El Consejo de Ministros ha aprobado este martes las condiciones de la nueva licitación de las pulseras antimaltrato, que incorpora «mejoras para que el servicio sea más seguro para las víctimas y la sociedad española», según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. La nueva contratación incluye varias de las peticiones efectuadas por las víctimas después de que el pasado septiembre la fiscalía destapara que un fallo en el traspaso de datos entre la antigua adjudicataria, Telefónica, y la actual, Vodafone, provocó que durante unos meses no se pudiera corroborar, en los juzgados, si los agresores habían transgredido las órdenes de alejamiento.
El aviso volvió a poner de manifiesto que los dispositivos de control telemático de los agresores sufren errores periódicos, que se incrementaron en 2025, por lo que el PP pidió la dimisión de la ministra. Redondo no cedió a la presión y puso en marcha dos auditorías, una interna y otra externa, para conocer a fondo los fallos y exigir posibles explicaciones a la empresa adjudicatoria. Y ahora, varias de las mejoras propuestas por ambas investigaciones, se han incorporado también a la licitación, dado que el contrato actual finaliza en mayo.
«Fuimos conscientes de que había que mejorar el contrato y eso es lo que hacemos, incorporando mejoras para permitir un servicio más eficaz y eficiente porque la tecnología puede fallar, pero no la respuesta de un Gobierno responsable», ha indicado Redondo.
Para empezar, el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros contempla un incremento presupuestario de 50 a 71 millones, ampliables a 111 millones, si el contrato, en un inicio por 36 meses, se amplía dos años más. Además, en los dispositivos se incorporan «mejoras importantes», a juicio de la ministra. En primer lugar, se incrementa el número de aparatos a adquirir hasta un total de 17.660; con el fin de tener un stock mínimo de 2.000 dispositivos libres para su instalación en cualquier punto del territorio nacional en menos de 24 horas. El stock garantiza también el mantenimiento o sustitución de dispositivos en menos de 24 horas y se exige a la empresa que resulte adjudicataria la reparación de cualquiera que se haya manipulado, roto o averiado en un máximo de tres meses.
Tobilleros y menos manipulables
Asimismo, el contrato introduce la posibilidad de la compra por separado de los elementos de los que consta un kit de dispositivos (teléfonos móviles, tobillera, cargadores, etc.), para adecuar el volumen de compra a la realidad de pérdidas, manipulaciones y roturas de cada uno de estos elementos, según se vayan produciendo.
El contrato realiza además ajustes en las características para asegurar que los dispositivos sean en su mayoría tobilleros, en vez de brazaletes, para dificultar que sean manipulados por los agresores. Asimismo, se prevé la implantación de material antivandálico, la mejora en su resistencia al agua y sensores de movimiento o de temperatura corporal. A su vez, tanto la tobillera como el teléfono móvil que completa el sistema del inculpado deberá disponer de una tarjeta electrónica eSIM que no pueda ser extraída, y contarán con pantallas de cristal reforzado.
Al mismo tiempo, se añadirá un sistema que generará una alerta adicional a las ya activas de proximidad, basada en detección directa entre el dispositivo electrónico del inculpado y la víctima, vía bluetooth, que se cursará como una alerta más. Este aviso adicional responde a que, en ocasiones, los dispositivos dan falsas alarmas y el agresor no se ha acerdado a la víctima pero, aún así, el móvil de la víctima suena.
Además, las tobilleras contarán con geoposicionamientos de manera autónoma, con lo cual, se tendrá al agresor localizado incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio. A ello se unirán baterías recargables de mayor capacidad o mejoras en la seguridad criptográfica para que los dispositivos de la víctima y el maltratador estén permanentemente relacionados y que no se pueda romper esa relación. Se incorporarán igualmente mecanismos de seguridad para evitar la simulación, el falseamiento o manipulación de los datos que se envían desde los dispositivos al Centro de monitorización y control de la Sala Cometa, que supervisa todo el sistema.
Idioma y más personal
Por otro lado, el nuevo contrato contempla medidas de mejora en la operación, como la exigencia de incorporar a la oferta técnica un plan de transición detallado en respuesta a los requerimientos de la Delegación del Gobierno, del envío de un plan de devolución al final del contrato o nuevas funcionalidades en la plataforma para garantizar que el personal de la Sala Cometa tenga toda la información cómodamente a su alcance.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género contará además con una aplicación de consulta de datos del servicio en tiempo real a su disposición y se consolidará un sistema de comunicaciones con el Ministerio de Igualdad para garantizar el acceso a otros sistemas como VioGén o Lexnet, entre otros, asegurando la interoperabilidad y la automatización del envío de la información y con ello reforzando la protección a las víctimas.
Los dispositivos, junto a lo ya señalado, contarán con configuración individualizada de idioma y se atenderá a las víctimas, a ser posible, sin la intervención de interpretación automática. El contrato incluye por primera vez un número 900 adicional exclusivo para la comunicación de las víctimas con Cometa, y dos puestos de especialistas en psicología para llamadas de víctimas que requieran una atención especializada.
Por otro lado, se elaborará un exhaustivo sistema de seguimiento y control de calidad para garantizar el funcionamiento de todos los subservicios que integran el servicio, así como un plan de contingencia detallado para el caso en el que se produzcan caídas del cualquiera de los elementos del sistema.
Nuevos responsables
En cuanto a personal, cabe destacarse que se creará la figura del responsable coordinador o coordinadora del servicio de suministros, gestión y mantenimiento de los dispositivos, que controlará el stock de cada uno de los elementos que conforman los kits de los dispositivos. Se pasará de uno a dos responsables coordinadores de la Sala Cometa, se creará un puesto de responsable del Servicio de desarrollo y mantenimiento de software y otro de responsable del Servicio de infraestructuras, procesamiento de datos y almacenamiento.
Junto a lo mencionado, la Sala tendrá un coordinador o coordinadora jurídico, dos asesoras o asesores jurídicos, los dos puestos ya mencionados para atención psicológica y se aumentarán a tres los puestos de coordinación y supervisión de los turnos de Cometa. En definitiva, se pasará de exigir un mínimo de 151 personas en sala.
La adjudicataria, de su lado, deberá mantener el nivel mínimo de stock de cada uno de los elementos que conforman el sistema o kit de dispositivos y remitir los partes de intervención a los órganos judiciales, fiscalías y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un plazo de 24 horas. Se reducirán los tiempos para la notificación y resolución de incidencias técnicas graves, se elevarán los requisitos de disponibilidad del servicio, se incluirán tareas de mantenimiento programado. Además, se clarifican los mecanismos necesarios para que el incumplimiento de estos acuerdos de nivel de servicio dé lugar a las penalidades establecidas en el pliego.
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