Santa Bárbara Sistemas, propiedad de General Dynamics European Land Systems (GDELS) y con una fábrica en Trubia (Oviedo), prevé recurrir también en el Tribunal Supremo los dos grandes contratos de obuses que el Gobierno ha adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por un importe conjunto de 7.240 millones de euros. Los contratos prevén desarrollarse en la nueva factoría de blindados que Indra ha establecido en El Tallerón, en Gijón.
La intención de Santa Bárbara está recogida en el recurso contencioso-administrativo que el Supremo admitió a trámite y en el que la compañía solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la mencionada UTE. El objetivo de los créditos es financiar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Se trata de los programas de los obuses autopropulsados de ruedas (ATP Ruedas) y de cadenas (ATP Cadenas). La aprobación de esos créditos fue el paso previo a que el Gobierno nacional adjudicara el pasado 22 de diciembre sendos programas a la UTE, que suponen la producción de un total de 536 vehículos por un valor de 7.240 millones de euros.
Las intenciones de Santa Bárbara están recogidas en un auto del Tribunal Supremo en el que este desestima la petición de la compañía de que el Alto Tribunal acelerara la tramitación del recurso en las fechas navideñas. El auto resume los principales argumentos de la filial de GDLES para oponerse a los planes del Gobierno con Indra.
Así, en dicha documentación la compañía lamenta que «no ha sido ni tan siquiera invitada al procedimiento negociado sin publicidad» tramitado por el Ministerio de Defensa para la adjudicación de los dos contratos, «por lo que recurrirá y solicitará la suspensión» de los mismos.
«Santa Bárbara Sistemas no ha sido ni tan siquiera invitada al procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia que tramita el Ministerio de Defensa para la adjudicación de los citados PEM –Programas Especiales de Modernización– (por lo que recurrirá y solicitará la suspensión de las correspondientes adjudicaciones tan pronto se produzcan y conozcan por esta parte)«, señala el recurso de la filial de GDELS.
A pesar de que ambos contratos ya han sido adjudicados, Santa Bárbara todavía no ha presentado el recurso con el que pretende que se suspendan ambos procedimientos, según confirmaron a «Europa Press» fuentes conocedoras de la situación. Cuando la compañía presentó el recurso en el que solicita bloquear los préstamos estatales para los dos contratos todavía no se había efectuado su adjudicación.
«Un perjuicio irreparable»
En este contexto, la empresa también argumenta en su recurso ante el Supremo que, de no adoptarse las medidas cautelares solicitadas para suspender los préstamos, se le causará un «perjuicio irreparable», dado que, según afirma, es «el único fabricante español de sistemas de artillería y también la empresa líder del segmento de la industria de defensa española dedicada a la fabricación de vehículos de combate terrestre».
«Lo anterior contrasta con la situación de Indra y Escribano que, como veremos, carecen de experiencia, recursos o productos equivalentes«, añade el documento presentado ante el Supremo.
Asimismo, Santa Bárbara Sistemas también sostiene que la ejecución de los préstamos al 0% para Indra y Escribano para prefinanciar los contratos de artillería que le han sido adjudicados «restringirá las posibilidades efectivas» de que pueda competir «durante la próxima década en el mercado español de la defensa en los ámbitos foco de su actividad (plataformas blindadas y sistemas de artillería)» en los que, según precisa, «sus capacidades están más que acreditadas».
«En la práctica, limitará su ámbito de actividad de forma significativa en el mercado español de la defensa y afectará a su proyección en el mercado internacional», agrega la empresa propiedad de General Dynamics.
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