El pasado martes 20 de enero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, resolvió, según fuentes consultadas, que el Partido Popular estaba demasiado callado y que ella no secundaría esa orientación. Pero en lugar de irrumpir como en otras ocasiones, de manera intempestiva, habida cuenta del trabajo en curso de búsqueda de víctimas mortales, la presidenta, asesorada como siempre por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, trazó un plan. Se haría eco de sectores del PP que ya creían necesario responsabilizar al Gobierno y atacar al ministro de Transportes, Óscar Puente, y apostaría por algo más espectacular.
No fue, pues, hasta el jueves 22, que se lanzaría al ruedo, en una entrevista radiofónica con la emisora local Onda Madrid. Según explicó, «no puede ser que impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades; debemos saber qué ha pasado con el accidente y enfrente tenemos un Gobierno que no invierte, entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán, sometido a su chantaje y no invirtiendo en el resto de España».
Es decir, en román paladino, veía Díaz Ayuso que dentro del PP estaba imperando la ley de silencio y existía miedo a pedir responsabilidades. En esa entrevista deslizó ese «algo más espectacular», antes citado: la celebración de una misa en La Almudena para recordar a las víctimas del accidente de Adamuz y de los afectados por el descarrilamiento del martes, día 20, del tren de Rodalies a su paso por la localidad barcelonesa de Gelida.
Unas horas después, Díaz Ayuso envió una carta arzobispo de Madrid, José Cobo, con la solicitud del funeral.
«Al celebrarse en La Almudena representaría un testimonio de condolencias y solidaridad en nombre del conjunto de los madrileños, quienes, no me cabe duda, sienten una profunda tristeza por la desgracia de Adamuz», escribió.
Esta carta orillaba deliberadamente el anuncio del Gobierno y la Junta de Andalucía, realizado en la tarde del 21 de enero, de celebrar un homenaje de Estado a las víctimas del accidente de Adamuz el sábado 31 de enero en Huelva. Un funeral al que acudiría el rey Felipe VI y la Reina.
Esta ceremonia, finalmente, ha quedado suspendida ‘sine die’, y habrá un funeral religioso el jueves 29 en Huelva al cual, acudirán los Reyes y al cual, según el vicesecretario general del PP, Juan Bravo, el ministro Puente e integrantes del Gobierno no deberían asistir. «Ello agravaría el sufrimiento de los allegados y resultaría una provocación», dijo. La vicepresidenta María Jesús Montero ha anunciado su asistencia en representación del Gobierno.
El arzobispo de Madrid respondió afirmativamente a la carta de Díaz Ayuso y fijaba el jueves 29 para el ritual católico para los fallecidos. «El ministro Puente tiene que dimitir», señaló Díaz Ayuso el lunes 26, argumentando que durante sus años al frente del Ministerio solo ha propuesto «ocurrencias», además de «insultar gravemente cada día y en mitad de la tragedia, a pesar de la información veraz de los medios y de lo que han señalado empresas como Adif o Renfe».
Ayuso denunció que Puente «ha seguido en la misma tónica, buscando culpables, en este caso también con empresas, con instituciones y con medios de comunicación, mientras incurre en continuas contradicciones por más ruedas de prensa que dé».
Los funerales simultáneos en Madrid y Huelva, este 29 de enero, exhibirán el músculo del PP en la instrumentalización -y criminalización del Gobierno -habida cuenta de que ya se ha presentado una querella contra Puente en la Audiencia Nacional a dos días de ambos eventos- en plena campaña de las elecciones en la Comunidad Autónoma de Aragón.
En esta campaña, Díaz Ayuso se ha trabajado, con el funeral en La Almudena, su liderazgo, habida cuenta de la proyección mediática que está preparando de la ceremonia.
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