La salud del Estado de Derecho en España es fuerte, pero está bajo asedio

«El imperio de la ley es la única fuerza. Sólo bajo el gobierno de las leyes, el ser humano puede vivir en libertad y en paz. Si no nos sometemos al derecho, la ley del más fuerte, las fauces del totalitarismo acechan y amenazan con devorar la libertad y la convivencia», con este elocuente análisis Javier Cremades da el pistoletazo de salida a la introducción de su nuevo libro Sobre el imperio de la ley. A lo largo de 20 capítulos, el abogado y fundador del bufete internacional Cremades & Calvo Sotelo analiza cómo el respeto a la ley es la base para una sociedad democrática y advierte de los riesgos que surgen cuando el poder político intenta cambiar las reglas del juego.

Con más de tres décadas de experiencia, Cremades se ha consolidado como una de las voces jurídicas más relevantes del sector. También desempeña una notable labor académica en el ámbito mercantil, institucional y en la defensa de derechos fundamentales. El letrado atiende a El Independiente en una entrevista en la que analiza algunos de los elementos que sustentan nuestro Estado de Derecho y la situación en distintos países.

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Pregunta. Estamos en un momento en el que la salud del Estado de Derecho en España se ha puesto en entredicho. ¿Cuáles son los componentes principales en una sociedad democrática para que se respete?

Respuesta. La salud del Estado de Derecho en España no es mala, claramente es una realidad en nuestro país. La sentencia contra García Ortiz es ejemplo de ello, en el sentido de que ha habido un control por parte del poder judicial. La sentencia podrá gustar o no, pero el hecho es que el poder Ejecutivo, en este caso en la figura del Ministerio Fiscal, ha sido severamente corregido por el Tribunal Supremo, y por lo tanto es una muestra de que hay separación de poderes y de que hay independencia judicial.

Al mismo tiempo, para que un Estado de Derecho exista, el corazón debe ser la Constitución. Tiene que haber una conexión entre el resto de los órganos y ese corazón que es el que le da el impulso al Estado de Derecho. Además, la comunidad tiene que estar adherida al derecho, tiene que haber un deseo generalizado de la sociedad de vivir bajo su dominio, bajo el gobierno de las leyes. La Constitución tiene que incluir un sistema claro de separación de poderes, tiene que haber una prensa y una opinión pública libre y debe existir una clara primacía de los derechos fundamentales de las personas.

P. ¿Cómo puede afectar los posicionamientos políticos sobre resoluciones judiciales y otros intentos de injerencia por parte del poder legislativo?

R. Decía que la salud del Estado de Derecho es fuerte en España, pero está bajo asedio, y no solamente en España, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia… Lo que estamos viendo es que, efectivamente, hay poderes que tienen tendencia a criticar decisiones del Poder Judicial, sobre todo cuando le afectan a él, para deslegitimarlo y, por lo tanto, menoscabar algo de su legitimidad. Esa es una tendencia muy peligrosa.

La manera de interactuar con un Poder Judicial independiente es a través de los recursos existentes, cuando consideramos que una sentencia no es correcta.

P. Usted habla en su libro de la independencia y el activismo judicial, ¿son compatibles?

R. Los jueces no tienen un activismo judicial. Los jueces lo que hacen es juzgar sometidos a la ley. En las tiranías esto es distinto. Las dictaduras no aparecen de un día para otro, sino que son procesos de debilitamiento del Estado de Derecho, y uno de ellos, muy habitual, es acusar a un poder de ser un mal poder. Y ese poder suele ser el Poder Judicial.

Por otra parte, los jueces actúan solamente a través de sus sentencias. Por lo tanto, están desamparados a la hora de jugar en la opinión pública. Pero realmente no existe un activismo judicial. Lo que sí existe es una polarización que ha llevado a que parte de la vida pública, de unos y otros, se ventile en los propios tribunales. Lo que se llama la judicialización de la política y, además, con acusaciones entrecruzadas de ‘lawfare’. La responsabilidad no es del Poder Judicial, sino de la política.

P. También habla de que el TJUE establece que cada país es libre de organizar su sistema judicial, por ejemplo a través del CGPJ, pero que se deben cumplir una serie de parámetros mínimos. ¿España los cumple?

R. Yo creo que en España tenemos un sistema que funciona, pero que tiene que ser mejorado. Entiendo las razones para que el Poder Legislativo, a través del Parlamento y el Ejecutivo, participen en la elección de los jueces, pero eso ha generado una influencia excesiva de los partidos políticos en el Poder Judicial. Y es una tendencia que no es conveniente para la propia credibilidad del Poder Judicial y para su independencia. Mi sugerencia es apostar por un sistema más técnico, basado en la propia elección por los jueces.

P. Ahora se tiene que negociar también la renovación del Tribunal Constitucional, donde parece que vamos hacia un nuevo bloqueo por la falta de consenso entre partidos…

R. Es una cierta anomalía cierta que debería evitarse. Los mandatos deben cumplirse y deben respetarse. No obstante, creo que el sistema de elección del Tribunal Constitucional es correcto en el sentido de que el órgano de garantías, de alguna manera, es una prolongación del poder constituyente y va adaptando la Constitución a los distintos momentos de la vida económica, social, cultural y jurídica del país.

P. También dedica un capítulo a hablar de Venezuela y de cómo se dañó la democracia desde todos los poderes del Estado, también el judicial. ¿Cuál fue el primer paso para culminar el asalto al sistema judicial? ¿Qué tan importante fue la reforma constitucional del 99?

R. Esa fue una reforma letal porque realmente se hizo sin respetar el procedimiento constitucional. Fue una opción a la medida de Hugo Chávez y designó unos contrapesos muy frágiles, una figura del poder ejecutivo a través del presidente enormemente amplia y muy poco sujeta al control de otros poderes. Fue el jaque mate a la democracia y, el momento en el que terminó el Estado de Derecho en Venezuela. A partir de ahí, la deriva autoritaria se desbocó y se empezó a conculcar los derechos fundamentales.

P. ¿Se le ocurre algún ejemplo que haya sido a la inversa, que no haya partido de una reforma constitucional?

Sí, por ejemplo, México. En México se ha ido cambiando la Constitución sin una reforma material de la Constitución. Y pasó también en Nicaragua, donde realmente la Constitución es papel mojado.

P. Por último, muchos opinan que la entrada de las fuerzas estadounidenses a Venezuela supuso la violación del derecho internacional. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Qué principios de derecho internacional rigen ahí?

Lo que hemos visto en Venezuela es una extracción de un líder que era considerado por muchos países, incluido Estados Unidos, no solamente como un presidente usurpador, sino también como cabeza de una organización narcoterrorista. Estados Unidos tiene una legislación que le ha permitido actuaciones extraterritoriales. Y lo que hizo el presidente Trump fue adoptar su legislación para incluir en estos casos a organizaciones narcoterroristas o de narcotráfico.

Sí que hay un debate sobre qué ha supuesto para el derecho internacional lo de Venezuela, pero claramente es distinto a una guerra como la de Ucrania.