El conflicto de interés es uno de los riesgos más persistentes —y menos visibles— para la integridad pública. La ciudadanía está harta de él. No siempre adopta la forma de corrupción explícita; con frecuencia se manifiesta como una niebla donde intereses privados, relaciones personales y decisiones públicas se entrecruzan. En territorios con administraciones de tamaño reducido y fuertes vínculos sociales, como Canarias, este fenómeno adquiere una dimensión especialmente delicada.
Las puertas giratorias constituyen su expresión más evidente de este riesgo. El tránsito de responsables públicos hacia empresas privadas vinculadas a sectores que previamente regulaban, contrataban o supervisaban plantea dudas legítimas sobre la imparcialidad de decisiones adoptadas durante su etapa en el cargo. Aunque estas prácticas no siempre vulneran la legalidad, erosionan la confianza ciudadana y debilitan la credibilidad de las instituciones.
Interés general y particular
En Canarias, la estructura económica relativamente concentrada y la reiteración de actores empresariales en sectores estratégicos —energía, infraestructuras, transporte, turismo o servicios públicos— elevan la probabilidad de conflictos de interés. La cercanía personal y profesional entre quien decide sobre lo público y los operadores privados hace más difícil separar con claridad el interés general del particular.
La normativa existe, pero su aplicación es desigual. Las declaraciones de intereses, las incompatibilidades y los períodos de enfriamiento están regulados, pero su control efectivo presenta lagunas. En muchos casos, el seguimiento posterior al cese del cargo es limitado, y las sanciones por incumplimiento son escasas o poco disuasorias. La consecuencia es un marco legal que actúa más como advertencia que como verdadera barrera preventiva.
La gestión de los conflictos de interés debe extenderse a todo el entramado administrativo, no limitarse a los niveles superiores»
Los conflictos de interés no afectan solo a altos cargos políticos. También pueden darse en la función pública, especialmente en áreas sensibles como contratación, urbanismo, subvenciones o inspección y hasta en el ámbito judicial. En administraciones pequeñas, donde los funcionarios conviven con los mismos actores económicos a los que deben supervisar, el riesgo de presiones —directas o indirectas— es mayor. La gestión de conflictos debe extenderse a todo el entramado administrativo, no limitarse a los niveles superiores.
Un elemento problemático es la normalización de estas prácticas. Cuando el paso del sector público al privado se percibe como una evolución profesional natural, sin reflexión ética ni evaluación de riesgos, se debilita la frontera entre ambos ámbitos. Esta normalización no solo afecta a la percepción externa, sino a la toma de decisiones internas, que pueden verse condicionadas por expectativas futuras.
Un riesgo a gestionar
Frente a este escenario, Canarias necesita avanzar hacia un enfoque más preventivo y transparente. Fortalecer los registros públicos de intereses, establecer controles reales sobre actividades posteriores al cese y dotar a los órganos de control de capacidad sancionadora efectiva son pasos necesarios. Igual de importante es promover una cultura institucional de integridad, donde el conflicto de interés no se interprete como una acusación personal, sino como un riesgo que debe gestionarse con rigor.
Gestionar adecuadamente los conflictos de interés no es una cuestión moral, sino democrática»
La solución no pasa por prohibiciones absolutas, sino por reglas claras, aplicables y verificables. En administraciones pequeñas, donde la proximidad es inevitable, la única defensa es la transparencia de las decisiones y el respaldo a quienes alertan de posibles conflictos. Sin estas garantías, las puertas giratorias seguirán generando desgaste institucional.
Gestionar adecuadamente los conflictos de interés no es una cuestión moral, sino democrática. La confianza en las instituciones se construye sobre la certeza de que las decisiones públicas se adoptan pensando en el interés general, no en las oportunidades futuras de quienes las toman.
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