Stop Killing Games ha pasado de ser una campaña nacida al calor de los cierres de servidores a convertirse en un asunto incómodo para parte del sector en el marco institucional europeo. La Iniciativa Ciudadana registrada como Stop Destroying Videogames ha superado el millón de apoyos en 2025 y tras el proceso de validación, ha cerrado con 1.294.188 firmas verificadas. Con ese resultado, la Comisión Europea debe recibir a los organizadores y responder de forma oficial.
La cifra tiene implicaciones más allá del volumen de apoyos. La propuesta se centra en una situación habitual en el mercado actual, la clausura de títulos que dependen de servidores y que, cuando el editor apaga la infraestructura, dejan de funcionar total o parcialmente pese a haberse vendido. La iniciativa no reclama mantener servicios activos de manera indefinida. Plantea, en cambio, que exista una salida razonable cuando termina el soporte, por ejemplo, permitir que el juego siga siendo ejecutable sin servidores oficiales o facilitar servidores gestionados por terceros.
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Recuento validado
Durante el pasado año, Stop Destroying Videogames rebasó el umbral exigido por las autoridades y sumó adhesiones en varios países, señalando un salto de fase dentro del procedimiento europeo. A finales de enero de 2026 se conoció el dato más relevante en esta fase, el número de firmas verificadas. Según el recuento difundido por medios especializados, el balance final fue de 1.294.188 verificadas sobre 1.448.270 recogidas. Moritz Katzner, colaborador vinculado al proceso, señaló que el plan inicial pasaba por esperar a una fase posterior para mostrar la cifra, aunque finalmente decidieron publicarla antes.
Reacciones en el sector
La tramitación del expediente ha llevado a varias figuras del sector a pronunciarse con distintas interpretaciones. En una reciente entrevista, Randy Pitchford, responsable de Gearbox, abordó el asunto desde una perspectiva general y aunque admite que con el tiempo también ha visto desaparecer juegos mostrándose comprensivo con la preservación, también subraya la tensión entre un servicio online y la idea de que no tenga final.
Las respuestas apuntan a posiciones distintas. Una parte de la industria atribuye el apagado a costes, infraestructura y al propio modelo de juego conectado. La campaña argumenta que, para el comprador, la cuestión es más básica y el fin del soporte no debería convertirlo en inservible sin una alternativa razonable.
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La evolución de la iniciativa en Bruselas
Confirmada la validez, el procedimiento entra en su fase institucional. La Comisión Europea debe reunirse con los organizadores y después, se celebra una audiencia pública en el Parlamento Europeo. A continuación, la Comisión publica su posición y explica si plantea medidas o si decide no actuar, con sus argumentos.
Aunque la respuesta de la Comisión Europea todavía no se ha producido, Stop Killing Games ya ha logrado trasladar este asunto al ámbito institucional. No obstante, la cuestión sigue siendo la misma. Qué compra el jugador cuando paga por un título dependiente de servidores y qué debería ocurrir cuando el editor apaga la infraestructura.
