La constitución de la Asamblea de Extremadura ha puesto en marcha el reloj institucional, que reduce de forma notable el margen del PP y Vox para alcanzar un acuerdo que permita la investidura de María Guardiola. Aunque las negociaciones siguen abiertas, con la Cámara ya constituida los plazos parlamentarios fijan un calendario cerrado que limita el tiempo disponible para evitar una repetición electoral.
El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, dispone de un máximo de 15 días para iniciar la ronda de consultas con los grupos y proponer un candidato a la Presidencia de la Junta. Ese plazo sitúa en el 4 de febrero la fecha límite para que se formalice la propuesta, lo que desplaza el debate de investidura, previsiblemente, a la segunda quincena de febrero.
Vista del hemiciclo de la Asamblea durante la sesión constitutiva de la XII Legislatura, celebrada el 20 de enero de 2026. / Javier Cintas
Febrero, mes decisivo
Una vez propuesto el candidato, el Reglamento concede otros 15 días para la celebración del pleno de investidura. En ese escenario, la primera votación podría celebrarse como muy tarde el 19 de febrero, con una segunda 48 horas después si no se alcanza la mayoría absoluta necesaria en el primer intento.
Es a partir de esa primera votación cuando empieza a contar el plazo más determinante: dos meses como máximo para investir presidente. Si transcurrido ese periodo ningún candidato obtiene el respaldo suficiente, la Asamblea quedará disuelta de forma automática y se convocarán nuevas elecciones.
El horizonte del 19 de abril
Tomando como referencia el calendario máximo, el límite legal para cerrar un acuerdo se sitúa en torno al 20 de abril. Hasta entonces, el PP y Vox pueden explorar distintas fórmulas de entendimiento, con los mismos o con distintos candidatos, pero siempre dentro de un margen temporal cada vez más estrecho.
María Guardiola y Abel Bautista, en el pleno de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas
La sesión constitutiva de la Asamblea ha evidenciado que la entrada de Vox en la Mesa, facilitada por una cesión unilateral de votos del PP, no ha servido para desbloquear la investidura de María Guardiola. Lejos de acercar posiciones, el gesto ha vuelto a poner de manifiesto la distancia entre ambos partidos, con Vox advirtiendo de que sigue «infinitamente lejos» de un acuerdo y el PP defendiendo que la concesión responde únicamente a criterios de representatividad parlamentaria, mientras las negociaciones continúan abiertas con los plazos legales ya en marcha.
Pese al cruce de reproches, ambas partes mantienen formalmente abierta la vía del diálogo. La presidenta en funciones ha anunciado una nueva reunión con Vox centrada ya exclusivamente en la investidura, con el objetivo de explorar un acuerdo «cuanto antes».
