- El papel clave de María Jesús Montero
- La nueva financiación de Cataluña
- El malestar en otras comunidades y la reforma del sistema
- La hoja de ruta de Hacienda
Son tiempos convulsos para el Gobierno. Tras semanas azotado por los casos de acoso laboral y la nueva investigación por corrupción del ‘caso Leire Díez’, el Ejecutivo trata de salvar la legislatura reforzando la relación con los socios. De eso se ocupará el presidente, Pedro Sánchez, desde el comienzo de 2026 y María Jesús Montero, vicepresidenta primera, jugará un papel clave para desencallar la legislatura.
El papel clave de María Jesús Montero
La también ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía apura sus últimos meses en el Consejo de Ministros con un protagonismo singular: encarrilar el cupo catalán y la reforma de financiación de las comunidades autónomas. Estos dos objetivos hacen converger sus intereses como candidata y su labor como ministra. Por eso no abandonará el Ejecutivo antes de dejar encarrilados ambos proyectos, según confirman a Confidencial Digital fuentes gubernamentales.
La deriva que ha tomado la legislatura hace más importante aún la labor pendiente de Montero, que ya resultaba crucial para el apoyo de los partidos independentistas catalanes. El presidente se ha propuesto reunirse con todos los socios parlamentarios que le invistieron en 2023 para hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Conversaciones dirigidas a escuchar sus peticiones y tratar de relanzar la agenda legislativa del Ejecutivo.
Esa ronda de contactos se prepara con el objetivo claro de convencer a ERC y Junts. Por eso, la primera reunión será con Oriol Junqueras; la primera foto entre Sánchez y el exvicepresident amnistiado por el delito de sedición, aunque mantiene la inhabilitación por el delito de malversación al que también le condenó el Tribunal Supremo.
La nueva financiación de Cataluña
Aquí entra la primera gran tarea pendiente de Montero: la nueva financiación de Cataluña propuesta por el Ejecutivo y pactada con el PSC de Salvador Illa, actual president. De momento, solo se han trazado las líneas maestras de la nueva arquitectura que permitirá a la Generalitat recaudar el 100% de los impuestos en la autonomía. Pero queda pendiente definir cómo compensará al Estado por los servicios públicos no transferidos y que siguen dependiendo del Gobierno central.
El malestar en otras comunidades y la reforma del sistema
El acuerdo PSOE-ERC provocó un profundo malestar en otras regiones, incluida Andalucía. Y, previsiblemente, necesitará el apoyo del Congreso para conceder a Cataluña el nuevo régimen financiero. Para no caer en un evidente agravio comparativo con el resto de las autonomías, Montero anunció que abordaría una reforma completa del sistema de financiación con todas las comunidades. La segunda tarea pendiente que todavía le ata al Consejo de Ministros.
El Gobierno trata de navegar en una delgada línea que complazca las peticiones de ERC e impida al Partido Popular acusar a la ministra de haber perjudicado a Andalucía en el nuevo régimen de financiación. Hacienda quiere evitar esa imagen a toda costa y tendrá que esmerarse para conseguir dos objetivos que parecen antagónicos.
Sin esa labor, en Moncloa concluyen que Montero no puede poner rumbo a Sevilla y aseguran que aún quedan meses por delante de mucho trabajo y reuniones para atar todos los cabos.
La hoja de ruta de Hacienda
El equipo de la ministra intentará rebajar al máximo las diferencias de financiación entre el modelo catalán, aún por definir, y el dinero que reciban el resto de territorios adscritos a la caja común. Hasta ahora, las autonomías que más dinero ingresaban, aportaban más cantidad para impulsar aquellos territorios que generaban menos.
Un sistema solidario similar al que rige, por ejemplo, en el IRPF, en el que se aporta más cuanto más dinero se ingresa, y que rige en todos los países europeos. El acuerdo entre el PSC y ERC se basa en la “ordinalidad”, es decir, que ocupes la misma posición en ingreso y en retribución. Si Cataluña es la segunda que más aporta, debe ser la segunda que más recibe.
El plan de Montero es reducir al máximo la brecha que esto puede ocasionar, de manera que la diferencia entre territorios no supere los 1.000 euros por habitante.
