El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha solicitado al Gobierno de España que analice y, si fuera necesario, condicione o deniegue la compra del 45% de Boluda Corporación Marítima por parte de Masac Maroc, una empresa controlada por el Estado de Marruecos, al considerar que la operación afecta a enclaves portuarios estratégicos, entre ellos el Puerto de La Luz y de Las Palmas, gestionados en régimen de concesión pública.
Con ese objetivo, Morales ha remitido una carta al Ministerio de Industria y Turismo, en la que argumenta que la operación podría encajar en los supuestos de suspensión del régimen de liberalización previstos en la Ley 19/2003 y su desarrollo normativo. A su juicio, la entrada del capital marroquí tendría una repercusión directa en la estabilidad y el funcionamiento del principal puerto de Gran Canaria, una infraestructura que, subraya, debe ser protegida por las instituciones insulares y estatales.
En el documento, el presidente insular incide en el carácter público del accionariado de Masac Maroc, cuyo control recae en gran parte en el Estado marroquí, tanto de forma directa como a través del complejo portuario Tánger Med y del fondo estatal Hassan II. Además, recalca que la operación se articula como una alianza estratégica a través de Marsa Maroc International Logistics, filial al 100% de la compañía norteafricana y responsable de su expansión internacional.
Morales considera que esta inversión podría estar sujeta a la normativa de control de inversiones extranjeras directas en España, que si bien se rige por el principio de libertad de movimientos de capitales, contempla excepciones justificadas cuando concurren intereses estratégicos. En este caso, defiende que se dan esas circunstancias por la naturaleza del inversor y el sector afectado.
Más aún, sostiene que la adquisición del 45% del capital de Boluda supera ampliamente el umbral legal del 10%, fijado para considerar una operación como inversión extranjera directa, lo que activa automáticamente los mecanismos de suspensión del régimen de liberalización. A ello suma que el control efectivo recaería en una empresa con mayoría de capital público extranjero.
El presidente del Cabildo también solicita al Ministerio que analice si la operación incurre en los supuestos recogidos en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, al afectar a infraestructuras críticas, como el Puerto de La Luz y de Las Palmas, y a sectores vinculados a suministros esenciales, hidrocarburos, conectividad estratégica y seguridad alimentaria.
En su argumentación, Morales recuerda que el control de inversiones extranjeras es un instrumento legítimo, excepcional y finalista, diseñado para proteger intereses generales, y que su ampliación tras la crisis del COVID-19, prorrogada hasta 2026, responde precisamente a la necesidad de salvaguardar infraestructuras, tecnologías sensibles y recursos estratégicos.
Finalmente, el presidente insular subraya la importancia estratégica del Puerto de La Luz para el desarrollo económico y social de Gran Canaria, y vincula su preocupación al avance de las estrategias portuarias y expansivas de Marruecos frente a Canarias. En ese contexto, advierte de que la denominada “visión atlántica” marroquí, con reclamaciones históricas sobre aguas, recursos minerales y la seguridad aérea del Sáhara Occidental, incrementa la inquietud institucional reflejada en su misiva.
