«Cada día recorro 35 kilómetros desde Castalla hasta Alicante para trabajar y ya no me queda dinero para la gasolina», lamenta Jorge, uno de los trabajadores de un centro de mayores de la ciudad que lleva sin cobrar desde noviembre y al que la Conselleria de Bienestar Social le adeuda también otras pagas de tres meses. Él ha tratado de que el banco le adelante el pago de la nómina, como le recomendó el departamento autonómico, pero sin ningún éxito, le han ofrecido un crédito con intereses. Otras empleadas, algunas, madres solteras, han asegurado que han llegado a donar óvulos para poder pagar sus préstamos.
Como ellos, hay unos 130 afectados de nueve centros de menores, discapacidad y de personas mayores, según las estimaciones de los sindicatos, repartidos entre Alicante, Torrevieja, Alcoy, Dénia o Villena (CAMP Santa Faz, Peña Rubia, Torrevieja, Juan XXIII, La Florida, Pintor Sala, Mariola, Alacant y Les Rotes). Las cantidades pendientes de cobrar oscilan entre los 1.000 y los 4.000 euros por trabajador. En algunos casos, personal eventual que realiza sustituciones por vacaciones y bajas asegura llevar sin cobrar desde agosto. La mayoría son técnicos de integración social, pero también hay celadores.
Este miércoles, un grupo de afectados de diferentes puntos de la provincia, junto con representantes sindicales, volvieron a protestar a las puertas de la Residencia de Personas con Discapacidad Santa Faz para tratar de acabar con esta insostenible situación. El enfado y la impotencia eran palpables. «Va a haber un momento en el que no tengamos dinero para gasolina y no podamos ir a trabajar, de momento estamos cumpliendo porque no queremos dejar sin servicio a los usuarios», apuntó otro de los trabajadores.
Trabajadores de la residencia de Santa Faz han denunciado la presencia de ratas en las instalaciones / Pilar Cortés
Agresiones y ratas
Además de los impagos, de los problemas para cubrir las vacantes y de la falta de personal, otras empleadas denunciaron que hay trabajadoras que están sin dar de alta en la Seguridad Social y que después de trabajar 21 días, les llegan a dar el alta, junto al cese.
Junto a estos problemas, especialistas en integración social del CAMP Santa Faz exigieron el cobro del plus de peligrosidad, al tratar a diario con usuarios con diversidad funcional grave, que presentan agresividad. «Llegamos a tener un centenar de partes de agresiones al mes, por arañazos, mordiscos…», advirtió una de las afectadas.
Desde este centro, empleados también alertaron de la presencia de ratas, un problema detectado en distintos puntos de la ciudad, que han llegado a colarse en las habitaciones de los usuarios, hasta el punto de haber encontrado excrementos en las mesitas de noche. De hecho, en la protesta más de uno llevó una pancarta exigiendo un control de plagas, porque también aseguran que hay cucarachas.
Aitana Mas, portavoz adjunta de Compromís en las Cortes, junto a los afectados por los impagos / Pilar Cortés
Reunión con Compromís
Aitana Mas, portavoz adjunta de las Cortes y exconsellera de Servicios Sociales y Cesc Roig, portavoz de Servicios Sociales de Compromís acompañaron a los afectados durante la tensa protesta de este miércoles y se comprometieron a pedir explicaciones al Consell, además de acusar al PP de querer «que se derrumben los centros para poder dárselos a las empresas privadas para que los exploten y para que puedan ser privatizados como con los hospitales».
Aitana Mas recriminó lo «muchísimo que nos costó al Gobierno del Botánico durante ocho años, dignificar estos Servicios Sociales» y aseguró que «solo en el 2024 el Partido Popular dejó de ejecutar 165 millones de euros que venían de Europa para arreglar residencias».
Mas también advirtió que durante el último año de legislatura firmaron una homologación salarial para que estas personas pudieran tener unas condiciones laborales y salariales mucho mejores de las que tienen y fue un papel que rompieron, nada más entrar y cambiaron también las condiciones en el decreto de tipologías».
En paralelo, los socialistas también trasladarán el asunto al plano parlamentario, tal y como se comprometieron con los trabajadores este martes. Igualmente, desde el PSPV se vincula el problema a la gestión del Consell y se apunta a una estrategia para debilitar los servicios sociales públicos y favorecer la privatización, una tesis que el Gobierno autonómico no comparte y que enmarca en incidencias administrativas y de tramitación.
UGT, CC OO, CSIF e Intersindical han anunciado una movilización conjunta para el próximo 5 de febrero en la Rambla de Alicante con el objetivo de dar visibilidad esta problemática.
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