La Patagonia argentina enfrenta, una vez más, un incendio devastador cerca de los niveles del desastre del año pasado y en medio de un ajuste presupuestario dispuesto por el Gobierno de ultraderecha que dificulta las tareas de prevención y combate del fuego.
Las llamas han consumido casi 6.000 hectáreas, principalmente en la provincia de Chubut, 1.700 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. Varias localidades tuvieron que ser evacuadas. Numerosas casas destruidas, animales muertos y un panorama muy difícil para bomberos y brigadistas. Las áreas protegidas se enfrentan al peligro de convertirse en cenizas. La capacidad de respuesta del estado provincial se ha visto desbordada. Las autoridades chubutenses hablaron de un acto intencional. El 95% de los focos tiene un origen humano.
«Esta temporada va en línea con la ‘nueva normalidad’ que indica que anualmente en la zona Andina de Patagonia Norte ya no se queman cientos o miles de hectáreas, sino decenas de miles de hectáreas», dijo Thomas Kitzberger, investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), al portal Infobae.
Los bosques andino-patagónicos tienen una superficie de unos tres millones de hectáreas que se extienden desde la provincia de Río Negro hasta Tierra del Fuego, en el extremo austral argentino. Constituyen una de las últimas reservas de bosques templados con baja alteración humana y elevada biodiversidad. La era de Javier Milei está marcada por una intensidad sin precedentes de esos siniestros en la foresta y el desdén presidencial por las nuevas condiciones climáticas. De acuerdo con Greenpeace, en 2025 quedaron afectadas 31.722 hectáreas de esta región, lo que cuadriplicó los números del año precedente.
«Los incendios que actualmente atraviesan la Patagonia son otro de los síntomas alarmantes de los impactos de la crisis climática global. Las condiciones meteorológicas cada vez más extremas y frecuentes, que propician sequías prolongadas y cambios en los patrones climáticos locales, favorecen la propagación del fuego», recordó el portal de los abogados ambientalistas. La «inacción» estatal vuelve a empeorar las circunstancias. «Un enorme patrimonio milenario de flora y fauna autóctonas, y las sociedades que dependen de ellos, es arrasado año tras año. Lejos de ser fenómenos aislados, son consecuencia directa de decisiones humanas». La negligencia del Estado para anticiparse a los hechos, el crecimiento desmedido de extensas plantaciones forestales con especies exóticas invasoras y profundamente adaptadas a un régimen mayor de incendios, como los pinos, «generan un caldo de cultivo para estos fenómenos». El crecimiento demográfico exponencial y la falta de planificación urbana, con «reiterados intentos de modificar la legislación respecto del uso del suelo» para su uso inmobiliario, «crean las condiciones para agravar los efectos devdevastadores»
Sin dinero
La situación tiene lugar en medio una falta de financiación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Durante 2024, el Gobierno ejecutó apenas el 22% del presupuesto estatal asignado a ese organismo. El problema volvió a repetirse en 2025. La Ley de Presupuesto 2026 aprobada por la ultraderecha da cuenta de un recorte del 69% del dinero con respecto a 2023 y del 78,5% en relación con 2025.
Brigadistas y vecinos voluntarios trabajaban al límite para frenar un fuego fuera de control. No solo los limita el ritmo de propagación de los incendios que mantiene en vilo a las pequeñas comunidades de la región. Muchos de los brigadistas profesionales argentinos se han visto obligado a recurrir al pluriempleo para llegar a fin de mes. La «motosierra» de Milei dejó sus salarios en unos 500 euros.
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