La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha presentado una nueva actualización de sus series de financiación homogénea de las comunidades de régimen común. En este documento se aprecia que el sistema ha ido cambiando de forma desigual a lo largo de los últimos veinte años, ya que ha resultado más ventajoso para territorios insulares y de menor tamaño, mientras ha supuesto un perjuicio para autonomías con fuerte incremento de población, como Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana.
Fedea publica la actualización de sus series de financiación homogénea de las comunidades autónomas de régimen común. Estas series, elaboradas por Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los más prestigiosos expertos de nuestro país sobre esta materia, intentan aproximar, mejor que los datos oficiales de financiación normativa, los recursos que el sistema de financiación autonómica proporciona a las comunidades de régimen común para financiar las competencias comunes a todas ellas, calculados a igual esfuerzo fiscal (esto es, aplicando una escala tributaria común en todos los impuestos cedidos con capacidad normativa).
De la evolución de este indicador se desprende que el sistema de financiación autonómica ha generado diferencias notables entre territorios, de forma que algunas comunidades han ganado terreno frente a otras en términos de recursos por habitante ajustado.
Entre las autonomías que más han escalado posiciones en financiación por habitante ajustado destacan Baleares (+20,9), con un avance muy acusado y claramente superior al del resto, así como Canarias (+5,4) y Extremadura (+5,1), que refuerzan su nivel de recursos en comparación con sus necesidades derivadas de la población. A cierta distancia, Cantabria (+3,3) y Cataluña (+2,4) consolidan incrementos de carácter moderado.
En el extremo opuesto figuran Andalucía (-4,8), que es la más afectada si se atiende al volumen de población implicada; La Rioja (-4,1) y Aragón (-4), con retrocesos destacados; junto con Murcia (-3,2) y Castilla-La Mancha (-1,7). La Comunidad Valenciana (-1,3) mantiene, además, una situación estructuralmente desfavorable en el reparto de la financiación.
