La política lingüística en las aulas de Baleares vuelve a estar en el centro de la polémica. El sindicato STEI ha alzado la voz contra los planes del Govern de Prohens para modificar los requisitos de homologación de los títulos de catalán. Según ha denunciado el sindicato a través de un comunicado, la nueva orden que prepara la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes supondría una «devaluación y menosprecio» de la lengua propia al rebajar las exigencias académicas para obtener las certificaciones oficiales.
El núcleo del conflicto reside en la nota mínima necesaria para que los alumnos de Secundaria y Bachillerato obtengan automáticamente los certificados de lengua catalana. Hasta la fecha, un estudiante debía finalizar su etapa educativa con una media de 8 para obtener el nivel correspondiente (B2 al finalizar la ESO y C1 al concluir el Bachillerato). Sin embargo, el borrador de la nueva orden del Ejecutivo balear contempla reducir este requisito a un 7.
Desde el STEI expresan un «desacuerdo rotundo» ante esta propuesta de «actualización» de las homologaciones. El sindicato sostiene que, bajo la apariencia de un ajuste técnico, se esconde una decisión política de calado. Según la organización docente, el Govern utiliza como pretexto la adaptación a los nuevos sistemas de evaluación de la LOMLOE —que priorizan las calificaciones cualitativas sobre las numéricas— para facilitar el acceso a los títulos con un menor nivel de competencia lingüística demostrado.
La sombra de los acuerdos políticos
Para el sindicato, esta medida no puede entenderse de forma aislada. En su comunicado, denuncian que «el Govern del Partido Popular cede una vez más a las exigencias de Vox de devaluar y menospreciar la lengua catalana en las islas». Esta afirmación vincula directamente la gestión educativa con los pactos de gobernabilidad que sostienen al Ejecutivo autonómico, sugiriendo que la lengua es una moneda de cambio en la negociación política.
El STEI es especialmente crítico con el momento en que se produce este cambio. Aseguran que todos los indicadores actuales apuntan a que «los conocimientos en lengua catalana se van devaluando año tras año» entre la población escolar. En este contexto, consideran que rebajar el listón de la exigencia es una irresponsabilidad pedagógica que no ayuda a mejorar el uso ni la calidad del idioma, sino que simplemente maquilla las estadísticas de titulación.
Flexibilización para alumnos de fuera
La propuesta -denuncian- no solo afecta a las notas. El sindicato también ha puesto el foco en la «flexibilización de los requisitos para obtener la homologación» en aquellos casos de alumnos que hayan cursado parte de sus estudios fuera de los territorios de habla catalana. Para el STEI, esta medida profundiza en la «minorización de la lengua propia», facilitando la obtención de certificados oficiales a personas que podrían no haber tenido una exposición continuada o suficiente al sistema de inmersión o aprendizaje vehicular en catalán.
El sindicato tilda estas políticas de formar parte de los «delirios de la extrema derecha en contra de la presencia y de un buen aprendizaje del catalán en la enseñanza», acusando al Partido Popular de ser «cautivo» de estas posturas.
Según afirma el sindicato, su denuncia no se quedará en una mera nota de prensa. El STEI ya ha anunciado que «luchará contra este nuevo ataque con las herramientas de que dispone en todos los ámbitos de negociación pertinentes».
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