A finales de 2026 la nueva Residencia de Mayores Dependientes ubicada en la calle del Cronista Vicente Martínez Morellá, en el barrio de Juan XXIII, podría estar finalizada. Este es “el plazo más optimista” que maneja la Conselleria de Servicios Sociales, liderada actualmente por Elena Albalat.
El pasado viernes el pleno del Consell aprobó la autorización del contrato administrativo para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras. El contrato se licitará mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, y cuenta con un presupuesto total de 21.155.935 euros, IVA incluido.
Desde la Conselleria explican que la construcción será “industrializada”, un sistema “que solo se ha aplicado en Cataluña y en el País Vasco” y que permite “optimizar los tiempos y la eficiencia del proceso”. Tanto es así que desde la misma Conselleria, pese a que el viernes establecieron el plazo de ejecución en 24 meses, ahora se atreven a reducirlo a la mitad. El motivo de la reducción de plazos es que la obra no partiría desde un punto cero, sino que se llevaría a cabo a través de módulos prefabricados, hecho que agilizaría los trabajos.
Acceso exterior a la residencia de mayores de Alicante, ubicada en el barrio de Juan XXIII. / Pilar Cortés
“Estos días se prevé sacar las licitaciones, la adjudicación se realizará en el primer trimestre del año y para final de 2026 la obra puede estar hecha”, explican. Actualmente, el centro acoge unos cien usuarios y la nueva infraestructura, según Conselleria, podrá atender a unos 120.
Según se informó en su momento, la actuación responde a “la necesidad técnica de demoler el inmueble al detectarse patologías estructurales, obsolescencia de las instalaciones y graves deficiencias funcionales que hacen inviable su rehabilitación”.
Imperativo legal
Trabajadores del centro afirman que no se detectan deficiencias, pero sí “un edificio con 50 años de antigüedad y unos sistemas hídricos y unos espacios que no están adaptados a las nuevas leyes, que exigen unos espacios y unas anchuras que obligan a reformar el edificio”.
La normativa vigente se encuentra en el decreto 27/2023 del 10 de marzo del Consell, por el que se regulan la tipología y en funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del sistema público valenciano de servicios sociales. Los objetivos de este decreto, según su propio preámbulo, son “establecer un marco de instrumentos y medidas para que los servicios sociales sean prestados con criterios, requisitos y estándares óptimos de calidad, eficiencia y accesibilidad”.
Entre muchas otras obligaciones, en la normativa se marcan un mínimo de accesos, la diferenciación de las dependencias administrativas de las zonas de uso, salas de visitas con un mínimo de 8 metros cuadrados, aseos accesibles y otras indicaciones en materia de cocina, vestuarios, almacenes, espacios de basuras, comedor o salas grupales.
La nueva infraestructura se hallará en el mismo lugar que ha existido hasta ahora, hecho que obligará a trasladar a los usuarios a otro centro de manera temporal, “lo más cerca posible y con los menores inconvenientes”, afirman desde la Conselleria sin precisar destino. Este traslado se llevaría a cabo en julio, según cálculos del Consell, con la esperanza de que a final de año los usuarios puedan volver a la Residencia de Mayores Dependientes, que para entonces se pretende que esté renovada.
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