La Comunidad de Madrid abandona la Casa Árabe tras el dictamen que el Tribunal de Cuentas emitió el pasado 29 diciembre sobre la gestión desarrollada por su directora Irene Lozano, ex diputada del PSOE. Según recoge la carta firmada por Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la decisión ya está tomada: «Se ha observado con preocupación una serie de dinámicas que consideramos incompatibles con los principios que rigen nuestra administración y que entendemos deben prevalecer en toda entidad pública». Motivo por el que han decidido apartarse del Consorcio.
El problema económico al que se enfrenta la institución podría ser irreversible en 2026 si no se toman medidas. Así lo alertó el tribunal que lidera Enriqueta Chicano tras estudiar los ejercicios correspondientes a 2023 y 2024: «La entidad se encuentra en una situación financiera crítica que afecta a su viabilidad, debido a los déficits continuados y a las importancias deficiencias del inmueble, lo que obliga adoptar medidas urgentes para solventarlo».
Irene Lozano, al frente de la Casa Árabe en 2023. / RICARDO RUBIO
Su dimisión tuvo lugar tras las quejas por su gestión económica al frente de esta entidad cultural, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores. El Informe sobre Fiscalización del Consorcio Casa Árabe, precisamente, pone el foco en esta cuestión y explica que los resultados negativos cercanos al millón de euros fueron compensados paulatinamente con el remanente de otros cursos económicos, lo que ha provocado un desajuste. Es tal la situación que el Tribunal ha sido tajante: «Si hubiera que afrontar alguno de los gastos urgentes por dichas deficiencias, el remanente se agotaría en 2026».
A lo largo del expediente, el tribunal argumentaba su posición por puntos, enfatizando la falta de asistencia y supervisión por parte de Exteriores. «La Casa Árabe carece formalmente de un sistema completo y estructurado de control interno, habiéndose observado debilidades relacionadas con la organización del personal», sostuvo afeando a la antigua Dirección que no contase con un sistema de planificación de objetivos que reuniese los requisitos legalmente prescritos. Y aseguró que «carece de un instrumento en el que se establezca una relación de puestos de trabajo». Asimismo, tampoco posee un sistema de provisión de vacantes y selección de personal.
«Sin garantías suficientes»
Por ello, este jueves, la Comunidad ha tomado una decisión al respecto: «Este informe viene a confirmar nuestras dudas sobre la citada gestión, resultado de decisiones y actuaciones que han repercutido negativamente en la credibilidad de la institución. Lamentamos no haber encontrado garantías suficientes que nos permitan asegurar que este principio se cumple de manera efectiva. Por tanto, nos vemos obligados a tomar distancia respecto a un funcionamiento que no responde plenamente los estándares que exisge la sociedad actual».
La primera directora general fue la arabista Gema Martín Muñoz (2006-2012), a la que sucedieron los diplomáticos Eduardo López Busquets (2012-2015), Pedro Villena (2015-2017) y Pedro Martínez-Avial (2017-2021). Lozano recogió el testigo hasta el 5 de febrero de 2025, a quien sustituyó el diplomático Miguel Moro.
