La primera ley que se publicó en el BOE este 2025 fue la de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, una norma con aplicación en tres fases –la última y definitiva se activa el próximo 1 de enero— que supone toda una revolución de la organización de la justicia en nuestro país. El clásico juzgado con un juez al frente, su letrado (antiguo secretario judicial) y sus funcionarios adjuntos desaparece en favor de un órgano colegiado que agrupará varias plazas de juez con unos servicios comunes.
Se busca la eficiencia, pero los jueces y otros operadores jurídicos advierten de la falta de inversión económica, de la ausencia de protocolos (el Consejo General del Poder Judicial no ha aprobado los reglamentos internos) y del hecho de que el expediente digital no sea una realidad en todos los territorios, por lo que auguran una situación caótica en la justicia en las próximas semanas si no se opta por una moratoria. La queja más común es la improvisación, esto es, que se está intentando hacer en muy pocos meses lo que costaría años implantar.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha convocado este lunes la Conferencia Sectorial de Justicia para valorar la situación con los responsables de las comunidades autónomas con las competencias transferidas. Adelanta que apoyará prórrogas breves en el caso de que se soliciten en algún territorio concreto, pero para muchos operadores jurídicos esto no será suficiente.
Sin instrucciones
«No hay una dirección clara para ordenar el trabajo en los servicios comunes, hay juzgados con expedientes por los suelos… Y todos temen un colapso total por tanta imprevisión«, señalan desde la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que ha pedido al Ministerio de Justicia que retrase esta tercera fase de implantación de los tribunales de instancia en vista de la actual situación.
La portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, considera que pretender cambiar toda la organización judicial en menos de un año «es un disparate», y apunta en conversación con El Peródico que en algunos sitios pequeños donde la reforma ya se viene aplicando desde hace algunos meses –en julio comenzó la primera fase– aún no se han conseguido celebrar juicios. Las disfunciones, según esa asociación, se ven especialmente en las citaciones y el control de la tramitación de los procedimientos, por lo que temen una afectación a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
Las asociaciones también hablan del diferente grado de implantación por territorios, puesto que en lugares como Asturias o el País Vasco apenas se ha comenzado a hacer nada. «Ojalá se imponga en sentido común», comentaba del Barco en la red X nada más conocer la convocatoria, si bien duda bastante que se apliquen moratorias. «Es una decisión política», añade. Con esta misma idea de una España judicial no a dos, sino «a seis o siete velocidades» coinciden en el Foro Judicial Independiente.
Para el Foro Judicial Independiente, el problema de esta reforma es que se pretende una modificación de la administración de justicia sin la debida inversión en actuaciones imprescindibles para su puesta en práctica. Por ello, también solicitan el aplazamiento de la entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia. «De todas formas, el error de concepto estriba en creer que el principal problema de la justicia es de organización. La falta de jueces, en relación con las ratios existentes en países de nuestro entorno, es muy grave, lo que genera situaciones insoportables de sobrecarga de trabajo», indica a esta redacción Roberto García Ceniceros.
Retraso del CGPJ
Desde Juezas y Jueces para la Democracia se reprocha la inacción del Consejo General del Poder Judicial. «No han reformado ni uno de los cinco reglamentos que hacía falta modificar, únicamente se ha aprobado en el último Pleno el de nombramientos, que es inocuo para la puesta en marcha de los tribunales de instancia», señala a EL PERIÓDICO su portavoz Edmundo Rodríguez Achútegui.
Fachada de los Juzgados de Motril. Archivo. / Europa Press
De este modo, los jueces se enfrentan a la reforma sin saber cómo gestionar las guardias, los detenidos, la dación en cuenta a sus superiores, la organización de juicios, los señalamientos… No hay forma de saber cómo será la comunicación ni con quién, les ha pillado el toro».
A punto
Desde el Departamento de Bolaños se señala que en las comunidades en las que el Ministerio es competente –Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, además del Supremo y la Audiencia Nacional– se defiende que «todo está a punto» para el 1 de enero. No obstante, en la propia convocatoria para el lunes se admite que si las comunidades con la justicia transferida solicitan una prórroga para culminar la tercera fase de implantación de los tribunales de instancia, se «aprobará».
Según otros expertos juristas consultados, lo positivo del nuevo modelo que es que busca una mejor optimización de recursos y facilitará la unificación de criterios jurisdiccionales y prácticas procesales, si bien se considera obvio que dar el salto de unos pocos a todos los partidos es un desafío organizativo mayúsculo que, además, se acomete sin dotación económica específica.
El magistrado Jaime Francisco Anta, juez decano de Santander advierte en un blog publicado por la Asociación Hay derecho, de que la reforma también busca «aislar al juez, a quien se le sustrae el equipo de personas sobre el que tenía interlocución directa, para ponerlo en manos de letrados de la Administración de Justicia», un cuerpo que se integra en el poder ejecutivo (dependen directamente del Ministerio de Justicia) que de este modo gana poder en este ámbito.
En otra colaboración con la web de la Abogacía Española, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, augura la llegada «tsunami jurídico» porque ve muy difícil» que los tribunales andaluces puedan estar a «pleno rendimiento» a 31 de diciembre con esta reforma como se pretende, por lo que prevé unos «meses turbulentos» y «de desajustes».
También se ha pronunciado a decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, ha advertido que es «imposible» que la tercera fase de la ley de eficiencia de la justicia, que comporta la creación de los tribunales de instancia y la desaparición de los juzgados unipersonales, es despliegue el próximo 1 de enero en Barcelona, como está previsto, por la falta de jueces, personal y digitalización de expedientes.
Letrados y funcionarios
Esta redacción ha ampliado su consulta a los letrados de la administración de justicia, entre los que ya se han nombrado –algunos hace apenas unos días– los directores de esos servicios comunes sobre los que pivotará toda la actividad judicial. «El modelo nos parece correcto, pero la aplicación es improvisada», señala Xoán Xosé Yáñez de la asociación UPSJ, para añadir que la situación no será fácil, pero tampoco se arreglará con un aplazamiento. «A los letrados se nos está exigiendo mucho en este proceso de cambio y se nos va a exigir mucho en el nuevo modelo, pero el Ministerio todavía tiene pendiente de cumplir compromisos con nosotros muy importantes, sobre sustituciones, carrera profesional o productividad», recuerda.
Finalmente, los funcionarios tampoco lo ven claro. Javier Jordán, presidente de Justicia en el CSIF, subraya a este diario que «en general el desconcierto, la incertidumbre, la falta de información sobre cómo se va a trabajar desde el próximo 1 de enero y, por qué no decirlo, el cabreo del personal son las notas dominantes en los, todavía, juzgados de nuestro país». Apunta igualmente a la ausencia de protocolos de funcionamiento, porque «los que se han publicado se han conocido hace escasos días y plantean problemas de aplicación práctica».
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