Ante la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, que «elude responsabilidades», el PP ha reivindicado este sábado su Plan nacional de inmigracion, dejando claro que «a diferencia de lo que cree la izquierda, las fronteras se pueden controlar”, con medios que permitan promover una migración ordenada y regular.
Este ha sido uno de los mensajes principales de la segunda mesa de debate de la cita, en la que diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular se reúnen este fin de semana en A Coruña para diseñar la estrategia del partido ante el nuevo periodo de sesiones que arrancará en las Cortes y el Parlamento europeo en 2026.
Esta mesa versó, concretamente, sobre la seguridad de las personas, y uno de los temas principales fue la inmigración.
Sobre esta cuestión habló, precismanete, Rosa Vieira, Senadora en Canarias, una de las zonas “más afectadas” por la crisis migratoria que afecta al país.
“Les puedo asegurar que en canarias este tema nos preocupa mucho, todos lod ías”, ante lo que las administraciones públicas autonómicas están constantemente “buscando soluciones” para contrarrestar el «abandono» del «gobierno sanchista». Arremetió así contra las políticas de Gobierno central, que “no esta a ala altura” y “no reconoce las consecuencias de su fracaso en la política migratoria”; y defendió como alternativa el plan de política migratoria presentado por el PP, que, cuando esté en La Moncloa «el presidente Alberto Núñez Feijóo», será capaz de tarer una «solidaridad viable y que sea eficaz».
También habló sobre esta cuestión Cristina Gil, diputada en el parlamento de las Islas Baleares que, como «frontera del sur de europa», aseguró, también vive «una emergencia migratoria». Así lo demuestran los datos, dijo, citando a las más de 7.000 personas que llegaron a la comunidad en 2025 en situación de irregularidad, y lamentando que ni aún así «quien tiene la competencia en migración [el Gobierno] es capaz de reconocer» que la ruta entre Argelia y Baleares es “permanente, consolidada y estructural”.
«Entre criminalizar a todo el que llega y un efecto llamada que lo que hace es generar desorden, necesitamos esa política humana, legal y ordenada», reivindicó, poniendo el foco en la necesidad de hacer frente a las mafias y reforzar las medidas porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado «no pueden ser dique de contención», y menos en una región como Baleares, que tiene una «carencia de 800 efectivos».
Precisamente sobre las mafias también habló la diputada nacional por Melilla Sofía Acedo, que reclamó la necesidad de promover «fronteras firmes» y «refuerzos especiales» en las zonas que lo requieran, asegurando que el empleo «sea la puerta de entrada» para atraer a una inmigración «vinculada al mercado laboral» y la integración real, pero con «exigencias»: «Derechos sí, pero deberes y obligaciones también», aseveró, incidiendo en que lo que «necesita el país» es «control, sin regalar impunidad a las mafias».
Finalmente, el último en hablar sobre esta cuestión fue el eurodiputado popular Javier Zarzalejos, que reivindicó la lucha de su partido en Europa por un futuro y un presente de «políticas migratorias eficaces, viables, que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos y que integre los flujos migratorios».
Arremetió asi contra quienes creen que pueden obtener réditos políticos de la política migratoria, así como contra el “buenismo” de la izquierda, que ha generado una situación “de falta de regulación” e incapacidad para afrontar el reto de la crisis migratoria. El desentendimiento del Gobierno en esta materia, aseguró, es «insultante«. «No puede haber una política migratoria a base de convivir con la ilegalidad masiva entre grandes sectores de la inmigración y con la elusión de responsabilidades», criticó, porque, «a diferencia de lo que cree la izquierda, las fronteras se pueden gestionar» actuando contra las mafias y en los países de origen.
