El archivo de la causa abierta en un tribunal de instancia de Sevilla por los contratos de emergencia firmados por el SAS entre 2021 y 2024 marca un punto de inflexión en el debate político en Andalucía a las puertas de la campaña electoral. La oposición había usado esta instrucción judicial, con tres gerentes investigados, como uno de los ejes de la estrategia frente a Juanma Moreno al que acusaban de haber «favorecido al sector privado y de haber cometido irregularidades en la contratación». El Gobierno andaluz, por su parte, ha venido defendiendo durante el último año y medio que no había delito alguno y que todos los expedientes estaban justificados por la pandemia. Finalmente el juzgado le ha dado la razón al Ejecutivo autonómico y ha tumbado la primera de las tres ofensivas judiciales de PSOE y Podemos en Andalucía.
«Este archivo viene a corroborar lo que ya decíamos desde la Junta que se actuó en el ámbito de una crisis sanitaria que estaba decretada por el gobierno, que los controles eran superiores y que había un informe de gabinete jurídico por lo tanto eran legales. El auto recoge que no hay indicios de delito, que los contratos no se hicieron por capricho, sino en un momento muy difícil, en pleno covid», explica la portavoz del Gobierno, Carolina España, quien reclamó a los partidos de la oposición a que «pidan perdón a los andaluces y a la Junta».
«Han tratado de dañar la imagen del servicio público andaluz y de los profesionales sanitarios que se dejaron la piel en plena pandemia. Estamos satisfechos con ese archivo que demuestra que todo era una gran mentira de la izquierda», incidió la consejera.
El PSOE anuncia un recurso
Desde el PSOE, sin embargo, mantienen su misma interpretación de los expedientes de contratos de emergencia del SAS: hubo delito de prevaricación. «En absoluto esto es un invento como ha dicho el PP. Hay indicios y pruebas claras de que hay irregularidades probadas. Juanma Moreno contrató mal y se dañaron las arcas públicas. Se abrió la puerta a contratar sin control cuando ya no había emergencia», explicó la portavoz socialista, María Márquez.
El PSOE, en este sentido, va a recurrir. «Vamos a llegar hasta el final», incidió Márquez quien recordó además que existen otras dos causas abiertas por juzgados de Cádiz y Córdoba por contratos sanitarios firmados por el SAS tras la pandemia que aún no han sido archivados.
El auto de archivo
El Tribunal de Instancia de Sevilla responsable de la investigación iniciada tras una denuncia del PSOE en 2024 ha emitido un contundente auto en el que descarta que haya indicios de prevaricación en la conducta de los altos cargos y que haya habido «arbitrariedad» en los expedientes incorporados en la causa firmados entre 2020 y 2024. Este auto supone el archivo de la causa que situó como investigados a Miguel Ángel Guzmán, Diego Agustín Vargas y Valle García.
«No ha habido actuación arbitraria, ni capricho ni abuso de poder (…) Los procedimientos resultan defendibles y no hay arbitrariedad por lo que no hay prevaricación», recoge el auto que desmonta uno de los ejes de la estrategia de oposición del PSOE durante esta legislatura y descarta con rotundidad que se haya producido prevaricación en los expedientes firmados tras la pandemia manteniendo el procedimiento de emergencia que reduce la concurrencia para agilizar los trámites.
