El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles que el Gobierno tiene previsto pedir a la Comisión Europea a partir de finales de enero el sexto desembolso de los fondos europeos Next Generation y recibir «durante el primer semestre» del año que viene sus 7.300 millones de euros de dotación (6.200 millones en subvenciones y 1.100 millones en préstamos). El objetivo del Gobierno es «poder proceder» a la petición de los 26.530 millones del séptimo pago (20.930 millones en transferencias y 5.600 millones en créditos) en agosto. Es decir, que «pueda llegar dentro de los plazos marcados por el plan de recuperación antes del final de 2026″.
Durante una comparecencia en el Congreso, Cuerpo ha ofrecido nuevos detalles sobre la nueva y última adenda del plan de recuperación que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada y que prevé que la Comisión Europea apruebe este mismo miércoles y el Ecofin el próximo 20 de enero. El sexto pago estaba previsto inicialmente para la segunda mitad de 2024, pero España -como la mayoría de socios de la UE- va con retraso en la ejecución de los fondos comunitarios. Para evitar «peder ni un euro» de las subvenciones, la modificación del plan contempla reducir de cuatro a dos los desembolsos pendientes.
Los plazos, en cualquier caso, son muy ajustados. Los países europeos tienen hasta el próximo 31 de agosto para cumplir los hitos y objetivos de reformas e inversiones ligados a los desembolsos, si bien el Ejecutivo comunitario dispondrá hasta el 31 de diciembre para realizar las transferencias. El Gobierno, por tanto, afronta el riesgo de perder parte de las subvenciones si no completa su ejecución antes del 31 de agosto de 2026 o si no se logra que el Parlamento apruebe algunas de las reformas legales comprometidas con la Comisión Europea.
Simplificación y ambición
La adenda del plan responde a la recomendación de la Comisión Europea de junio a todos los países de la UE de que simplificarán sus planes de recuperación para agilizar su ejecución sin renunciar a su ambición. En esta línea, el Gobierno ha reducido de 336 a 221 los hitos y objetivos pendientes y ha reformulado 160. Parte de esa reducción se debe a su decisión de renunciar a unos 60.000 millones de euros de los créditos asignados a España, con lo que los compromisos asumidos para acceder a los préstamos bajan de 77 a 28, mientras que los ligados a subvenciones se reducen de 259 a 193.
Frente a las críticas del PP, el ministro ha defendido que la adenda no implica una ambición menor. En este sentido, ha apuntado que de las 17 reformas con rango de ley previstas que se han eliminado, 12 no están relacionadas con las recomendaciones de Bruselas a España en materia de retos estructurales, pero se «mantendrán en la agenda legislativa» del Gobierno. Entre otras, son la ley del cine, la ley de modernización de la pesca, o la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Eliminadas y mantenidas
Las otras cinco reformas eliminadas, ha continuado Cuerpo, se sustituyen por otras de «similar ámbito y ambición». Sucede en materia de vivienda: la ley del suelo rechazada por el Congreso se sustituye por la reforma del Sepes para convertirlo en agencia estatal de vivienda. También en sanidad: la ley de cohesión, equidad y universalidad del sistema nacional de salud se reemplaza por la creación de la agencia estatal de salud pública, entre otras medidas.
Por su parte, la ley del estatuto marco del personal sanitario se cambia por iniciativas en materia de puestos de difícil cobertura, horas trabajadas y guardias, entre otras. Lo mismo pasa en el ámbito de la protección social: la ley de diversidad familiar se sustituye por el real decreto de ampliación del permiso de paternidad, mientras que la reorganización del sistema de prestaciones económicas no contributivas se reemplaza por la reforma de los incentivos al empleo en el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En cambio, se mantienen varias reformas e hitos considerados prioritarios, como la ley de movilidad sostenible (ya aprobada por el Congreso), la ley de desperdicios alimentarios, la creación del nuevo organismo público de evaluación, la ley de ‘lobis’, la modificación de la ley del mercado de valores, y los cambios en materia de beneficios fiscales. Aunque no lo ha citado Cuerpo, también está pendiente la subida fiscal del diésel para equipararlo a la gasolina, que ya ha provocado que Bruselas congelase parte de los pagos del quinto desembolso y que el Gobierno tiene muy complicado aprobar en el Parlamento.
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