El conflicto laboral en la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal (FBD) ha escalado tras la denuncia pública de la plataforma de trabajadores que gestiona el Servicio de Curatela y Apoyo para Personas Adultas. Este colectivo denuncia «graves irregularidades detectadas en el concurso-oposición» para cubrir plazas de personal laboral, al alertar de que las deficiencias del proceso tienen un «impacto directo tanto sobre las personas afectadas como sobre la continuidad y calidad de la atención a las personas usuarias» en un servicio que -dicen- ya sufre ratios de atención muy elevadas y una fuerte tensión asistencial.
La Plataforma de Personas Afectadas denuncia que el concurso se convocó a pesar de que parte del personal ya había interpuesto una demanda judicial para conseguir plaza fija tras más de tres años de servicio ininterrumpido en una situación de «fraude de ley». Actualmente, el proceso se encuentra en fase de impugnación judicial de las bases con solicitud de medidas cautelares, lo que genera una «grave inseguridad jurídica» para todos los aspirantes, alertan.
Entre las irregularidades más críticas destaca la no valoración de la experiencia profesional que los trabajadores ya habían acreditado mediante certificados de la propia FBD. Los afectados califican de «exigencia desproporcionada» la petición de la vida laboral completa, alegando que es contraria a los principios de «proporcionalidad, buena administración y minimización de datos» de acuerdo con la normativa vigente.
El impacto: expertos fuera y noveles con plaza
Esta «no valoración de la experiencia laboral por un exceso de celo» -sostienen los afectados- ha tenido consecuencias directas -lamentan- en el listado de aprobados. Según detallan, más de un 41% de los que superaron el examen han quedado excluidos de puntuar al máximo en el apartado de experiencia. Esto ha provocado que opositores con mayor nota y años de experiencia acreditada hayan quedado fuera del proceso, mientras que otros aspirantes con calificaciones inferiores y una experiencia profesional menor o prácticamente inexistente han obtenido plaza. A esto se suma la denuncia por la «falta de respuesta motivada a las alegaciones presentadas», la designación directa de los tribunales y la publicación de datos personales en la web de la entidad.
Otro punto de fricción es el derecho a la indemnización para quienes superaron las pruebas, reconocido inicialmente en las bases reguladoras. Sin embargo, la FBD ha comunicado recientemente -destacan los denunciantes- que no reconocerá este derecho, una decisión que los afectados tildan de «indefensión jurídica» y que les obliga a acudir al Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (TAMIB) para reclamar «un derecho ya reconocido». Esta situación -manifiestan- supone una carga económica y emocional «innecesaria» para personas que han superado el proceso con éxito.
Desde la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, la postura técnica sigue siendo inflexible, manteniendo que las bases eran claras y no fueron impugnadas a tiempo. No obstante, los trabajadores insisten en que si la propia Fundación les paga cada mes, ya disponen de su información laboral y el rechazo de los méritos es una «falta total de voluntad política».
Ante lo que consideran un abuso que perpetúa la precariedad, el colectivo reclama el reconocimiento de plaza fija para el personal «en fraude de ley» según la jurisprudencia europea. Asimismo, exigen la revisión inmediata del proceso selectivo respetando la legalidad vigente y la apertura de «un diálogo real» con la Conselleria, con la que -dicen- han solicitado reuniones sin éxito hasta el momento.
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