Algo parece haber cambiado estos días en la percepción del mundo sobre Irán, un país declarado exótico como régimen extraño, de clérigos de turbante negro, consignas inflamadas y una retórica que parecía destinada más al consumo interno que a alterar seriamente el orden internacional. Sin embargo, desde 1979, el régimen de los ayatolás ha construido un Estado policial donde la disidencia se paga con cárcel, tortura o muerte. Periodistas silenciados, mujeres perseguidas por desafiar el velo obligatorio, minorías religiosas acosadas, opositores ejecutados tras juicios sumarísimos. Nada de esto es nuevo, pero durante años se ha preferido mirar hacia otro lado, en nombre de la estabilidad regional o de las oportunidades diplomáticas.
La muerte de Mahsa Amini en 2022 y la brutal respuesta del régimen a las protestas populares marcaron un nuevo punto de inflexión. Las imágenes de manifestantes colgados de grúas como escarmiento público rompían definitivamente el relato edulcorado, pero no ha sido hasta ahora cuando la brutalidad del Estado teocrático se ha percibido nítidamente. A la violencia interna se suma una política exterior deliberadamente desestabilizadora. El régimen iraní no oculta su objetivo de borrar a Israel del mapa, financia y arma a milicias como Hezbolá y Hamás, y convierte cada conflicto regional en una oportunidad para extender su influencia. Por primera vez en mucho tiempo, este doble rostro comienza a ser reconocido. Europa, tradicionalmente dispuesta al apaciguamiento, empieza a hablar de derechos humanos con menos hipocresía. Incluso en sectores de la izquierda occidental, que durante años blanquearon al régimen en nombre del antiamericanismo, se palpa un incómodo silencio. En Irán, se habla del sha, un fenómeno que habría parecido impensable hace solo una década. Puede que no se trate tanto de una nostalgia ingenua como de un síntoma desesperado por volver a una vieja etapa laica, aunque no fecunda en libertades, orientada al desarrollo.
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