Los afectados por los centenares de trenes cancelados o retrasados a raíz del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) tienen derecho a ser indemnizados. En el caso de haber sido víctima del siniestro, los juristas recuerdan que recopilar documentos del viaje e informes médicos, contactos de testigos presenciales o imágenes del suceso son algunas de las recomendaciones para poder solicitar indemnizaciones.
En caso de retraso o cancelación
Con respecto al reembolso por retrasos o cancelaciones, cada compañía contempla una política de compensación económica. Iryo y Renfe abonarán el 50% en retrasos de más de una hora y el 100% del billete si supera los 90 minutos. En el caso de Ouigo, si la demora alcanza la media hora, el 50% y si supera los 90 minutos, el 100%.
En cuanto a las indemnizaciones, hasta dos horas de retraso se ingresará el 25% del billete. Si supera las dos horas, el 50%. La compensación se realizará en un plazo máximo de un mes desde la solicitud. Además, organizaciones como Facua y Asufin han advertido que las subidas de los precios de los transportes alternativos podrían resultar abusivas.
Finalmente, la normativa contempla una casuística muy amplia de circunstancias de fuerza mayor, se exime de indemnización cuando suceda «el comportamiento de terceros que la empresa ferroviaria no haya podido evitar». En este caso, sin embargo, los fallos mecánicos del tren o los errores humanos del personal se consideran «riesgos inherentes» y se haría cargo la empresa.
Los derechos de las víctimas
En caso de haber sido víctima del accidente, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha elaborado una guía jurídica que ya está disponible en su página web. Además de recalcar que la atención sanitaria y psicológica es lo primordial en estos casos, la guía incide en la importancia de conservar elementos como billetes, justificantes de gasto, contactos de posibles testigos o imágenes del lugar que faciliten futuras acciones legales. Asimismo, es «crucial» acceder a la documentación clínica que acredite la atención médica, la fecha de alta, un parte de lesiones y de las posibles pruebas diagnósticas.
Indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Viajeros
La guía recuerda que, en España, todo viajero en transporte público está cubierto por un seguro obligatorio (SOV), un sistema de indemnizaciones que fija cuantías mínimas en casos de fallecimiento (36.000 euros), invalidez permanente total (42.000 euros), gran invalidez (54.000 euros) y otros supuestos.
Para reclamar estas compensaciones, los afectados deben identificar el operador y su número de billete, presentar una solicitud ante la empresa o el Consorcio de Compensación de Seguros, aportar toda la documentación médica y guardar copia de todo lo presentado.
Una vez hecha la solicitud, el Reglamento Europeo establece que las compañías están obligadas a realizar en un plazo de 15 días un pago a cuenta para cubrir necesidades económicas inmediatas, y fija que en caso de muerte ese anticipo no será inferior a 21.000 euros por viajero.
El SOV no excluye que se pueda reclamar una indemnización adicional por responsabilidad civil —gastos médicos, perjuicios económicos, daño moral, gastos funerarios o de traslado— cuando se haya producido una negligencia por parte de la empresa transportista.
Plazos para pedir indemnizaciones
Con respecto a los plazos para solicitar una compensación, la guía los diferencia por tipos: por responsabilidad extracontractual, prescribe al año desde que el perjudicado tiene conocimiento del daño y, si se trata de una responsabilidad contractual, el plazo será de cinco años. El ICAM insiste, además, en no firmar renuncias ni acuerdos sin comprensión plena de su alcance y sin supervisión jurídica especializada.
En este sentido, el documento pone énfasis en el derecho a la justicia gratuita, que debe cubrir el asesoramiento previo, la representación por abogado y procurador, así como las tasas y costas del proceso si se cumplen los requisitos legales de capacidad económica. El servicio de orientación jurídica puede solicitarse en el colegio de la abogacía del lugar donde esté el órgano judicial competente (Andalucía, en este caso) o ante el juzgado del domicilio del afectado.
Además del SOV y la responsabilidad del operador ferroviario, la guía recomienda revisar si se cuenta con otros seguros paralelos que puedan activarse como coberturas de viaje contratadas al adquirir el billete, seguros asociados a tarjetas de crédito o seguros de hogar con defensa jurídica.
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