El Tribunal de Cuentas fiscalizará la adjudicación y la ejecución del servicio de seguimiento por medios telemáticos de las órdenes de alejamiento, las conocidas pulseras antimaltrato, que en 2025 estuvo en el ojo del huracán por los fallos detectados. Así, la Fiscalía alertó de que un error en el traspaso de datos entre la antigua adjudicataria, Telefónica, y Vodafone, la actual empresa responsable, provocó que durante unos meses no se pudiera corroborar, en los juzgados, si los agresores habían trasgredido las órdenes de alejamiento. El aviso destapó que los dispositivos de control telemático de los agresores sufren errores periódicos, por lo que el PP pidió la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Ante ello, el Tribunal de Cuentas, a iniciativa propia, ha decidido que dentro de su programa de fiscalización de 2026 estudiará «la contratación y el control» de las pulseras, con la idea de vigilar la correcta ejecución del servicio y detectar posibles fallos o incumplimientos ocurridos incluido todo 2025, aunque las directrices técnicas concretas de la investigación y su duración aún no se han aprobado. Esta actuación forma parte de las fiscalizaciones relacionadas con la igualdad que la institución realiza desde que en 2015 se aprobó como uno de sus objetivos transversales, junto con la sostenibilidad y la transparencia, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Tribunal de Cuentas realiza fiscalizaciones sobre el impacto de género y la igualdad en presupuestos, contrataciones o subvenciones del sector público
Desde entonces, el Tribunal de Cuentas realiza fiscalizaciones sobre el impacto de género y la igualdad en presupuestos, contrataciones o subvenciones del sector público, con el fin de comprobar si este principio constitucional se traslada a las decisiones, recursos, ejecución y resultados concretos. De hecho, el número de informes con análisis sobre el cumplimiento de los principios y normativas sobre igualdad de género ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos años, al pasar del 51% de los informes emitidos por la institución en 2022 al 70,6% en 2025. Así, el año pasado el Tribunal aprobó 57 informes y en 40 de ellos analizó algún aspecto relacionado con la igualdad. Asimismo, se emitieron 86 conclusiones en esta materia y 21 recomendaciones, frente a 31 conclusiones y 6 recomendaciones en 2022.
El encuentro europeo
«En el Tribunal de Cuentas nos tomamos muy en serio este tema. Es una necesidad democrática la fiscalización en igualdad porque somos la mitad de la población y hay que comprobar si la igualdad se integra de forma efectiva en la gestión pública», ha explicado la presidenta de la institución, Enriqueta Chicano, en un encuentro con la prensa con motivo de la celebración este martes de la primera cumbre de presidentas de entidades fiscalizadoras superiores de la UE, que se celebrará en Madrid. La cita ha sido organizada por los Tribunales de Cuentas de España y Portugal y congregará a nueve presidentas, junto con la máxima responsable en la materia de Ucrania (que se conectará telemáticamente) y la Defensora del Pueblo, como institución invitada.
La representación femenina en la presidencia de las entidades fiscalizadoras europeas se ha incrementado de tres a nueve en los últimos cuatro años
Chicano ha impulsado este encuentro de alto nivel, que tiene carácter técnico y estratégico, porque en 2021, en un encuentro de varios presidentes de entidades fiscalizadoras, se dio cuenta que en la «fotografía de la reunión era la única mujer», lo que la hizo reflexionar en cómo cambiar la situación. La representación, no obstante, ha mejorado en los últimos cuatro años, porque la presencia femenina se ha incrementado de tres (dos de las cuales no acudieron a aquel encuentro en el que Chicano fue la única mujer) a nueve (de 27), que son las que se reunirán este martes en Madrid.
Los centros 24 horas
Los objetivos del encuentro son visibilizar la presencia creciente de mujeres en posiciones de máxima responsabilidad, en órganos de control externo de las administraciones, y compartir pautas para conectar los objetivos paritarios con la rendición de cuentas, «porque la igualdad no solo es una política pública, sino un ámbito de gestión que puede y debe evaluarse», según Chicano. A este respecto, además de fiscalizar el contrato sobre las pulseras antimaltrato, la institución evaluará a lo largo de 2026 las subvenciones del servicio de teleasistencia para la atención a víctimas de la violencia machista Atempro y la creación y puesta en funcionamiento de los centros 24 horas para la atención integral de agresiones sexuales, durante los ejercicios de 2021 a 2025.
Varias de las recomendaciones del Tribunal en 2025 han estado dirigidas al impulso y la aplicación de planes de igualdad en entidades del sector público
Además, durante el año pasado las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en materia de igualdad han estado dirigidas al impulso y aplicación de planes de igualdad en entidades del sector público; a favorecer este principio en la contratación; a promover estrategias de salud en atención al género y a desarrollar un marco legal y herramientas metodológicas que hagan posible la aprobación de presupuestos con enfoque de género, entre otros objetivos.
El Tribunal no tiene capacidad sancionadora (salvo dirigida a los partidos políticos), pero sí hace, a los dos años, un seguimiento de la ejecución de sus recomendaciones, con el objetivo de dirigirse, una a una, a las administraciones que no las hayan puesto en práctica, dado que el porcentaje de seguimiento suele ser solo del 50% y la institución tiene que insistir para que se ejecuten de forma completa.
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