Aragón se ha convertido, en las últimas semanas, en uno de los focos a los que más mira la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El cuerpo investigador de la Benemérita considera que Mediaciones Martínez, empresa zaragozana, era la encargada de «canalizar» las supuestas ‘mordidas’ que la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández, habrían logrado por su participación en diferentes operaciones de tipo industrial. La UCO considera, según sus primeras pesquisas, que la firma aragonesa que capitanea Carmelo Aznárez habría sido la encargada durante dos años de recibir y gestionar esos fondos, obtenidos presuntamente de manera ilícita. Los delitos investigados son los de malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
El Juzgado Central de Instrucción Nº6 de Madrid conoce desde hace unos días un informe que centra su investigación en el denominado grupo Hirurok. La agrupación era la forma de autodenominarse de los mencionados Vicente Fernández y Leire Díez, y también del tercer implicado en la trama, el empresario vasco Antxón Alonso. El nombre de Alonso ya había salido anteriormente a la luz como uno de los colaboradores más cercanos de Santos Cerdán, exsecretario de Organización, al que también se le investiga por su participación en una supuesta trama de corrupción ligada a la empresa Servinabar.
La UCO considera que el grupo Hirurok «podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública». El informe destaca «la perfección de este sistema» y que los tres integrantes habrían actuado «de forma coordinada con el propósito finalista de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones». Unas mordidas que habrían llegado hasta sus bolsillos «a través de la contratación y facturación mendaz» gracias a la intervención de la zaragozana Mediaciones Martínez.
La investigación asegura que la empresa zaragozana habría participado en esa tarea, la de canalizar los ingresos, «al menos durante el periodo comprendido entre 2021 y 2023» y destaca que tiene «proyección en distintos puntos del territorio nacional». La UCO insiste en que «los fondos percibidos en contraprestación de estas operativas fueron canalizados al grupo Hirurok a través de la sociedad Mediaciones Martínez».
El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, a su salida de la Audiencia Nacional. / EUROPA PRESS / DIEGO RADAMÉS
Según las pesquisas de la Guardia Civil, «la mayor parte de estos fondos fueron canalizados para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca». La presencia de la localidad oscense añade una pica aragonesa más a la extensión de la trama corrupta que se investiga en el entorno del PSOE. Según la Benemérita, estas acciones en Marbella y Jaca serán «inversiones comunes» y las considera «ligadas a los tres investigados».
La propia investigación afirma que no todos los fondos obtenidos con esas mordidas eran colectivos, sino que algunos se repartían «de forma individual» y que «el volumen y forma de ingreso variaron según la persona«. En el caso del expresidente de la SEPI, lo obtenido sería de «al menos 49.350 euros, a través de una serie de transferencias e ingresos en efectivo». La UCO también computa que Fernández estuvo contratado por Servinabar, la empresa de Antxón Alonso y Santos Cerdán, durante casi dos años, entre junio de 2021 y abril de 2023. En ese tiempo, según la Guardia Civil, habría recibido 128.092,80 euros provenientes de la firma navarra.
Arapellet, un tentáculo más en Aragón
El mismo informe que tiene el Juzgado Central de Instrucción Nº6 de la capital española refleja la intervención del grupo Hirurok en una ayuda a Arapellet, una filial del gigante de las energías renovables Forestalia. Según la investigación, la concesión de una financiación pública de 17,3 millones de euros por parte de Sepides (dependiente de la SEPI) apoyaría la inversión de 23 millones de euros para construir una planta de producción de pellets en Palencia. Generaría, según las estimaciones, 56 empleos.
El auto sostiene que el grupo investigado habría realizado “algún tipo de actividad” ante cargos públicos de Sepides que podría haber propiciado la aprobación de dicha ayuda.
Como contraprestación por esa actuación, los investigadores consideran indiciariamente que se habría pactado el pago de 200.000 euros a favor del grupo Hirurok. La resolución no cuestiona el proyecto industrial desarrollado por la empresa ni la actividad ordinaria del grupo Forestalia, pero sí sitúa bajo examen judicial el proceso de concesión de la ayuda pública.
