédito y plantea una regulación integral de la financiación al consumo. La norma transpone dos directivas europeas y abarca desde préstamos personales y microcréditos hasta pagos fraccionados y créditos rápidos, incorporando por primera vez los modelos conocidos como buy now, pay later. Entre los elementos más destacados figura la fijación de límites al coste del dinero para frenar prácticas consideradas usurarias, con especial incidencia en las tarjetas revolving, tradicionalmente asociadas a los precios más elevados del mercado.
Además, la futura ley introduce topes al coste de los descubiertos, refuerza las obligaciones de transparencia y extiende la supervisión del Banco de España a todas las empresas que concedan crédito al consumo, incluidas plataformas digitales. También establece que las compañías que quieran ofrecer financiación para impulsar sus ventas deberán hacerlo a través de intermediarios financieros regulados o, en caso contrario, no podrán aplicar intereses.
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