Renee Nicole Good, estadounidense de 37 años, madre de tres hijos, muerta dentro de su coche de tres disparos de Jonathan Ross, un agente federal de ICE. Él, protegido por lo que el gobierno de Donald Trump clama que es «inmunidad absoluta»; la viuda de la víctima, investigada.
Un niño de cinco años arrestado con su padre y trasladado a otro estado, no sin haber sido usado antes como «cebo». Un pequeño que necesita reanimación cardiopulmonar y como dos hermanos acaba en el hospital cuando el coche en que sus padres llevaban a seis niños de vuelta a casa tras un partido de baloncesto acaba entre bombas de humo.
Un ciudadano refugiado hmong sacado sin orden de arresto y a punta de pistola de su casa en ropa interior y a temperaturas bajo cero. Una ciudadana con autismo que se dirigía al médico detenida tras ser extraída violentamente de su coche. Un joven que queda ciego en un ojo por el impacto a quemarropa de una bala de goma. Incontables personas afectadas por «proyectiles no letales», por gases lacrimógenos, por detenciones y actos arbitrarios de violencia acometidos por agentes enmascarados, imposibles de identificar, que graban con sus teléfonos móviles en vez de con las cámaras de cuerpo y, a la vez, acusan de impedir su trabajo a los ciudadanos que graban y documentan sus acciones.
Contar lo que está sucediendo en Mineápolis, su ciudad gemela de St. Paul y toda el área metropolitana de este punto de Minnesota pasa obligatoriamente por esos episodios. A ellos hay que sumar infinitos más: redadas sin orden judicial, interrogatorios aleatorios sobre ciudadanía que se hacen por prejuicios raciales (con el aval, desde septiembre, del Tribunal Supremo), detenciones sin motivos de sospecha…
Memorial en recuerdo de Renee Good, que murió de tres disparos de un agente de ICE el pasado 7 de enero. / ANGELINA KATSANIS / AP
Hay que sumar también negocios vacíos, inmigrantes aterrorizados que no salen de sus casas y una comunidad tan aterida por el miedo como organizada para ayudar a los afectados e indignada por lo que está viendo y sufriendo desde que en diciembre el gobierno de Donald Trump empezó en esta zona con algo menos de 600.000 habitantes la operación Refuerzo Metropolitano.
Transformada y reforzada por Trump
Se trata de un despliegue que ha alcanzado los cerca de 3.000 agentes federales, cinco por cada policía local. Hay unos 800 efectivos de CBP, la agencia de fronteras y unos 2.000 de ICE (acrónimo en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). Y las agresivas tácticas que están desplegando han disparado las tensiones y han puesto bajo los focos especialmente a ICE, una agencia policial, sucesora del servicio de Inmigración y Naturalización, que se integró en el Departamento de Seguridad Nacional cuando este se creó tras los atentados del 11-S y se ha transformado, definitivamente, con Trump.
En sus orígenes la agencia funcionaba como la rama policial para investigar y aplicar leyes y cuestiones logísticas de inmigración. Sus agentes, divididos entre los dedicados a la investigación de los casos y los que ejecutaban los arrestos y detenciones, solían trabajar en el interior del país, centrados en los casos de inmigrantes con los peores historiales criminales. Se procuraba realizar los arrestos de la forma más fluida y segura posible, sin contratiempos. Lugares como iglesias, escuelas o tribunales se dejaban fuera de las operaciones.
En este segundo mandato del republicano las cosas han cambiado. ICE opera cada vez más como una fuerza prácticamente paramilitar, como una policía privada y secreta. Además de ponerse al servicio de la promesa de una operación masiva de deportaciones, está haciendo mucho más: aplaca manifestaciones, reprime protestas y disenso y se despliega como una herramienta política, de propaganda y de intimidación. No es casual que en operaciones de arresto o redadas se filmen vídeos que luego se promocionan en medios y redes sociales. Extender la imagen de dureza y el miedo y alimentar la posibilidad de la autodeportación voluntaria es parte de la ecuación.
Aunque al frente de ICE, como secretaria de Seguridad Nacional, está Kristi Noem, la conexión más directa con la Casa Blanca es a través de Stephen Miller, el asesor de Trump, adalid de una mano de hierro implacable y racista con los inmigrantes. Según se reportó en verano, ha estado manteniendo conferencias telefónicas diarias con ICE.
Dinero y dureza
La prioridad que esta Casa Blanca da a ICE se reflejó en la «gran bella ley» firmada por Trump el pasado verano. Destina 170.000 millones de dólares en cuatro años a proyectos de inmigración, en frontera e interior. Y en ese pastel el mayor trozo se lo lleva la agencia, con 75.000 millones, o 18.500 millones de dólares al año. Con los 10.000 que ya tenía presupuestados el año pasado, se ha convertido en el cuerpo policial con más presupuesto de todo EEUU, por encima del de ejércitos de muchos países.
Buena parte de los puestos de liderazgo en oficinas locales de ICE están en manos de personal de CBP, el cuerpo policial de fronteras, que siempre ha sido señalado por sus tácticas duras con inmigrantes recién entrados en el país. Y el máximo exponente es Gregory Bovino, el jefe de la Patrulla Fronteriza, que estuvo al frente de despliegues federales en Los Ángeles o Chicago y ahora está en Mineápolis, proyectando una imagen de dureza en la que muchos identifican comparaciones históricas preocupantes.
