Canarias queda, de facto, fuera del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea (UE). A apenas 145 días de su entrada en vigor –prevista para el 12 de junio de 2026–, el Archipiélago sigue sin disponer de información clara sobre el impacto real que tendrá el nuevo marco legislativo, con todas las implicaciones que ello conlleva. La Comunidad Autónoma, frontera sur de España y una de las principales puertas de entrada a Europa para las personas que migran por vía marítima, ha quedado al margen del diseño de los mecanismos específicos de solidaridad y de los procedimientos contemplados para los territorios fronterizos. Una exclusión que abre un escenario de incertidumbre en un contexto marcado por una presión migratoria continua.
La demanda de Canarias es clara. Mientras el Pacto aspira a establecer normas comunes para gestionar la migración y consolidar un sistema europeo de asilo aplicable a los 27 Estados miembros, las regiones fronterizas –las más expuestas al impacto directo de los flujos migratorios– siguen careciendo de directrices claras para aplicar de manera efectiva las nuevas medidas. Así lo denuncia Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete del Presidente, quien subraya que la única información de la que dispone actualmente el Gobierno de Canarias procede de reuniones mantenidas en Bruselas. «Cuando España presentó su plan nacional no consultó a las comunidades autónomas y, a día de hoy, el Gobierno central no ha convocado a las comunidades afectadas por los flujos migratorios marítimos de cara a la implementación de este Pacto», afirma.
La normativa «no deja de ser un intento renovado de alcanzar un marco de armonización a nivel europeo», apunta el coordinador de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo, quien advierte de que mantiene «un excesivo enfoque en el retorno y en la externalización de fronteras», con una presencia «prácticamente inexistente de vías legales y seguras».
El Pacto
Las expectativas son limitadas. Sin la participación activa de los territorios que soportan de forma directa la presión migratoria, su aplicación difícilmente podrá resultar eficaz. Esta incertidumbre se ve además agravada por la posibilidad de cambios de última hora que alteren el marco previsto. Un argumento que cobra aún más peso si se tiene en cuenta que, el pasado mes de diciembre, la cuota de solidaridad inicialmente fijada en 30.000 personas, con un presupuesto de 600 millones de euros, fue recortada hasta las 21.000. La reducción afecta precisamente al compromiso de los países menos tensionados y, a juicio de Caraballo, es «un claro paso atrás».
A ello se suma que el Gobierno de España, según critica Caraballo, no ha informado sobre los instrumentos ni los recursos presupuestarios que prevé desplegar para la aplicación del Pacto. Sobre la mesa se acumulan dificultades clave, como la capacidad de cribado —que requiere instalaciones específicas—, así como la disponibilidad de recursos suficientes para la acogida y la atención de personas en situación de especial vulnerabilidad. La aplicabilidad del Pacto entraña «una complejidad normativa considerable» y puede derivar en «una aplicación desigual entre los Estados miembros», opina Lorenzo.
En este sentido, las contradicciones en materia migratoria y de asilo se muestran con mayor intensidad que en cualquier otro ámbito de la política de los Estados miembros. Las diferencias no son únicamente geográficas, sino también de percepción y prioridades estratégicas. Mientras el foco de los Países Bálticos se concentra principalmente en Rusia y Bielorrusia, los países del sur de la UE reciben mayoritariamente personas migrantes procedentes del norte de África, Oriente Medio y el Sahel, a través de las rutas del Mediterráneo central y occidental.
Centros de retorno
Los países sometidos a una mayor presión migratoria —como España, Grecia e Italia— ahora podrán solicitar apoyo al resto de socios europeos. Una solidaridad que se materializará a través de medidas como la reubicación de solicitantes de asilo, el despliegue de personal especializado o el refuerzo del apoyo financiero. El foco del debate se sitúa en la eficacia de los procedimientos. Aunque los expertos valoran la creación de un marco común como un avance significativo, el Pacto no ha estado exento de críticas. Si bien contempla la agilización de la tramitación de las solicitudes de asilo, también legitima mecanismos de retorno acelerado, lo que ha suscitado preocupación entre organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
Los retos son mayúsculos. El endurecimiento de la actual normativa de retorno se ha convertido en uno de los aspectos más controvertidos del debate en torno al Pacto. Con su entrada en vigor, los Estados miembros dispondrán, con carácter general, de un plazo de 72 horas para tramitar las solicitudes de asilo de las personas que lleguen a Europa. En caso de resolución negativa, las personas migrantes –a excepción de los menores– podrán ser derivadas a centros de retorno situados en terceros países considerados seguros —como Marruecos, India, Túnez, Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo y los países candidatos a la adhesión—. La medida, que salió adelante pese a la oposición manifestada por España, Francia y Portugal, diluye cualquier vínculo efectivo entre la persona retornada y el Estado de destino. Esta desconexión, advierte el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, abre la puerta a «posibles vulneraciones de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, incompatibles con el propio ordenamiento jurídico europeo».
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