A Canarias le hacen falta 44.000 viviendas si atendemos a la creación de nuevos hogares entre los años 2020 y 2024. Las dificultades para encontrar dónde vivir llevaron al actual Ejecutivo autonómico a declarar la emergencia habitacional al poco de tomar posesión del cargo. Esa iniciativa tomó forma de decreto (1/2024) en febrero de 2024. La norma incluye la posibilidad de acelerar la construcción mediante la cesión de suelo a la comunidad autónoma por parte de los municipios. Casi dos años después, la aportación por esta vía es entre escasa y pobre.
Solo 13.347,72 metros cuadrados han pasado a manos de la comunidad autónoma, área que da para más de 75 viviendas. Cifra que no puede determinarse porque el informe de idoneidad de cesión de Puntagorda (6.090 metros cuadrados) no se incluye el número de inmuebles que albergará dicha superficie. Según datos del Icavi (Instituto Canario de la Vivienda), otro municipio palmero, Puntallana (1.971 metros cuadrados para 22 viviendas) se encuentra en la lista de ayuntamientos cedentes.
La nómina la completan los grancanarios Tejeda (3.807,35 metros cuadrados y 17 viviendas) y San Mateo (510,74 y nueve casas), y el tinerfeño Los Realejos (968,63 y 27). No obstante, esta es solo una vía para aligerar una tramitación que los empresarios del sector de la construcción, no la única para aminorar ese déficit de 44.000 viviendas citado por la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI).
Las dos capitales
La pasada semana, la concejala de Viviendas Municipales de Santa Cruz de Tenerife, Belén Mesa, detalló los cambios introducidos en el convenio suscrito con el Icavi -al que cede la titularidad de la promoción– para construir 226 viviendas en Cuevas Blancas y 37 en María Jiménez. La inversión asciende a 25 millones de euros, de lo que el Cabildo aporta seis.
El pasado agosto, el homólogo de Mesa en la capital grancanaria, Mauricio Roque, aseguró que el municipio tiene suelo disponible «para construir 2.000 viviendas públicas», pero a renglón seguido enfrió la buena noticia, «falta la financiación». Entre otras, están en construcción 27 casas en la céntrica calle León y Castillo, 241 en Tamaraceite –repartidas en tres promociones diferentes– y 63 en El Secadero, en colaboración con el Cabildo. Todas ellas se incluyen en el acuerdo rubricado por la Administración local con el anterior Ejecutivo canario, ambos comandados por el PSOE.
A la espera
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prefiere ceder suelo a la Sociedad de Vivienda anunciada por el Gobierno central y está a la espera de que se detalle el mecanismo. La relación con el Gobierno de Canarias es menos fluida –al frente de ambas instituciones están formaciones políticas de distinto signo, PSOE y CC– y ha habido dos encontronazos a cuenta de sendas negativas de financiación. El consistorio capitalino exige que cubra el coste de 115 viviendas en la calle Concejal García Feo –Roque avanzó que acabará por hacerlas el ayuntamiento con fondos propios– y 136 distribuidas en dos promociones de idéntico tamaño –68 cada una– en Tamaraceite Sur.
En agosto de 2024, San Cristóbal de La Laguna cedió al Icavi dos parcelas integradas en el Plan Parcial Geneto 5 y que suman en torno a 2.350 metros cuadrados. El objetivo es construir 61 viviendas para personas mayores de 65 años. Al inicio de este año, el órgano dependiente de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias celebró una reunión con responsables del Ayuntamiento de Telde. Se trataba precisamente de avanzar en la cesión de suelo para acelerar la construcción de inmuebles de titularidad pública. Además, se exploró la posibilidad de finalizar las obras de otras 132 viviendas en La Jardinera (El Goro).
Los ayuntamientos más turísticos se enfrentan al problema de dar posibilidades habitacionales a los trabajadores de las plantas alojativas. San Bartolomé de Tirajana tiene vigente un convenio con la empresa pública Visocan para promover y construir un número indeterminado de activos inmobiliarios, además de adquirir 20 viviendas que ya están terminadas en Castillo del Romeral. Otro ejemplo son los 3.000 metros cuadrados –1,3 millones de euros– que el Ayuntamiento de Adeje ha cedido a una empresa pública de su propiedad para construir un total de 90 viviendas asequibles.
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