Los derechos civiles, debilitados
En la presidencia de Trump se han deshabilitado mecanismos que permitían hacer a ICE rendir cuentas. Se cerró la oficina de un defensor que se encargaba de identificar condiciones inhumanas en los centros de detención y aunque un tribunal obligó a reabrirla se ha dejado prácticamente sin personal. También se ha dejado en el esqueleto la oficina que se encargaba de auditar el respeto a los derechos civiles por parte de los federales.
Que se esté produciendo ese respeto es más que cuestionable. Sobre el papel la misión de los despliegues de ICE y CBP era capturar y expulsar del país a «lo peor de lo peor», pero en sus redes y en sus agresivas tácticas han caído numerosos inocentes, incluyendo personas con sus papeles en regla y nacidos o nacionalizados estadounidenses. Cerca de un 70% de los inmigrantes detenidos, según un análisis que presentó en verano el libertario Instituto Cato, no tenían antecedentes criminales y el 93% nunca fue condenado de crímenes violentos.
L., el menor de 5 años ecuatoriano, en el momento de ser trasladado por los agentes de inmigración en Minneápolis. / EFE
Inmunidad absoluta
Ante casos como los de la muerte de Good, además, el Gobierno se ha puesto a la defensiva. Aunque en los últimos días tanto Trump como el vicepresidente, J. D. Vance, han empezado a matizar algo su lenguaje, han hablado de lo sucedido como una «tragedia» y en el caso de Vance han prometido que «se investigarán» posibles errores, la posición de la Administración es que los agentes federales tienen «inmunidad absoluta».
De nuevo, Miller ha sido quien ha trasmitido con más contundencia ese mensaje, y lo hizo hablando en televisión directamente a los agentes. «Tienen inmunidad para ejecutar su tarea y nadie puede evitar que cumplan sus deberes y obligaciones legales: ningún cargo municipal o estatal, ningún extranjero ilegal, ni ningún agitador izquierdista o insurreccionista nacional».
Mientras, se ha abierto una investigación contra la viuda de Good, algo que llevó a dimitir en señal de protesta a seis miembros de la fiscalía. Este jueves se arrestaba a tres personas que protestaron el fin de semana pasado dentro de una Iglesia de St. Paul, uno de los pastores es un responsable local de ICE.
Politización
Justicia también ha abierto investigaciones penales a las autoridades locales, incluyendo el gobernador Tim Walz; el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey; la alcaldesa de St. Paul, la refugiada hmong Kaohly Her, o el fiscal estatal, Keith Ellison. Se les acusa de conspirar para dificultar el trabajo federal.
Todos son demócratas y se hace difícil no ver un choque político, especialmente cuando Trump ha lanzado en redes sociales mensajes como que se avecina «el día del juicio final y de la venganza» y sigue mintiendo diciendo que ganó tres veces las elecciones en Minnesota (perdió las tres).
Rechazo popular
Trump, Vance, todo el Gobierno y responsables federales como Bovino insisten en que es la falta de colaboración de esos líderes locales lo que están tensando y dificultando la situación, siguen defendiendo que los agentes de ICE y CBP siguen la ley, y hablan también no de protestas de ciudadanos preocupados o indignados sino de agitadores organizados. Pero ese mensaje oficial cala entre las bases más fieles al presidente, no mucho más allá.
Los sondeos muestran que la mayoría de estadounidenses, con porcentajes que se mueven entre el 50 %de una encuesta de The Economist/YouGov y el 61% de otra de CBS, suspenden la actuación de ICE. En esas y otras muchas encuestas la mayoría cree que las tácticas de la agencia no están justificadas, no son son apropiadas y sí demasiado duras y no están haciendo que se sientan más seguros. Incluso personalidades que son clave para el movimiento conservador y lo fueron para la última victoria electoral de Trump, como el podcaster Joe Rogan, se han mostrado contrarios a las tácticas de ICE y ha llegado a compararlas con las de la Gestapo.
El oficial de ICE Gregory Bovino bromea durante un acto con el vicepresidente JD Vance, este jueves en Mineápolis. / CRAIG LASSIG / EFE
Frente al discurso oficial desde Mineápolis llegan otros mensajes de «tiranía», «invasión», «asedio» y «abusos». Y desde el terreno voces como la de Lydia Polgreen, una columnista de ‘The New York Times’ que ha cubierto conflictos en todo el mundo, escriben análisis como el siguiente: «Puede que no sea una guerra civil aún pero no es, definitiva y primordialmente, una operación de inmigración. Es una ocupación diseñada para aterrorizar y castigar a cualquiera que se atreva a desafiar esta incursión y, por extensión, el poder de Trump para desplegar fuerza ilimitada contra el enemigo que desee».
Todo el país
Aunque Mineápolis es hoy la «zona cero», los problemáticos tentáculos del recrudecido ICE se extienden por todo el país. Sus agentes han disparado al menos a 10 coches desde septiembre. Según una investigación de ProPublica, los agentes federales usaron el año pasado al menos en 40 ocasiones tácticas de ahogo prohibidas por muchos cuerpos policiales.
Uno de esos ahogos está también detrás de la muerte de un inmigrante cubano en un centro de detención en Texas. Aunque las autoridades inicialmente dijeron que intentó suicidarse, la autopsia ha determinado que su muerte fue un homicidio y que falleció por asfixia por compresión en el cuello y el torso.
Ese hombre es uno de los seis muertos en lo que va de año en custodia de ICE que ha encontrado un análisis de ‘The Washington Post’. El año pasado los fallecidos fueron 32, el número más alto en más de dos décadas y por encima de los 26 muertos que hubo en los cuatro años de presidencia de Joe Biden.
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