La decisión de la Conselleria de Educación de cambiar ahora las condiciones a los profesores interinos para entrar y permanecer en la bolsa, que les permite trabajar en los centros educativos sin tener plaza fija, ha desatado el rechazo frontal de los sindicatos. El departamento de Carmen Ortí trabaja en una orden, que limita la negociación sindical, y que entre otras cosas, permitirá excluir de estas bolsas al profesorado que esté dos años desactivado, o lo que es lo mismo, sin pedir destino en ningún centro. Además, eliminará la adjudicación de difícil cobertura, con la que se selecciona por sorteo a profesionales con el máster del profesorado para dar clase sin la necesidad de tener la especialidad, y la sustituirá por bolsas permanentemente abiertas, cuyo orden se establecerá únicamente por fecha y hora de inscripción.
Los cuatro sindicatos con representación en la mesa sectorial trasladaron este jueves a la conselleria su negativa a que el actual acuerdo de interinos de 2010 sea sustituido por una orden administrativa, al considerar que supone un retroceso en la negociación colectiva y en las condiciones laborales del colectivo. Por su parte, Educación ha alegado que pretende garantizar personal suficiente y agilizar la gestión administrativa, además de aplicar criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios en los procedimientos de acceso.
La conselleria quiere expulsar de la bolsa a los que estén desactivados dos años y a eliminar la difícil cobertura
Desde STEPV, el sindicato mayoritario, cuestionaron desde el inicio el cambio de fórmula jurídica. «Un acuerdo obliga a todas las partes a negociar hasta que todas estén de acuerdo, mientras que una orden no requiere del aval sindical. Por lo tanto, es un retroceso clarísimo», aseguró su coordinador, Marc Candela.
Además, la fuerza sindical denunció una pérdida de condiciones laborales en la propuesta presentada, como la expulsión de la bolsa de trabajo de las personas que no hayan solicitado plaza en los últimos dos años o la eliminación de la posibilidad de repetir vacante en lugares de difícil provisión, entre otras cuestiones.
UGT también expresó, en primer lugar, su oposición a que Educación apueste por una orden para regular el acceso de los interinos porque «constituye una decisión unilateral de la Administración». El sindicato también criticó, especialmente, la exclusión automática de las bolsas por inactividad durante dos años. «Es una medida injusta y desproporcionada, que penaliza situaciones personales legítimas como la conciliación familiar, problemas de salud o circunstancias imprevistas», señalaron. Aunque valoran positivamente el compromiso de la Administración de permitir acreditar las causas que han impedido solicitar plazas, consideran «imprescindible que esta opción quede plenamente garantizada».
El sindicato alertó además de que «la pérdida de los servicios prestados en caso de exclusión supone una doble penalización: la expulsión de la bolsa y la pérdida de la experiencia profesional acumulada», una medida que califican de «claramente punitiva, desproporcionada y contraria a los principios de seguridad jurídica y reconocimiento del trabajo realizado».
También garantizar los derechos del profesorado técnico de Formación Profesional (FP) que Educación pretende extinguir, mejorar la transparencia de los listados de plazas y asegurar la regulación de la duración de las vacantes y del tiempo efectivamente trabajado. «Es necesario garantizar el cobro durante el periodo de verano y evitar situaciones de precariedad injustificada», indicaron. Asimismo, solicitaron la creación de una comisión de seguimiento para mejorar el texto mediante el diálogo.
Oposiciones a maestro en Alicante, en imagen de archivo / ALEX DOMINGUEZ
Impugnación y tribunales
Por su parte, Comisiones Obreras advirtió a la conselleria que si impone una orden cerrada, sin negociación sindical, la impugnará y la llevará a los tribunales. No obstante, apoyó propuestas concretas como eliminar las adjudicaciones de difícil cobertura y sustituirlas por un sistema de bolsas permanentemente abiertas, además de reclamar que “todas las sustituciones sean hasta el 31 de agosto, siempre que no vuelva el titular, ya que la finalización el 30 de junio no tiene justificación legal”. Asimismo, defendió que los docentes desactivados en la bolsa puedan continuar en esa situación y no sean expulsados a los dos años.
ANPE coincidió en la necesidad de mantener el marco del acuerdo vigente. «La vía legítima más óptima para modificar el sistema es tomar como base el acuerdo vigente», afirmó el sindicato, que exigió continuar la negociación en una nueva mesa sectorial. Tras la insistencia de los sindicatos, Educación se comprometió a convocar una nueva reunión para tratar de avanzar en una decisión que ha vuelto a generar controversia en la enseñanza.
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