La Fiscalía Provincial de Madrid se ha opuesto a que se admita a trámite la querella que la asociación Hazte Oír presentó contra el ex alto cargo de Moncloa Francisco Salazar por presuntos delitos de acoso sexual y contra la integridad moral, debido a «la inexistencia de denuncia de las personas agraviadas».
En un escrito al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público entiende que, por ese motivo, «no cabe» que sea admitida.
Una querella que también va dirigida contra el que fuera asesor de Salazar, Antonio Hernández, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delito y de encubrimiento.
La fiscal señala que «no constan filiadas ni identificadas en la querella» las supuestas víctimas, «faltando el requisito procesal de procedibilidad».
A ello añade que Hazte Oír «únicamente hace referencia a la existencia de varias mujeres afectadas por los hechos expuestos en la misma, quienes no aparecen filiadas en las fuentes periodísticas en las que se basa la querella, llegando a aparecer alguna de ellas bajo nombre ficticio, indicio evidente de su actitud y posicionamiento frente a la denuncia y de su voluntad contraria a ser identificadas».
«No sería procedente imponerles, mediante las diligencias propuestas en la presente querella, ser identificadas contra su voluntad, todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer la correspondiente denuncia en ejercicio de sus legítimos derechos», puntualiza.
Ausencia de testimonios directos
De ahí que, según la Fiscalía, la asociación no tiene legitimación para actuar como acusación popular, «toda vez que el delito principal por el que se formula la querella es un delito contra la libertad sexual, delito semipúblico que requiere como requisito de procedibilidad la denuncia de la persona agraviada para ejercitar cualquier acción legal».
«La ausencia de este presupuesto procesal excluye la posibilidad de que la querella de un tercero ajeno al hecho delictivo permita la puesta en marcha de un procedimiento penal», señala.
Además, la fiscal apunta que la querella de la asociación «se limita a recopilar informaciones periodísticas en las que se recogen testimonios de personas anónimas».
«No pudiendo constituir, ante la falta de testimonio directos de víctimas concretas, elementos de prueba que avalen razonablemente su realidad, limitándose el querellante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos», concluye.
Salazar fue cesado el pasado julio como secretario general de Coordinación Institucional, el cargo que ocupaba en Moncloa hasta que fue señalado por presuntamente haber acosado sexualmente a mujeres de su entorno de trabajo. También se le apartó de sus responsabilidades orgánicas en la dirección del PSOE.
