Comisiones Obreras (CCOO) ha señalado este viernes que el punto sobre el padrón municipal dentro del acuerdo entre el PP y Vox para aprobar los presupuestos municipales de Sevilla «puede constituir un delito de odio».
El sindicato ha indicado que el derecho de empadronamiento «está garantizado por la legislación española como garantía de igualdad y acceso a servicios públicos». Asimismo, ha asegurado que «pretender segregar a personas del padrón por su situación administrativa vulneraría el principio constitucional de no discriminación».
En una nota, el secretario general del sindicato, Carlos Aristu, ha calificado la medida como de «paparruchada» y ha señalado de que «el sindicato no permitirá que ningún trabajador municipal sea presionado para hacer un uso indebido de sus funciones, por lo que la operatividad práctica de este acuerdo será nula».
En este sentido, ha indicado que si el sindicato tiene conocimiento de «alguna instrucción del Ayuntamiento en ese sentido, CCOO lo pondrá en conocimiento de manera inmediata ante la Fiscalía».
«Hacer una cacería administrativa de las personas de origen extranjero residentes en Sevilla, cuya inmensa mayoría lo hacen de forma regularizada y trabajan en condiciones de precariedad, puede ser además constitutivo de delitos de odio», ha afirmado Aristu.
PP y Vox firmaron este martes, 23 de diciembre, un acuerdo para aprobar los presupuestos municipales para 2026. Uno de los documentos del acuerdo recogía una «intensificación» del control del padrón municipal.
Según el documento, el Ayuntamiento va a exigir la acreditación de identidad en vigor para el registro en el padrón. Para ello, se compromete a la elaboración de un protocolo reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes del padrón en un plazo máximo de 15 días, «incidiendo en aquellos casos de acreditación dudosa del domicilio mediante los instrumentos de inspección y fomento de la colaboración interinstitucional».
Esta medida era una de las peticiones de Vox para dar luz verde a las cuentas municipales. Su portavoz, Cristina Peláez, aseguraba que el control del padrón busca «evitar la inscripción de inmigrantes ilegales» y ha defendido que se «ajusta a la ley».
En esta línea, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, afirmaba que que el acuerdo «no supera ninguna línea roja» y que «no incumple ninguna ley».
