Las tramas presuntamente corruptas en torno a la considerada «fontanera» del PSOE Leire Díez parecen cruzarse, o al menos eso cree el juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego, que la investiga por el complot en el que habría participado contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y varios fiscales anticorrupción. Así, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que ha solicitado a la Audiencia Nacional que le remita el atestado elaborado por el instituto armado que dio lugar la semana pasada a la detención de Díez y de otras dos personas implicadas en presuntos amaños en torno a la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, tiene fecha de este miércoles y responde a un requerimiento realizado por la acusación popular que ejerce Hazte Oír en este asunto. Zamarriego señala que, «en el caso de estar declarado secretas dichas actuaciones», como realmente sucede, la remisión de dicha información debe realizarse «una vez alzado el secreto».
La operación en torno a adjudicaciones irregulares de la SEPI la inició el juez Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, que fue quien ordenó las detenciones y registros (hasta en 19 ubicaciones diferentes) en relación al exvicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero; un supuesto socio y hombre de confianza del ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, Antxon Alonso, y a Leire Díez.
En manos de Pedraz
Sin embargo, estas diligencias le correspondieron al estar de guardia cuando la Guardia Civil solicitó los arrestos, y ahora el caso ha correspondido por reparto a su compañero del Central 5, Santiago Pedraz. Por ello tendrá que ser éste el que atienda finalmente al requerimiento del instructor de los juzgados ordinarios.
En su escrito ante el juez Zamarriego, la acusación popular incidía en que los registros de la semana pasada habían sido realizado en su mayoría «en relación con presuntas actividades delictivas en las que estuvo implicada Leire Díez», por lo que consideraban de interés que el juez que ya lleva investigando a la exconcejal cántabra desde hace varios meses por supuestos chantajes podría tener interés en tener copia de la documentación que haya podido ser incautada en su domicilio.
En el mismo escrito, esta parte interesaba que fuera el propio Zamarriego el que registrara el domicilio de la exmilitante y el volcado de sus correos electrónicos, mensajes en aplicaciones como WhatsApp, Telegram etc, si bien a esta petición el juez del caso no da una respuesta concreta. Su petición se limita a solicitar el atestado de la UCO en la causa abierta la semana pasada en la Audiencia Nacional.
Zamarriego aún tiene pendiente responder a otra batería de pruebas solicitadas por la acusación popular que incluyen la citación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en calidad de testigo en el marco de la causa que dirige contra la exmilitante socialista Leire Díez.
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