Juanfran Pérez Llorca pondrá a prueba en los próximos meses aquello que de la dificultad de ser profeta en su tierra; entendida esta no como Finestrat, ayuntamiento que gobernó durante 10 años hasta su salto al Palau, sino en las Cortes, donde tuvo su última responsabilidad antes de ser elegido president. El parlamento en la ejerció de síndic del PPCV será una de las aulas en las que el Consell someta a examen la alianza con Vox que ha mantenido con vida a la legislatura tras la dimisión de Carlos Mazón, otro nombre propio en el hemiciclo al que sumar al test de Llorca quien también podría tener en la cámara el escenario de sus deseados (pero complicados) pactos con la izquierda.
La idea genérica del examen de la alianza entre el Consell y Vox tiene pruebas concretas en las próximas semanas, conforme se vaya recuperando la actividad en la cámara, algo que tampoco será inmediato. La primera será en una futura diputación permanente este mes de enero la convalidación del segundo macrodecreto de Simplificación administrativa, del que los voxistas ya han avisado que aceptarán, pero que obligarán a que sea tramitado como proyecto de ley, es decir, que tenga que pasar por un periodo de enmiendas donde la formación de Santiago Abascal puede incorporar algunas exigencias y forzar a cambios respecto al plan inicial del PP.
Llorca entra en el hemiciclo durante la sesión de investidura. / Fernando Bustamante
Sin embargo, el principal reto para Llorca estará en la aprobación de los presupuestos. El Consell ha comenzado 2026 con los presupuestos prorrogados, una situación idéntica a la del año pasado cuando se acabaron llevando a la cámara a mediados de marzo y recibieron el visto bueno dos meses después, a finales de mayo. La pugna de ‘populares’ y voxistas en otras autonomías, con elecciones convocadas en Aragón y previstas en Castilla y León y Andalucía, ha hecho que haya voces en el Gobierno valenciano que duden de la conveniencia de presentar unas cuentas por la dificultad de pacto.
No obstante, en su primera comparecencia en la cámara, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, se fijó la presentación y aprobación de estas cuentas como uno de sus primeros retos. También los diputados de Vox se refirieron a unos hipotéticos presupuestos como la pista de aterrizaje en la que cobrar el peaje de la investidura a Llorca. Entre ellas están las referidas a la política fiscal o asfixiar financieramente a la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Estas podrían ser las últimas cuentas de la legislatura, bien por un hipotético adelanto o bien por el aumento del coste de negociación si se acerca a mayo de 2027, cuando está prevista la cita con las urnas.
El escaño 98
Esa presión de los voxistas se notará también en algunas de las leyes que tienen que recibir el visto bueno de la cámara, donde tampoco se espera que sean muchas. Entre ellas está la reforma de la Renta Valenciana de Inclusión donde Vox ya ha propuesto enmiendas como dificultar esta prestación a las mujeres que porten velo y sobre lo que tendrá que pronunciarse el PP. También se espera que llegue en algún momento una de las promesas de la legislatura: la ley de Señas de Identidad, publicitada hasta en tres ocasiones en la tribuna de las Cortes sin concretarse aún en nada.
Mazón habla con diputados del PPCV en las Corts en la investidura de Llorca. / Fernando Bustamante
Como una asignatura más controlada para los intereses del Consell parece la comisión de investigación de la dana en la que PP y Vox cuentan con las riendas de los tiempos y los comparecientes. De los pocos momentos incómodos que le podrían quedar al Ejecutivo autonómico es el paso de las víctimas, todavía pendiente. Más ruido genera la continuidad de Mazón en su escaño, algo que señalan las asociaciones como motivo para mantener su distancia con Llorca y que la izquierda agita para mantener la gestión del expresident como un acicate contra el actual jefe del Consell.
Mientras el exdirigente autonómico se mantenga como diputado es difícil que PSPV y Compromís tomen la mano que les ha tendido a nivel verbal Llorca con referencia directa a la Mesa de las Cortes o el consejo de administración de À Punt. Esos cambios se deberían plasmar en sendas votaciones en el hemiciclo igual que la renovación de los órganos estatutarios que el president pone como condición para cualquier acuerdo. De momento, de estas instituciones, el Consell de Transparencia y la presidencia de À Punt serán las primeras en pasar por la prueba del algodón.
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