El exministro José Luis Ábalos, que recientemente se ha quedado sin abogado, y el que fuera su asesor en Transportes Koldo García ven complicada su situación de cara al juicio al que serán sometidos próximamente en el Tribunal Supremo, y ello debido a las confesiones que realiza el tercero de los encausados, el comisionista Víctor de Aldama, en su escrito de defensa.
El documento supone la admisión de delitos de organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información privilegiada que se concretan en ocho episodios concretos con el objetivo de rebajar al mínimo la ya de por sí mínima pena de 7 años de cárcel que solicita para él la Fiscalía Anticorrupción. Para Ábalos y Koldo el Ministerio Público pide 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente.
El primer episodio narrado por la Fiscalía y que asume Aldama en su propio escrito de defensa es el relativo al «papel diverso y complementario» que cumplían los investigados para desarrollar «un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz». Aldama admite ser la persona que, «en beneficio propio y de terceros» aprovechó su influencia sobre lo dos primeros «garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero«.
La primera de estas actuaciones se remonta a lo peor de la pandemia, cuando se dictó el estado de alarma que confinó en su domicilio a todo el país Aldama recurrió a Koldo para conseguir que personas de su entorno de negocios, «principalmente de nacionalidad venezolana» pudieran eludir las restricciones y entrar por vía aérea a España. La secretaria personal de José Luis Ábalos, Ana María Aranda Jaraices, estampó el sello del Ministerio y firmó determinados certificados de movilidad o salvoconductos en favor de dichas personas como justificación para su emisión que iban a mantener entrevistas en el gabinete del ministro que en realidad no iban a producirse.
Aldama también admite que logró que Koldo García, «con el conocimiento y la aprobación» de Ábalos, utilizara sus contactos para que el primero de ellos se reuniera con Carlos Moreno, quien desde junio de 2018 es el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda.
El encuentro, que se produjo en junio de 2020, tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Víctor de Aldama Delgado, Pilot Real State. Como Moreno no tenía competencias en el asunto trasladó la petición al asesor del gabinete, Ignacio Granados, inspector de Hacienda, aunque no obtuvo resultados. Aldama asegura que en relación con esta gestión Koldo le solicitó la cantidad de 25.000 euros, pidiéndole a Koldo que se los entregara personalmente a Moreno, «lo que ocurrió en un bar situado debajo del Ministerio».
Aldama también admite que desde al menos octubre de 2019 comenzó a entregar a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo, lo que continuó haciendo hasta julio de 2022. Las entregas fueron efectuadas en ocasiones en presencia de José Luis Ábalos, pues el importe de 10.000 euros mensuales estaba destinado a ser repartido entre ambos.
La falta puntual de efectivo determinó que el comisionista acudiera en dos ocasiones a buscar el metálico en República Dominicana, país en el que este tenía intereses económicos en la empresa Pronalab, dedicada a la realización de pruebas de antígenos COVID. Joseba García, hermano de Koldo, viajó del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2021 y del 13 al 16 de noviembre del mismo año a dicho país para recoger por cuenta de este 10.000 dólares en cada viaje, que le fueron entregados por la empleada de esta compañía.
Jésica Rodríguez. / EP
Con el mismo propósito de conseguir del ministro y secretario de Organización del PSOE un trato preferente Aldama se hizo cargo de determinados gastos a petición de José Luis Ábalos y Koldo ,tales como el abono de la renta mensual generada como consecuencia del alquiler de un piso, sito en la Plaza de España, que sirvió como domicilio a Jésica Rodríguez, quien mantenía desde octubre de 2018 una relación sentimental con el exministro.
El empresario Luis Alberto Escolano, socio de Aldama, suscribió el contrato de arrendamiento del piso por un importe mensual de 2.700 euros al mes para que Jésica Rodríguez residiera en el inmueble. Las rentas, hasta un total de 82.298 euros, fueron abonadas por Escolano, que se ocupaba también de resolver las incidencias que pudieran surgir en relación con la vivienda, tales como averías domésticas o la renovación del contrato.
