Una de las bases principales del sistema de financiación autonómica vigente desde hace años es que la mayoría de los recursos que el mismo concede a las comunidades autónomas (los ingresos que obtienen por los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado) se ponen en común en su mayor parte (un 75%) y luego se reparten en función de un concepto conocido como población ajustada, que no coincide con la población real de cada territorio. Así, el número de habitantes brutos se corrige a partir de una serie de variables de distinta ponderación que influyen en el coste que prestar los servicios públicos -como la sanidad, la educación o la dependencia- tiene en cada comunidad y, por tanto, en sus necesidades de financiación.
Como ha explicado el Ministerio de Hacienda, «el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en una comunidad muy envejecida, mientras que otra comunidad tendrá mayores necesidades en educación si tiene mayor proporción de habitantes en edad escolar«. Se trata, por tanto, de uno de los mecanismos que incluye el sistema de financiación para reducir las diferencias entre comunidades, al reconocer que en algunas (las menos pobladas, en general) es más costoso atender a la población que en otras.
La propuesta de revisión del modelo del Gobierno, en este sentido, incluye algunas «mejoras metodológicas» en el cálculo de la población ajustada. Esta nueva definición implicaría cambios en el reparto, caso de que el proyecto del Ejecutivo fuera aprobado. Pero muy poco significativos: las principales diferencias en la financiación por comunidades entre el sistema vigente y el propuesto se deben a otras partidas relacionadas, principalmente, con los criterios de reparto de nuevos fondos especiales como los relativos al IVA de las pymes y la transición ecológica. «En general, las diferencias en términos de cálculo de la población ajustada son mínimas. Hay retoques en la buena dirección, pero que no cambian la foto», ha apuntado Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y uno de los mayores expertos en financiación autonómica, en ‘TVE’.
Modo de cálculo
La propuesta del Gobierno, así, mantiene la misma ponderación para el primer concepto sobre el que se construye la población ajustada: el número de habitantes según el padrón (30%). También para la variable más importante, la llamada población protegida (38%), que pretende representar el gasto sanitario. Eso sí, propone segmentarla en 20 grupos de edad, en lugar de los siete del modelo actual, para recoger mejor las diferencias en costes del sistema de salud que soporta cada autonomía en función de la edad de los beneficiarios del mismo.
La ponderación de la variable que trata de recoger los costes del sistema educativo también se mantiene (20,5%). Pero se amplía y segmenta su alcance: hasta ahora solo se tenía en cuenta a los habitantes de entre cero y 16 años, pero con el nuevo sistema se atendería los de cero a 17 años (17%) y a los de 18 a 24 años más los estudiantes desplazados de otras comunidades, para tratar de reflejar el gasto universitario (3,5%).
El peso de la variable que trata de recoger el coste del resto de servicios sociales también se mantiene (8,5%), pero se construye de otra manera. Por un lado, la ponderación de la población mayor de 65 años disminuye (del 8,5% al 7%) y se desglosa en dos tramos (entre 65 y 79 años y mayores de 80 años). Y por otro, se introduce un nuevo concepto: el número de parados sin prestación (1,5%) para tratar de reflejar el coste de la pobreza y la exclusión en los servicios sociales.
Junto a estos elementos centrales, el modelo incluye otras variables más relacionadas con la geografía por su impacto en el coste de prestar los servicios: la superficie, la dispersión de la población y la insularidad. Estas tres variables pierden algo de peso (al 1,6%, 0,5% y 0,5%, respectivamente) porque lo gana una nueva: los costes fijos (0,4%), que «beneficia especialmente a comunidades afectadas por la despoblación y reconoce la dificultad existente en algunas comunidades para alcanzar economías de escala debido a su escasa población».
Pocas diferencias
Un estudio preliminar sobre el nuevo modelo elaborado por De la Fuente y publicado este miércoles por Fedea cree que estos ajustes son unos «retoques» bien dirigidos, salvo en el caso de los costes fijos. «Se meten de forma bastante extraña. Mejora un poco, pero no es la forma ideal de hacerlo», ha apuntado su autor en ‘TVE’, donde también ha asegurado que en otras partidas como las que tratan de reflejar el gasto de sanidad y educación la «filosofía es muy parecida (al actual sistema) y hay pequeñas mejoras«.
El estudio, en esta línea, ha aplicado los nuevos criterios a la ejecución del sistema de financiación de 2023, el último con datos completos disponibles, para ver las diferencias. La nueva metodología reconocería unas mayores necesidades de gasto relativas por habitante a Cantabria (2,95%), La Rioja (2,62%), Asturias (2,39%), Extremadura (2,31%), Baleares (2,12%), Aragón (1,7%) y Murcia (1,57%). Sin embargo, la mayoría de estas comunidades no son las que mayor incremento de recursos registraría con el nuevo sistema. Este, así, tiene como objetivo reducir las diferencias entre comunidades por financiación por habitante ajustado (de 1.500 a 700 euros) y estas comunidades (salvo Murcia) figuran ya entre las mejor dotadas con el modelo vigente.
Los componentes del modelo que hacen que otras comunidades peor financiadas sean las más beneficiadas por la propuesta del Gobierno, en consecuencia, están principalmente en otras partidas, no en la población ajustada. «El sistema anterior tenía un núcleo muy sensato y encima una especie de lotería que daba una cierta aleatoriedad y un reparto bastante discutible. En este, seguimos teniendo un núcleo muy sensato y encima y no una lotería, sino que está bastante teledirigido para mejorar a determinadas comunidades autónomas«, ha criticado De la Fuente, en referencia a Catalunya.
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