El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha iniciado un crowdfunding, un sistema de financiación colectiva que funciona mediante pequeñas contribuciones particulares, como método para respaldar con aportación de fondos los gastos jurídicos que tiene que asumir el ayuntamiento de un pueblo de Teruel tras haberse interpuesto un recurso contra él. En concreto, se trata de una ayuda altruista para colaborar con el Ayuntamiento de Mosqueruela ante las actuaciones que puedan derivarse tras haberse iniciado ante un contrato «irregular» en el consistorio.
Según ha señalado Teruel Existe en un comunicado, «la recaudación de fondos derivará en la defensa de los vecinos de Mosqueruela frente a un contrato que el consistorio firmó en el año 2023 en favor de unos asesores externos». La empresa, con sede en Cuenca, «fue contratada para prestar un servicio de asesoramiento y tramitación de las tasas e impuestos municipales sobre renovables, a cambio de recibir el 15% los tributos obtenidos por el consistorio en esa materia».
El concejal Joaquín Gargallo ha afirmado que «el contrato supone un cúmulo de irregularidades: no se define claramente su objeto, ni el monto económico, ni el tiempo de duración. Además, por su cuantía superior a los 15.000 euros que marca la ley para la contratación directa debería haber salido a licitación pública para que pudieran presentarse otras empresas y no ser adjudicado directamente». Gargallo ha indicado que «este contrato surgió a raíz de las oscuras gestiones y acuerdos del Clúster del Maestrazgo. Es un contrato abusivo y una supuesta y presunta prevaricación y malversación del dinero de todos».
Tras la denuncia pública de Gargallo, el ayuntamiento retiró de su propuesta de aprobación por el pleno una factura de casi 105.000 euros para pagar a esta empresa, asunto por lo que edil de Teruel Existe se manifestó satisfecho «dado que nos da la razón» y pidió la revisión del contrato, considerándolo «nulo de pleno derecho al no cumplir los requisitos de la Ley de Contratación Pública».
Teruel Existe ha pedido que se investigue también el mismo tipo de contrato con la Asociación Viento Alto, con el mismo despacho de asesores, y que «a pesar de las continuas solicitudes de información, nada sabemos, pese a que la asociación está constituida por ayuntamientos y por tanto tienen la obligación de responder de forma transparente». Para Gargallo este contrato es «una muestra más de las irregularidades y la alfombra roja desplegada por las administraciones ante el proyecto del ‘Clúster Maestrazgo».