Se trata del asunto que dio origen a todo este procedimiento, en relación con la adquisición por parte de Puertos del Estado y ADIF de sendas partidas de mascarillas, a cambio de recibir ambos responsables públicos «una indebida compensación económica» procedente de Aldama quien, a su vez, se benefició en términos económicos del citado «pelotazo». Soluciones de Gestión y otras dos sociedades del grupo del socio de Aldama Juan Carlos Cueto firmaron el 16 de marzo de 2020 un acuerdo de prestación de servicios para el desarrollo y ejecución de unos contratos públicos todavía no ofertados.
Estos contratos respondían a una orden que no fue publicada hasta cuatro días más tarde para la adquisición de cuatro millones de mascarillas por Puertos del Estado, si bien por la imposición de Aldama dicho pedido se aumentó al doble para comprar finalmente ocho millones de tapabocas por un valor de 24,2 millones. Posterioemente se compraron nuevas remesas a estas mismas empresas para ADIF, el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas de Baleares y Canarias.
La documentación aportada por Aldama refleja una previsión de los importes adjudicados, que ascendía a 60.000.000 euros, y que finalmente fueron 53 millones de euros, «devengando el Sr. de Aldama una comisión aproximada del 10% de este importe». De acuerdo con esta previsión, aproximadamente el 50% de las comisiones devengadas en favor de Aldama se pagaron a Ábalos y Koldo.
Globalia ya venía pagando Aldama por labores de asesoramiento — relacionado con una deuda que la compañía mantenía en Venezuela– 12.100 euros al mes desde noviembre de 2019. Aldama admite que, en contexto de la crisis empresarial generada como consecuencia de la pandemia, el Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2020 una ayuda a la aerolínea Air Europa de 475 millones de euros y que en dicho rescate «fue relevante la previa intervención de José Luis Ábalos» quien, «al margen de la oportunidad o procedencia de la operación», atendió los intereses de Aldama y fue compensado por ello.
La defensa de Aldama corrige, sin embargo, la tesis de la Fiscalía con respecto a este episodio y matiza que él no realizó específico para que Koldo abonara las rentas del chalet “Villa Parra” que el exministro habría disfrutado en Marbella en pago de sus gestiones para el rescate de Air Europa, y no descarta que ese pago pudiera proceder de fondos «allegados por otros empresarios con los que los señores Ábalos y García mantenían relaciones al margen del señor de Aldama».
El exministro de Transportes José Luis Ábalos y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska / Eduardo Parra – Europa Press – Archivo
La «confesión» de Aldama en su escrito de defensa también se refiere a los intereses en materia inmobiliaria que compartía con su socio en el negocio de hidrocarburos, Claudio Rivas, imputado por estos hechos junto al comisionista en otra causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Cuando se le solicita su intermediación para la obtención de la licencia en el sector de los hidrocarburos, Aldama asegura que era completamente ajeno a la sociedad Villafuel, en cuyo favor se gestionó una licencia como operador de productos petrolíferos al por mayor». Dicha intermediación se realizó inicialmente con Ignacio Díaz Bidart, el jefe de gabinete de la ministra de Industria en dicho momento, Reyes Maroto y por ello el ministro habría obtenido el disfrute de un chalet en la Alcaidesa (Cádiz).
Por otro lado, y aunque no se verá en este primer juicio por el caso Koldo –por corresponder a una pieza separada– Aldama admite la existencia de otras actividades de la trama que conoció pero en las que él no tuvo ninguna participación, relativas al amaño en la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Transportes durante el período en el que Ábalos fue su titular.
Como elemento corroborador de su relato aportó Víctor de Aldama sendos pantallazos de presupuestos con determinadas obras, señaladas como “disponibles”, que le habrían sido remitidos por Koldo que aparecían manuscritos en sus márgenes. Koldo negó en sede judicial que la letra fuera suya, aunque el resultado de la prueba pericial practicada al respecto determinó su autoría. El instructor de la causa, Leopoldo Puente, ordenó emprender una investigación que ha permitido atribuir indiciariamente la participación en tales amaños del sucesor de Ábalos en la secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
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