La presidenta de la Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL), Beatriz Salazar, aseguró ayer que “la productividad se ha convertido en uno de los grandes retos estructurales de la economía canaria”. Un desafío que condiciona la competitividad de las empresas, el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad. “Sin embargo, el debate público sigue centrado casi exclusivamente en el papel de las empresas y de los trabajadores, olvidando un tercer factor clave: el funcionamiento de la Administración pública”, informó.
Salazar insiste en que la mejora de la productividad no puede recaer solo sobre el esfuerzo del tejido empresarial o la capacitación de los trabajadores. Existe una “tercera pata”, tan determinante como poco visible, que tiene que ver con la agilidad administrativa, la seguridad jurídica y la simplificación de los procedimientos públicos.
“La productividad no se puede entender solo desde la perspectiva empresarial o laboral. La Administración tiene una responsabilidad directa en generar un entorno favorable para que las empresas puedan invertir, innovar y crecer”, afirma la presidenta, Beatriz Salazar.
Tal y como explica la presidenta, las trabas burocráticas, los retrasos en la concesión de licencias, la complejidad normativa y la falta de coordinación entre administraciones se han convertido en auténticos frenos a la actividad económica. “Estos obstáculos no solo encarecen los proyectos, sino que generan incertidumbre, retrasan inversiones y reducen la capacidad de las empresas para planificar con garantías”, denunció. “Hay proyectos que tardan meses o incluso años en tener una licencia. Esa lentitud no solo desanima a las empresas, sino que resta competitividad a toda la Isla. No podemos permitir que la burocracia sea un muro que frene el desarrollo de Lanzarote”, subraya Salazar.
Por ese motivo, mejorar la productividad en Canarias pasa necesariamente por modernizar la Administración pública, dotarla de más medios, avanzar en la digitalización real de los procedimientos y, sobre todo, simplificar procesos que hoy resultan innecesariamente largos y complejos.
“Una Administración ágil no es un privilegio del sector privado, es una necesidad de toda la sociedad. Cuando una inversión se retrasa, no pierde solo la empresa: pierde el territorio, pierde el empleo y pierde la ciudadanía”, concluye la presidenta de la CEL.
