Uber dejará de repartir con ‘riders’ autónomos en España y derivará toda su operativa a flotas subcontratadas. La multinacional inicia así una transición laboral y externalizará progresivamente a miles de mensajero a terceras empresas, muchas de estas copropiedad de la propia Uber. Así lo confirman a El Periódico fuentes oficiales de la compañía: «Hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos».
La corporación ha comunicado este jueves a sus repartidores y restaurantes asociados el inicio de la migración laboral, un mes después de que este mismo medio avanzara que el Ministerio de Trabajo estaba barajando activar la vía penal contra la multinacional si persistía con su modelo de reparto autónomo, censurado por la Inspección de Trabajo y los tribunales. Estos consideran que los mensajeros debieren ser trabajadores asalariados y la empresa de reparto abonar sus cotizaciones a la Seguridad Social, entre otros.
La multinacional estaba operando actualmente bajo un modelo híbrido. Por un lado, repartidores asalariados a través de subcontratas, por el otro, repartidores autónomos que reciben pedidos directamente de Uber a través de su aplicación. Ahora la multinacional cierra esta segunda vía y se queda solo con las flotas subcontratadas, un modelo inspeccionado por la autoridad laboral y validado por los tribunales.
Uber se había quedado como la única gran empresa del sector que empleaba autónomos para repartir, una vez que Glovo renunció a seguir por esa vía tras centenares de millones de euros en sanciones -la compañía tiene presupuestados hasta 450 millones de euros para juicios pendientes- y una investigación penal contra su consejero delegado, Óscar Pierre, que está actualmente en curso.
Pendientes de una multa millonaria
«Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider», afirman desde la compañía. El sector de las plataformas digitales ha vivido unos años instalado en los conflictos laborales y los juicios.
Las compañías empezaron empleando a sus ‘riders’ como autónomos, evitando pagar su Seguridad Social y proveerles de las garantías propias de un asalariado. Un modelo que reportaba mayores ingresos a los repartidores y margen para hacer 10 o 12 horas al día, aunque fuera a costa de estar desprotegidos ante accidentes o poder ser desconectados de un día para otro.
Es por ello que el Gobierno aprobó la conocida como ‘ley Rider’, que explicita que los repartidores de plataformas deben ser asalariados. La norma entró en vigor en agosto de 2021 y no será hasta ahora, casi cinco años después, que será acatada por todo el sector. Glovo opera desde julio de 2025 solo con asalariados -si bien la gran mayoría están contratados directamente por la compañía- y Uber transicionará «lo antes posible», según afirman fuentes de la compañía. Just Eat, la tercera en cuota de mercado, siempre ha adoptado este modelo.
El cambio de decisión de Uber no invalidará la actuación que tiene en marcha la Inspección de Trabajo contra la multinacional, por utilizar durante años lo que consideran falsos autónomos y dejar de pagar millones de euros por ello a la Seguridad Social. El veredicto definitivo de la autoridad laboral no está claro cuando se comunicará a las partes.
Red de flotas
Los ‘riders’ autónomos de Uber han recibido en su correo electrónico una comunicación conforme si quieren seguir repartiendo para la aplicación, deberán aceptar un contrato que les remitirán desde alguna de las empresas subcontratadas que ya operan para Uber. «Los repartidores independientes que usan nuestra aplicación y quieran seguir trabajando como empleados de una de nuestras flotas colaboradoras pueden registrarse en el siguiente enlace», reza el correo que han recibido los ‘riders’.
Y es que la decisión que ha comunicado este jueves la multinacional no se ha cocinado de hoy para mañana, sino que lleva tiempo en el horno y entre las propias subcontratadas hacía tiempo que se hablaba de ello. «Solo en 2025, más de 7.000 repartidores han sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras», afirman desde Uber.
Uber subcontrata el servicio, pero no se desvincula, ni mucho menos, del mismo. Y es que la multinacional ha invertido en varias de las más grandes flotas de reparto que operan hoy en España. Al menos ha destinado 405 millones de euros. La última entrada de capital fue en Auro New Transport Concept, donde metió 220 millones de euros. De esta firma salió Closer Logistics, una de las principales flotas de reparto de toda España y que actualmente, según explican fuentes del sector, opera en exclusividad para Uber.
Esa migración paulatina obedece a al menos tres objetivos. Primero, evitar escalar el conflicto con Trabajo y no llegar a una posible causa penal. Segundo, lograr un aterrizaje más suave al nuevo modelo y no sufrir grandes problemas en las entregas durante un tiempo, como sí le ocurrió a Glovo en su transición. Y, tercero, tratar de ganarle cuota de mercado a Glovo valiéndose de un modelo más flexible durante unos meses.
El precedente de 2021
No es la primera vez que Uber deja de repartir con autónomos. En agosto de 2021, cuando entró en vigor la ‘ley Rider’, Uber se dispuso a cumplirla, desconectó de un día para otro a todos sus autónomos y pasó a repartir solo con flotas subcontratadas. Entonces los sindicatos entendieron ese movimiento como un despido masivo encubierto y el caso acabó en la Audiencia Nacional.
La corporación evitó ir a juicio, pactó con CCOO y UGT e indemnizó a los 4.404 repartidores que desconectó. Ahora Uber pretende seguir un guion diferente para acabar de nuevo en los tribunales. De ahí que mantenga abierto el canal de autónomos durante un tiempo todavía por determinar para dar margen a los repartidores a aceptar un contrato en una flota.
En paralelo, durante los últimos años ha tratado de aproximarse a los sindicatos. En octubre de 2024 firmó con UGT un acuerdo de colaboración para, entre otros, mejorar la seguridad laboral de los ‘riders’ de sus subcontratas. Lo que no quita que haya alguna organización o particular acaben recurriendo a la vía legal si consideran que este nuevo movimiento enmascara un despido colectivo.
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