La regularización masiva de inmigrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros, tras el pacto alcanzado entre el Gobierno y Podemos, está previsto que legalice el estatus de hasta medio millón de personas que puedan acreditar haber llegado a España antes de finales de 2025. El objetivo, según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, es «garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente».
España utiliza este mecanismo para regularizar a trabajadores extranjeros en situación irregular en varias ocasiones desde la instauración de la democracia; la última vez fue en 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Otros países de Europa, como Italia, también han echado mano de este tipo de procesos de legalización masivos, aunque no es para nada una medida recurrente.
Esto es lo que ocurre en Francia, Italia, Alemania y Reino Unido:
Francia, a diferencia de España, se encuentra en un contexto distinto respecto a la regularización de la inmigración. Actualmente, la política instaurada en el país es reducir significativamente la entrada de migrantes, mediante el endurecimiento de las condiciones para obtener el permiso de residencia, conocido como ‘titre de séjour’. Entre 2024 y 2025, los permisos cayeron un 42%, después de elevar el requisito mínimo de estancia en el país de cinco a siete años, y añadir pruebas cívicas y de idioma. A esto se suma, el endurecimiento de las medidas de expulsión para aquellos en situación irregular; solo el último año, las detenciones aumentaron un 30%.
Mientras el Gobierno francés invierte en aplicar más barreras migratorias, un estudio reciente del INSEE arroja luz sobre el valor añadido de la población migrante al mercado laboral en Francia; las personas nacidas fuera de la Unión Europea representaron más de una cuarta parte de la creación de empleo entre 2019 y 2024, muchos en profesiones cualificadas, como las sanitarias. Según el informe, esto se debe, principalmente, a la mejora de su integración en el ámbito laboral y al cambio demográfico que arrastra el país desde hace años. Asimismo, durante este período, el 15% de la disminución de la tasa de desempleo se atribuyó a los inmigrantes.
Debido al envejecimiento de la población y a la necesidad de soportar su sistema social, según una investigación de Terra Nova Think Tank, Francia necesitaría incorporar cerca de 310.000 trabajadores inmigrantes al año para equilibrar una situación demográfica crítica, puesto que por primera vez desde 1942, el país registró este año más muertes (651.000) que nacimientos (645.000).
La política del Gobierno de Giorgia Meloni en materia de regularización de inmigrantes ha sido hasta ahora, como mínimo, errática. Mientras dirigentes de la coalición gobernante mantienen una retórica abiertamente hostil hacia la inmigración, el Ejecutivo italiano ha aprobado en paralelo sucesivas ampliaciones de los visados de trabajo destinados a ciudadanos extracomunitarios.
La primera de estas regularizaciones se aprobó en 2023, cuando el Gobierno de Meloni autorizó la concesión de 450.000 permisos de trabajo hasta 2025. A esta le siguió una segunda medida, aprobada el año pasado, que dio luz verde a otro medio millón de permisos hasta 2028. Se trata de cifras muy superiores a las de años anteriores: 70.000 en 2021, cuando Meloni aún no estaba en el poder, y 75.700 en 2022, año en que ganó las elecciones en septiembre.
Sobre el papel, el aumento es significativo. Sin embargo, en la práctica, las trabas burocráticas han reducido drásticamente el impacto de estas medidas. Según datos de organizaciones de defensa de los migrantes como Ero Straniero (Era Extranjero), solo una pequeña parte de personas presentaron efectivamente su solicitud y una parte aún más pequeña tuvo éxito en la aprobación de su trámite. En concreto, de las 127.707 y 119.890 solicitudes presentadas en 2023 y 2024 —los últimos datos disponibles—, apenas se aprobaron unas 39.000 (el 12%) y 16.100 (el 7%), respectivamente.
En Alemania no hay precedentes recientes de regularizaciones colectivas en las dimensiones que se han producido en países del sur de Europa. Los inmigrantes que ingresan en el país irregularmente pueden obtener el permiso de residencia, inicialmente temporal, a través de procedimientos individuales muy estrictos, cuya resolución pueden llevar años.
El camino hacia la legalidad pasa por superar un periodo, que puede ser asimismo de varios años, en que viven en Alemania en régimen de ‘tolerancia’. Se trata principalmente de personas que, habiendo ingresado como solicitantes de asilo, han visto rechazada esa petición, pero no pueden ser expulsados a sus países de origen por razones humanitarias o porque su vida o integridad física corre peligro, en caso de deportación.
En la gran crisis migratoria de 2015, Alemania recibió cerca de un millón de solicitantes de asilo, que tramitaron su petición desde los centros de primera acogida a los que fueron asignados. De ellos, entre 150.000 y 400.000 se quedaron en el país pese a que vieron denegada su petición. Aproximadamente un tercio logró luego el permiso de residencia tras ese periodo en situación de tolerancia.
Diez años antes sí hubo una regularización más o menos general. Afectó a unas 50.000 personas, que lograron su permiso de residencia tras años en el país y tras demostrarse que cumplían con una serie de criterios como arraigo familiar y con perspectivas de integración social y laboral en Alemania.
En 2023 se introdujo una regulación que permitía obtener el permiso de residencia durante 18 meses tras cinco años en el país régimen de tolerancia. Transcurrido ese periodo de año y medio, se podía acceder al permiso de residencia indefinido tras superar los cursos de integración, demostrar un determinado nivel del idioma alemán y capacidad para vivir por sus propios medios. Esta cláusula era de carácter temporal y expiró en diciembre de 2025.
El Reino Unido nunca ha implementado un programa de regularización masiva de inmigrantes, aunque sí ha habido peticiones para llevarlo a cabo. La más reciente, apoyada por más de 100.000 firmas, se presentó en el Parlamento británico en 2021 con el objetivo de mejorar el acceso a servicios básicos de las personas indocumentadas, uno de los sectores de la población más golpeados por la pandemia. El entonces Gobierno conservador tumbó la petición argumentando que «recompensaba indebidamente a quienes no han cumplido con la legislación» en esta materia.
Desde 2012 el Reino Unido ha implementado una política conocida como ‘hostile environment’ (ambiente hostil), destinada a dificultar todavía más la permanencia en el país a las personas indocumentadas. Entre las principales limitaciones actuales, está la imposibilidad de trabajar legalmente, alquilar propiedades, abrir cuentas bancarias o acceder a prestaciones sociales y a servicios públicos.
En general, los procesos de regularización en el Reino Unido se estudian caso por caso y suelen ser muy restrictivos. Una de las pocas vías para poder optar a un permiso de residencia es demostrar haber residido en el país durante un periodo de 20 años. Una vez cumplido este plazo, las personas en situación irregular pueden optar a un permiso de residencia temporal que se revisa cada 30 meses. Sólo cuando hayan pasado 10 años con este permiso pueden solicitar la residencia permanente.
El Gobierno británico sí ha aprobado programas específicos para acelerar la tramitación de solicitudes de asilo en algunos casos concretos —incluidos el de los refugiados ucranianos o el de los exiliados de Hong Kong— y también para regularizar la situación de determinados grupos, entre ellos los afectados por el escándalo de Windrush, que afectó al estatus legal de miles de inmigrantes procedentes de las antiguas colonias británicas en el Caribe.
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