El fiscal Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Serrano-Jover, ratificó ayer ante los miembros del jurado su acusación por un delito de cohecho contra el empresario Antonio Bautista Prado, el general de División de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Navas y Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, nombre por el que se conoce a este caso que consta de dos piezas separadas y una causa principal. El fiscal mantuvo, además, la petición de pena de un año de prisión para cada uno de los acusados.
Los abogados de las defensas, por su parte, insistieron en que los investigados no cometieron delito alguno, entre otras cuestiones porque no se ajusta al tipo penal ni del cohecho propio ni del impropio. Los tres letrados defendieron que «ninguno de sus clientes era funcionario; ni el general cobró ninguna cantidad de dinero por facilitar sus contactos privados a sus amigos; ni hubo contratos con la administración pública; y ni siquiera los proyectos ofrecidos a los empresarios privados fructificaron». Por ello los tres letrados solicitaron a los miembros del jurado un veredicto absolutorio.
Esta causa juzga una presunta trama corrupta dedicada a favorecer contactos de influencia de grandes empresarios canarios a otro empresario de la Península especializado en las energías renovables para que pudiera acceder a contratos para la instalación de placas fotovoltaicas en las Islas a cambio de «dinero, dádivas o regalos» para el alto mando de la Guardia Civil por sus gestiones.
Navarro Tacoronte revela que «grababa todo» como garantía para cobrar por los encargos que le hacían
La sesión comenzó con la declaración de Navarro Tacoronte, quien solo contestó a las preguntas de su abogado. Afirmó que se gana la vida con sus «gestiones comerciales» y, como no firma un contrato laboral con quien le encarga una gestión, su único elemento de prueba que le garantiza la existencia del acuerdo a cambio de unos honorarios es «grabarlo todo», reconoció.
Afirmó que fue él quien se puso en contacto con Bautista en julio de 2020 y se ofreció a presentarle contactos de importancia para expandir su negocio en las Islas. Dijo que a la semana le presentó a los dueños de Cicar y firmó un contrato para instalar placas. Aseguró que al general lo conoció en agosto durante una cena en Valencia y poco después les puso en contacto. Admitió que recibió 5.000 euros en transferencias de Bautista y dinero en efectivo que el empresario sacó de las cuentas de empresa como pago a sus gestiones y rechazó que hubiera cogido dinero de Bautista para dárselo al general.
Tras esta declaración, el fiscal sostuvo que «se han consolidado todos los indicios de corrupción apuntalados en la fase de instrucción», incluso «se han reforzado los indicios de un cohecho, pues todos hemos oído en un audio a los acusados hablar de los sobornos al general».
El fiscal apuntó a que Espinosa utilizó su posición de general, con la que accedió a una importante cartera de contactos de alto nivel, y, entre agosto y diciembre de 2020, puso en contacto a Bautista con al menos tres grandes empresarios para ayudarlo en la expansión de su negocio. Subrayó que un funcionario público no puede aceptar ni solicitar dádivas y rechazó que las cajas de puros obsequiadas por Bautista respondieran a una relación de amistad, «porque simplemente no se conocían».
Serrano-Jover no solo puso el foco en lo que pudo cobrar en efectivo Espinosa de manos de Bautista o los regalos para «engrasar» su relación. «El general Espinosa también tenía un interés personal en que al empresario le fuera bien», porque acordó con Bautista su futuro profesional tras su jubilación en marzo de 2021.
El mediador defiende que sus gestiones eran «comerciales» y que el empresario le pagaba por facilitarle contactos
El fiscal incidió en una «parodia» para justificar que Bautista corriera con los gastos de un viaje a Fuerteventura del general y su amante. Señaló que Espinosa utilizó el despacho de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid porque aún era funcionario y miembro de la Guardia Civil, aunque estuviera en servicios especiales y dirigiera un proyecto en la Fiiapp. Puso el acento en los audios donde se oye al general contar 1.500 euros en billetes y su petición reiterada de tarjetas de gastos.
Por su parte, el abogado de Bautista pidió al jurado que se centrara en «certezas y pruebas». Defendió que su cliente «actuó de buena fe, invirtió tiempo y dinero para hacer negocios en Canarias». Sostuvo que la relación con Navarro duró apenas cuatro meses y se rompió al constatar que «no había retorno». Explicó que los pagos al mediador respondían a una colaboración comercial y siempre le pidió facturas. Sobre la caja de puros que regaló a Espinosa, dijo que fue una «atención».
La defensa de Espinosa negó que recibiera la tarjeta de gastos. Negó que en el momento de los hechos fuera funcionario, pues se encontraba de servicios especiales y tenía contrato en la Fiiapp. Su letrado calificó a Navarro de «tóxico» y «embaucador», atribuyendo a él cualquier irregularidad y asegurando que su cliente solo facilitó contactos sin relación con la Guardia Civil.
La defensa de Navarro Tacoronte sostuvo que «el dinero en efectivo que le entregaba Bautista a su cliente eran sus honorarios y no un dinero que luego debía entregar a Espinosa, como sostiene el fiscal. Porque sería difícil de creer que Navarro Tacoronte trabajara gratis». Admitió que grabar conversaciones es «éticamente reprobable», aunque justificó esa actuación como un medio para garantizar el cobro de su remuneración.
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