El área municipal de Protección del Paisaje y Calidad Ambiental ha reabierto la tarde de este jueves la calle Miguel Rosas y la pensión ubicada en el número 9 de la misma vía, «excepto una habitación», subrayan desde el Consistorio. El paso de la vía ha quedado de nuevo habilitado para los paseantes.
Los técnicos habían acudido al lugar desde el miércoles tras ser alertados por los servicios municipales de Seguridad y Emergencias ante el riesgo de derrumbe. La primera actuación consistió en asegurar el edificio y los perímetros afectados, «protegiendo a las personas y los bienes cercanos», informaron entonces.
Desde ese día se están elaborando los informes técnicos que determinen las causas y consecuencias del incidente, aun sin definir.
Algunas de las personas que viven en la pensión Guacamayo, en el entorno del parque Santa Catalina, no quitaban la mirada la tarde de este jueves al perímetro de seguridad que les separaba del que es su lugar de residencia, para muchos desde hace meses.
El cordón policial solo permitía el acceso a los técnicos municipales, que durante toda la jornada evaluaban el estado del edificio para verificar si los trabajos solicitados para la reapertura de la calle y del inmueble afectado eran los adecuados y podía finalmente llevarse a cabo.
Era el caso de Santana, uno de los inquilinos reubicado desde el miércoles en una pensión en San José junto a su pareja. Otros fueron trasladados también a viviendas y pensiones de Escaleritas. Tanto él como varios residentes más se acercaron este jueves a las inmediaciones «para ver si al menos podíamos entrar a coger la medicación», recalcaban.
«Han apuntalado una habitación»
Víctor es otro de los residentes que comenta en la calle, junto al resto de inquilinos, la difícil situación que les tocó vivir. «Nos sacaron con lo puesto», recuerda. «Imagínese que le quitan la llave de su casa. Así es como nos sentimos, pero entendemos que había que esperar a que el edificio estuviera en condiciones».
El resto de residentes explicaban el día del desalojo que durante las obras la azotea resultó «especialmente dañada, con el derribo de un muro perteneciente al inmueble».
Añade que la habitación que continúa cerrada «la han tenido que apuntalar por seguridad, pero solo esa».
Un total de 32 personas fueron evacuadas el miércoles como medida de prevención ante un posible derrumbe. De ellas, seis personas fueron reubicados en recursos dependientes de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (Fucas) del Gobierno de Canarias, al tratarse de un grupo en situación de vulnerabilidad, sujetos a un régimen de curatela.
El inmueble derribado responde al número 25 de la calle Ripoche, una vivienda construida hace casi un siglo, en 1930, en la que se estaban desarrollando trabajos de demolición para la construcción del hotel con 48 habitaciones. La Policía Local acordonó la zona para evitar el paso de viandantes.
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