«Las corporaciones no viven en las casas, es la gente la que vive en las casas», escribió el presidente de EEUU, Donald Trump, hace unas semanas y aseguró que cumpliría (‘deliver’) con la gente . Y volvió a suscribirlo el pasado martes, día 20 de enero, antes de viajar a Davos, Suiza, al celebrarse un año desde su toma de posesión de la Casa Blanca, con la firma de una orden ejecutiva –Trump es Bonaparte- en la cual se prohíbe a los inversores de Wall Street comprar o tener en propiedad viviendas unifamiliares. «Comprar y tener una vivienda ha sido considerado desde siempre el pináculo del sueño americano y el camino de las familias para invertir y construir la fortuna de su vida. Pero por la reciente inflación y los altos tipos de interés provocada por la anterior Administración [Biden], ese sueño americano está crecientemente fuera del alcance para demasiados de nuestros ciudadanos, especialmente los que compran por primera vez una vivienda».
En la orden ejecutiva, Trump señala que «grandes» inversores de Wall Street han comprado una «creciente parte de viviendas unifamiliares», lo que ha generado una competencia con «familias que trabajan duro». Trump es muy gráfico. «Vecindarios y comunidades que habían sido controladas por familias americanas de clase media hoy pertenecen a intereses corporativos lejanos».
Y promete: «Mi Administración adoptará una acción decidida para frenar que Wall Street trate los vecindarios de América como un ‘parquet’ de la bolsa y empoderará a las familias a poseer sus viviendas».
Carlos Martín Urriza, diputado y portavoz de Economía y Hacienda de Sumar, socio de la coalición del Gobierno de Pedro Sánchez, señaló, al conocer la decisión: «Trump limita la compra especulativa de vivienda, y aquí el PSOE ni siquiera acepta prorrogar los contratos de alquiler o prefiere perder los 61.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU antes que invertirlos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030″.
Una manera de bajar los precios es, ¡vade retro!, regular la demanda, es decir, aquella que convierte la vivienda en un producto de especulación. Vamos, como si fuera una acción de bolsa o un bono para hacer un negocio: una inversión porque piensas que subirá el precio, para hacer Airbnb o para alquilar.
Hay un componente del alza de precios que no se explica por lo que se suele llamar los conceptos fundamentales de la economía y que están impulsando, por propósitos especulativos, el precio de la vivienda. Uno de esos conceptos es la capacidad de endeudamiento de los hogares. Los precios de la vivienda en las grandes ciudades carecen actualmente de correlación con esa capacidad de endeudamiento de las familias.
El Banco de España puede establecer limitaciones, porque hay familias acomodadas que sigue comprando viviendas, que tiene la suya pagada y que tiene otras, y compran para alquilarla, por ejemplo. «En todo crédito hipotecario que se conceda para comprar una vivienda y no sea vivienda habitual o vacacional, solo se debería conceder hasta el 50% de la tasación. Se debería exigir un mayor consumo de capital de la entidad», señala el diputado a EL PERIÓDICO.
Que la crisis de la vivienda o inmobiliaria en curso sea diferente de la de 2008 no quiere decir que también la banca está en ella. «El Banco de España es responsable de la estabilidad de todos los precios, también de la vivienda y que, por tanto, si hay una burbuja tiene que pincharla. Ya se ha pasado una burbuja, la de 2008, y falló sistémicamente. Falló como si el Ministerio de Sanidad hubiera negado la pandemia. Eso es el equivalente de lo que hizo en la crisis de 2008-2012; ahora hay una conducta parecida».
Los bancos financiaron con la colosal expansión crediticia la burbuja de 2008. Ahora no siguen aquella implicación directa con el crédito. «Pero trasladan parte de sus riesgos a fondos que invierten en el sector inmobiliario, y de esto sabemos muy poco, sobre la solvencia y sobre los créditos que se otorgan a esas entidades». Trump sabe que su futuro dependerá de las elecciones legislativas de noviembre próximo. Y en EEUU dos palabras son las que se utilizan en los sondeos para censurar al presidente. No cumple sus promesas (‘deliver’, en inglés) y no toma medidas para hacer que la ‘affordability’ sea una realidad (asequibilidad de los precios de los alimentos y las viviendas). En España, tanto uno como otro concepto también están vigentes.
En agosto próximo termina el plazo para pedir fondos del fondo Next Generation de la UE. Son dos líneas de financiación: transferencias a fondo perdido por 70.000 millones de euros, y créditos blandos, por 80.000 millones. En las transferencias va a haber un nivel de ejecución importante, pero donde no se llegará a la cantidad disponible será en los créditos, porque de los 80.000 millones se perderán 61.000 millones. ¿Por qué? «Porque el PSOE no quiere usarlos para el Plan Estatal de Vivienda», señala Martín Urriza.
«Los créditos blandos son a 30 años, con diez primeros años de carencia, porque no amortizas capital, y cuando te los concede te ahorras un 0,5 de tipo de interés. Y eso se puede utilizar en el Plan Estatal de Vivienda a cinco años, que actualmente solo llega a 7.000 millones. El Estado pone 4.200 millones y el resto las CCAA. Los fondos Next Generation son ideales para construir un importante parque de vivienda pública, habida cuenta de que ya hay el suelo necesario de procedencia del sector público: es el de la SAREB, ADIF, ayuntamientos, Seguridad Social». Según Martín Urriza, el PSOE no quiere «molestar» a la banca. «Porque esos 61.000 millones, si se canalizan hacia la vivienda, son créditos que la banca no va a dar en hipotecas; y la banca tampoco quiere que baje el precio de las viviendas».
La decisión ya esta tomada. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha negociado la addenda, donde de lo que quedaba por recibir ha pactado recibir 10.500 millones para crear un llamado fondo «soberano» -a imitación de los países del Golfo Pérsico, ricos en petróleo-, se canalizará como capital en el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con ese dinero el ICO dará créditos blandos o avales a determinados proyectos, pero siempre será a través de la banca, que sacará su provecho vía comisiones, y lo más importante: no asume riesgo de crédito. En esta línea crediticia, si hay impago, será el ICO quien asuma esa pérdida.
A la banca, pues, le va bien, que los créditos blandos se vehiculen a través suyo. Pero, en cambio, no quiere que los 61.000 millones pendientes se incorporen al Plan Estatal de Vivienda, porque es competir en su terreno con uno de sus grandes negocios. Ya saben: EE:UU y España, vidas paralelas, cumplir (‘delivery’) asequibilidad (‘affordability’) forman parte de lo que le pasa a la gente, allí y aquí.
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