En la amanecida de Caracas, la detención de los Maduro fue una operación de precisión: coreografía cronometrada, resistencia mínima y un resultado inmediato. Todo indica que no faltaron traición interna, complacencia externa y fallos de inteligencia. No hubo épica. Digamos que tampoco sorpresa.
Trump tiene una acreditada capacidad para desconcertar, pero la construcción jurídica de la operación fue sólida en la forma y perturbadora en su fondo. No fue una guerra ni una invasión. Tampoco un intento de restaurar la democracia. La legalidad internacional –violada en el fondo– se esquivó en la forma: acción policial bajo orden judicial, «law enforcement» contra un infractor internacional, sin despliegue militar prolongado sobre territorio venezolano.
No hubo notificación al Congreso. Se invocó la justicia para una acción con consecuencias globales y la fuerza quedó situada por encima del derecho. No estamos ante una vulneración puntual del derecho internacional, sino ante algo más serio: su degradación práctica. El derecho existe mientras las grandes potencias aceptan limitarse por él. Cuando dejan de hacerlo, no desaparece; se convierte en retórica.
La neutralización de la seguridad inmediata de Maduro –incluidos efectivos cubanos, los llamados «avispas negras»– dejó al descubierto la relación estratégica entre La Habana y Caracas, construida durante décadas sobre seguridad, inteligencia, energía y supervivencia política. Subrayó, además, la voluntad de Washington de judicializar el desenlace y cerrar la operación sin abrir un frente interno incontrolable.
Por ahora se desconoce el número exacto de fallecidos. Los bombardeos nocturnos sobre bases militares encontraron escasa resistencia, aunque no disponemos aún de un balance completo de daños.
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La ausencia de guerra es el dato más incómodo y, al mismo tiempo, el más elocuente. La «extracción» no provocó una guerra civil ni una explosión de violencia política. No fue un golpe clásico, sino una operación contemporánea: inteligencia, control del relato y dominio del tiempo político.
Las decisiones inmediatas dejaron claro que no asistíamos al final del régimen chavista –marcado por ejecuciones extrajudiciales, torturas y crímenes de lesa humanidad– sino al tránsito hacia una situación aún indefinida. Una transición sin sitio para la oposición democrática y con el chavismo, aunque derrotado, representando el orden armado. Y en un mundo sin árbitro, el orden suele imponerse a la legitimidad.
Si el chavismo hubiera sido cercenado sin acuerdo, la violencia habría sido instantánea. Si no ha habido pacto, lo que estamos viendo resulta difícilmente explicable. Es ostensible que quienes ejecutaron la operación contaron con complicidades en el círculo íntimo del poder.
Las preguntas se acumulan: ¿quién entregó a Maduro?, ¿qué se prometió?, ¿qué se salvó?, ¿qué se pagará después?
Lo verdaderamente inquietante no es que haya habido un pacto, sino que empecemos a aceptarlo como inevitable. No es solo la historia de un dictador detenido ni de una transición tutelada. Es el retrato de un orden internacional que ha renunciado a fingir que existe un árbitro imparcial.
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Flanqueado por los dos arquitectos visibles de la operación –el general Dan Caine, al mando militar, y Marco Rubio, operador político–, Trump escenificó desde Palm Beach una demostración de poder hemisférico. Presentó la captura como rendición de cuentas judicial, pero, con la pericia con la que cambia el relato, no tardó en hablar de cambio de régimen, administración temporal y control económico. El mensaje fue transparente: puedo hacerlo y puedo volverlo a hacer.
Sería ingenuo pensar que no existe un plan. Por supuesto que lo hay. Lo revelador es que nadie se haya molestado en darle siquiera un barniz democrático. Ni una mención clara a elecciones, derechos humanos o soberanía. Ni siquiera la cortesía de fingir respeto por la legalidad internacional. En cambio, el petróleo aparece desde el primer momento como punto de partida y de llegada.
En este contexto emergen los Rodríguez. No como solución, sino como piezas de tránsito. Un escamoteo funcional. Su liderazgo puede garantizar calma inmediata, pero carece de viabilidad política a medio plazo. La advertencia de Trump ha sido explícita; la respuesta de Delcy, casi teológica.
Enfrente, María Corina Machado encarna la legitimidad democrática sin control de la fuerza. La paradoja de siempre. Trump la descartó con desdén, no tanto por animadversión personal como por una evaluación brutalmente pragmática: no controla el Estado ni el Ejército. Que haya optado por la contención y no por la calle, en plena escalada militar, es una decisión prudente y reveladora.
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Mientras tanto, Europa observa. Invoca principios, pide garantías, acompaña. Ya no arbitra. Cuando el poder decide sin pedir permiso, quedarse en la sala de espera también es una forma de desaparecer.
No se trata de derrocar a un presunto narcoterrorista, sino de liberar a un pueblo. Y todo indica que el nuevo orden no se está construyendo para libertadores. Ojalá termine produciendo libertad, aunque sea por las razones equivocadas: por el petróleo y no por la democracia.
Sin otro horizonte que el control del petróleo, la ocupación indefinida y la expectativa de que la legitimación del futuro gobierno venezolano consista en cumplir las órdenes de Washington, todo indica que no solo los medios, sino también los fines, resultan profundamente injustificados.
La captura de Maduro ha sido un golpe estratégico. No necesariamente un cambio de régimen. Venezuela sigue gobernada por el ejército bolivariano, los aparatos paramilitares y la policía política, ahora sin cobertura legal ni respeto por el orden internacional.
El ensayo general está en marcha. Sus efectos no se limitarán a Venezuela.
Seguimos viendo…
