El pulso entre el Cabildo y la Unión Deportiva Las Palmas por la explotación comercial del Estadio de Gran Canaria llegó ayer hasta el Pleno de la corporación insular y tanto el gobierno de NC-PSOE como los grupos de la oposición estuvieron de acuerdo en que hay que serenar ese debate y evitar el cruce de declaraciones porque esa cuestión no se decidirá hasta dentro de cinco o seis años. Por tanto, no serán los actuales gobernantes, ni quizá los del siguiente mandato, los que tengan que otorgar.
También salió a relucir que lo que está en juego es un negocio de 500 millones de euros en diez años, según los cálculos de empresas especializadas en la explotación comercial de recintos deportivos, según comentó el consejero de Deportes, Aridany Romero.
Y el presidente Antonio Morales, con cierta ironía, lanzó una propuesta al máximo dirigente del club, Miguel Ángel Ramírez. «Si a al UD le sobra el dinero y tiene la posibilidad de invertirlo, lo puede invertir en esta obra también; y a lo mejor crear una sociedad pública- privada, caben muchas posibilidades, pero eso hay que hacerlo de manera dialogada y en el ámbito interno, no sacando un debate a la calles que distorsione la realidad».
Morales sostuvo que «más que nunca es necesaria la unidad y eso pasa porque no haya incontinencias verbales y presiones de una institución privada a una pública, sino todo lo contrario, mucho diálogo, agotar el consenso y todas las fórmulas posibles, pero con respeto escrupuloso a la legalidad».
«Nadie puede decir ‘si a mí no me toca, yo me voy’; eso no es aceptable y una institución pública como el Cabildo tiene que salir ante la ciudadanía para responder con firmeza, pues a nosotros nos corresponde defender el bien común, el interés general, y nadie nos va a mover de ahí», afirmó.
Morales insistió en que «cada uno debe estar donde le corresponde» y opinó que en estos momentos la misión de la UD «es hacer buenos fichajes, ganar y subir de nuevo a Primera División», mientras que la del Cabildo es que se ejecute la obra del Estadio con transparencia y que todo transcurra con total normalidad».
Ante las preguntas y comentarios de los portavoces de PP, CC y Vox sobre las disputas verbales de los últimos días con Ramírez, el presidente del Cabildo consideró que «hay un sentimiento de que todos los grupos políticos apoyan el proyecto porque es estratégico y necesita de firmeza y unidad a la hora de acometerlo».
«Nos jugamos mucho, no solo la participación en el Mundial, sino que estamos en un hito arquitectónico, de referencia cultural para la ciudad y de diversificación económica», concluyó Morales.
El consejero Aridany Romero también ofreció argumentos para sosegar la discusión de los últimos días, entre ellos que los derechos comerciales serán propiedad de la FIFA desde que se acabe la obra del Estadio, en 2029, hasta que se termine el Mundial de Fútbol, en el verano de 2030. Será a partir de esas fechas cuando se inicien los procedimientos administrativos para una hipotética concesión de la explotación comercial del Estadio.
«Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos este puente; la relación contractual entre la UD Las Palmas y el gobierno de la isla finaliza en junio de 2026 y desde junio de 2029 a julio de 2030 es la FIFA la que va a comercializar el Estadio, eso es lo que hemos firmado para poder ser sede; por tanto, los agentes que están ahora tienen que salir, nosotros y todas las sedes del Mundial», explicó.
Romero respaldó al presidente Morales, en el sentido de que primará la transparencia y la pública concurrencia, y avisó de que «quien le lanza un órdago al Cabildo no se lo está mandando al gobierno de ese momento, sino a toda la población de Gran Canaria.
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