El mecanismo exprés que obliga a reubicar a los menores no acompañados que llegan a Canarias en un plazo máximo de 15 días ha fracasado. Este procedimiento –que obliga a trasladar con rapidez a los menores que llegan al Archipiélago tras declararse la contingencia migratoria, adoptada después de que las Islas triplicaran su capacidad de acogida– no está funcionando como se esperaba. Según denuncia el Gobierno regional, los niños están atascados en las Islas Canarias hasta mes y medio cuando el plazo para reubicarlos es de dos semanas. Y pese a que desde la contingencia han llegado más de 200 nuevos chicos, solo se han materializado 51 derivaciones que, en la mayoría de los casos, han permanecido en los centros de la Comunidad una media de 45 días.
El ritmo de salidas es insuficiente para aliviar el hacinamiento en la red de acogida del Archipiélago, que actualmente atiende a más de 4.500 chicos. El principal escollo de la vía exprés, sostiene el Ejecutivo regional, reside en la «complejidad» de los trámites burocráticos. Las subdelegaciones del Gobierno son las encargadas de inscribir a los menores en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (REMENA), de la Policía Nacional y decidir en qué comunidad serán reubicados. Todo ello se está realizando mediante un «procedimiento administrativo común» que, lejos de agilizar los traslados, los ralentiza.
«Puntos rojos»
Estos imprevistos –que Canarias define como «puntos rojos»– han llevado al Ejecutivo a trasladar su preocupación al Ministerio de Juventud e Infancia, que a su vez mantiene reuniones con las subdelegaciones del Gobierno para analizar la situación. En esta línea, la próxima semana está previsto un encuentro interministerial entre el Ministerio de Política Territorial y el de Infancia con el objetivo de ajustar los procedimientos.
Las dificultades no son nuevas. Desde que se realizó el primer traslado exprés en octubre –más de 40 días después de la contingencia– la Comunidad Autónoma ha tenido que sortear numerosos obstáculos. El primer intento de derivación fracasó al constatarse que el menor era mayor de edad y desde entonces la viabilidad de los plazos se ha visto cuestionada.
Así, antes de abandonar el Archipiélago, los menores deben superar numerosos trámites que dificultan la agilización del mecanismo exprés. Una vez completado esto, corresponde a las regiones de destino habilitar las plazas de acogida. Un paso que se demora.
Canarias se vio obligada a declarar hace dos años la emergencia migratoria para poder abrir plazas sin tener que someterse a todos los procedimientos administrativos que ralentizan la respuesta. El resto de regiones no cuentan con ese marco excepcional, por lo que existe mayores dificultades para habilitar con rapidez las plazas, ya que no es posible abrir centros de forma inmediata ni dotarlos de material ni del personal necesarios mediante contratos de emergencia.
Los expedientes
Otro foco de tensión es la tramitación de los expedientes. El Ejecutivo autonómico prevé remitir a la Delegación del Gobierno, de aquí a mediados de enero, cerca de un millar de expedientes de jóvenes que ya se encontraban alojados en el Archipiélago antes de la declaración de la contingencia. La gestión de la documentación de los chicos ha generado discrepancias entre administraciones desde que comenzó el proceso.
Delegación asegura haber autorizado ya más de 300 traslados, mientras que algo más de un centenar de expedientes han sido archivados por mayoría de edad o por resoluciones negativas de la Fiscalía. El problema, sostuvo el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, es la «falta de agilidad» por parte del Gobierno autonómico. De las 331 autorizaciones favorables, reprochó, Canarias solo ha materializado 108 traslados. Un argumento que no comparte el Ejecutivo regional que afirma haber resuelto, a fecha de 15 de diciembre, 237 expedientes únicamente de chicos que ya se encontraban en las Islas antes de la contingencia. Ese mismo día, se había recibido 104 resoluciones de nuevas llegadas.
Las reubicaciones de los menores solicitantes de asilo tampoco están exentas de dificultades. El Tribunal Supremo requirió ayer al Estado que garantice –en un plazo de 30 días– el acceso en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a los menores que se encuentran bajo la atención de los servicios de protección de Madrid y que han solicitado asilo. La resolución reproduce los razonamientos que sirvieron de base para conceder a Canarias una medida similar.
Suscríbete para seguir leyendo
