La Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales de Suiza remitió el 1 de octubre de 2021 un informe al Ministerio Público helvético en el que alertaba de que varios de los denunciados en el caso Plus Ultra habían recibido al menos 2,7 millones de euros en las cuentas bancarias que habrían utilizado para blanquear fondos de países sudamericanos, sobre todo de Venezuela. Así consta en un documento del Poder Judicial suizo, al que ha tenido acceso este periódico. En concreto, habrían recibido un millón de euros el 24 de enero de 2019, 994.356 euros el 14 de mayo de 2019 y 750.000 euros el 15 de abril de 2020.
Y cinco días después de recibir la denuncia de Antiblanqueo, el 6 de octubre de 2021, la Fiscalía suiza abrió una investigación por la que finalmente acusó a los integrantes de una «organización criminal» del lavado «a gran escala» de importantes sumas de dinero «de personas sujetas a sanciones internacionales».
MADRID, 13/12/2025.- El director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra, Roberto Roselli (d), a la salida de los Juzgados madrileñosibertad. / Borja Sánchez-Trillo / EFE
En el desarrollo de la investigación, tanto Suiza y como Francia reclamaron la ayuda de España la entrada y registro en domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Tenerife y Mallorca. Y por la información facilitada por estos países y la obtenida en las operaciones policiales, la Fiscalía Anticorrupción española inició sus pesquisas, para finalmente interponer una querella el 21 de octubre de 2024 en la Audiencia Nacional por el presunto blanqueo en Francia, Suiza y España de fondos procedentes del negocio del oro y del dinero destinado a luchar contra la pobreza en Venezuela.
En esta operativa de lavado de dinero se habrían utilizado los 53 millones de euros que recibieron los directivos de la aerolínea Plus Ultra de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Para llevar a cabo esta operativa, los financieros residentes en Suiza habrían concedido préstamos a Plus Ultra, que fueron utilizados para el pago de las nóminas de los empleados de la compañía aérea. Este dinero prestado fue devuelto con los fondos públicos concedidos por el Gobierno español.
El Ministerio Fiscal español hace referencia a que la empresa que concedió los préstamos a Plus Ultra vendió oro por un importe de unos 30 millones de euros a una mercantil de Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, transfirió importantes cantidades de dinero a Panamá.
Los querellados
Las acciones legales se dirigieron en la Audiencia Nacional contra Luis Felipe Baca Arbulu, Enrique Martín Baca Arbulu, Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos), Kristhian Alegre Walter (Perú) y un abogado español.
La querella fue rechazada por la Audiencia Nacional, que la derivó a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, que ya había cerrado una causa por la concesión del rescate a Plus Ultra. Ahora esta magistrada investiga un caso en secreto por los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias.
Efectivos de la Policía Nacional durante un registro en la sede de la aerolínea Plus Ultra / Alberto Ortega – Europa Press
Según confirman a esta redacción fuentes de la operativa, los hermanos Baca Arbulu contrataron los servicios de un abogado español para crear las empresas Trowbridgeet, Lagundri y Capital de Kaimana, que habrían sido utilizadas por la presunta organización criminal en la concesión de los créditos a Plus Ultra.
Venta de acciones
Las fuentes consultadas por esta redacción señalan que los préstamos bajo sospecha los habría negociado uno de los antiguos accionistas de Plus Ultra, en concreto el empresario venezolano Rodolfo Reyes, ante la falta de liquidez de la compañía tras la pandemia. De forma reciente, Reyes se habría desprendido de sus participaciones en la aerolínea, que han ido a parar a Julio Martínez Sola, según Cinco Días, que detalla que el empresario habría pasado de poseer poco más del 1% a tener el 65%.
La Policía Nacional registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales. / FERNANDO VILLAR /EFE
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, en funciones de guardia, decretó la semana pasada la libertad de los detenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en el caso Plus Ultra: el presidente, cofundador y actual dueño de la compañía, Julio Martínez Sola, su ‘número dos’, el consejero delegado-director general, Roberto Roselli; el empresario Julio Martínez Martínez; y un abogado.
Por otra parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció el pasado jueves que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del ‘caso Koldo’ citará al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su encuentro con el empresario Julio Martínez Martínez, uno de los cuatro detenidos por la UDEF en el caso Plus Ultra. Este periódico ha podido confirmar que la empresa Whathefav, de las hijas de Zapatero, incluye entre sus clientes a la firma Análisis Relevante, del mencionado empresario.
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