La exconsellera valenciana Salomé Pradas ha evitado responder este lunes en la comisión de investigación de la dana en el Congreso a las preguntas incómodas, pero sí ha presentado un documento de ocho páginas con su versión de lo sucedido el 29 de octubre de 2024, un «apocalipsis», «una explosión meteorológica».
«Hice todo lo que estaba en mis manos y todo lo posible por ayudar desde mi rol institucional. Con ello no quiero que parezca que quiero reprochar a técnicos ni al resto de miembros del Cecopi absolutamente nada, porque creo que todos hicimos lo que buena y humanamente pudimos», se defiende.
El documento se inicia con un descargo. “Durante aquella jornada, estuve al pie del cañón desde primera hora del día, y así me mantuve hasta el mismo día en que me cesaron. Los numerosos vídeos incorporados a la causa, así lo demuestran. […] Yo llegué ‘chopada’ y preocupada al Cecopi, y allí permanecí casi sin salir, ininterrumpidamente, durante días. Otros, no llegaron nunca al Cecopi, o no llegaron a salir de sus despachos, o bien estaban inaugurando jornadas, o permanecían despreocupados, o simplemente estaban conectados a una pantalla”, señala, en lo que parece otra carga de profundidad al expresident Mazón, que llegó tarde, o la delegada, que siguió la crisis por videoconferencia.
Errores, pero de otros
En su documento, Pradas reconoce una serie de errores, pero todos parecen ajenos a su ámbito responsabilidad. Antes del 29 de octubre, falló el no disponer de planes actualizados de emergencias/inundaciones por parte de todas las administraciones. También la falta de obras hidráulicas, el exceso de normativa en materia de emergencias, o la falta de un protocolo operativo en materia de emergencias del es alert. También fallaron la ausencia de protocolos de avisos de Aemet y la CHJ, agencias estatales. O no disponer del Sistema de Alerta Temprana en la cuenca del Júcar, en su opinión.
Sobre el día 29, de nuevo vuelca todas las responsabilidades en las agencias estatales: “No haber tenido la información concreta, objetivada e interpretada y en tiempo real por parte de Aemet y CHJ a fin de poder actuar con prevención/anticipación y para cada emergencia concreta de las que acontecieron (así lo confirma la Guardia civil en su informe)”. También cuestiona que se puso el foco en una emergencia que “nunca aconteció”, la presa de Forata. Insiste también en la tesis del apagón informativo.
Retirada de la vigilancia
La exconsellera también defiende su actuación en algunos asuntos controvertidos, como la retirada de la vigilancia del Poyo, que deriva en los bomberos. “Antes del inicio del Cecopi la información que yo tenía es que los Bomberos Forestales estaban desplegados y que el Poyo había bajado de caudal e iba casi seco (aviso de la CHJ de las 16.15h – 28m3/s). Cuando se tuvo conocimiento del desbordamiento en el Cecopi, ya no había capacidad de reacción a nivel de protección civil. Nadie puso el foco en los barrancos-afluentes del Poyo ni en el Poyo en toda la tarde”.
También incide en su documento en el papel de los representantes del Gobierno en el Cecopi: “Los órganos del Estado central, señaladamente la Delegación del Gobierno, la Aemet , la CHJ y la UME no eran convidados de piedra en el Cecopi, ni elementos pasivos, con un papel meramente formal o accesorio en la gestión de la emergencia. Eran tan protagonistas e incluso con mayor poder de información que los órganos autonómicos, y estaban legalmente involucrados en la emergencia y de ellos dependía en medida muy importante el buen desempeño del Cecopi”.
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